La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por una mayoría de diputados de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, ha aprobado esta semana dos leyes que jubilan de manera automática a un tercio de los jueces del país. Las reformas de la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General, impulsada por siete diputados de Nuevas Ideas, suponen pasar a retiro a los magistrados y fiscales mayores de 60 años, así como aquellos que acumulen más de 30 años de carrera.
Los que defienden la medida, como el presidente Bukele, dicen que las modificaciones buscan “depurar de jueces corruptos” el sistema de justicia y el Ministerio Público aunque no queda claro de qué manera, pues la reforma no afecta en concreto a los magistrados implicados en causas de corrupción, sino únicamente a los mayores de 60.
Una vez más, las reformas se han aprobado sin pasar por el análisis de ninguna comisión antes de llegar al pleno y con poco debate previo en el recinto, lo mismo que pasó con la controvertida regulación de la criptomoneda Bitcoin.
Los diputados de los dos partidos de oposición mayoritarios votaron en contra. Los representantes de la oposición denuncian una concentración de poder preocupante de Bukele sobre los demás poderes del Estado.
La medida no afecta a los jueces de la Corte Suprema. Y esa decisión esconde una explicación: la reciente designación de los nuevos magistrados. El pasado junio, la mayoría oficialista en la Asamblea designó a cinco nuevos jueces de esta institución “sin ninguna transparencia ni deliberación pública, violando el proceso establecido en la Constitución y en las propias normas internas de la Asamblea”, según denuncia Human Right Watch.
A su vez, esta misma Corte será la responsable de designar a los nuevos jueces que reemplazarán a más de 200 de los cerca de 700 jueces del país. Los referentes de la oposición han criticado la medida y han señalado que con ella se está violando la independencia judicial. Erick Salguero, líder de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha) ha dicho que “la inamovilidad del juez es garantía de la independencia judicial. Esta independencia asegura que los juicios sean resueltos por jueces imparciales, ajenos a cualquier influencia”.
Críticas de la oposición y de la ONU
Hace un mes, después de la detención de varios exfuncionarios de su partido, el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), Óscar Ortiz, advirtió de que lo que “se está consumando es una dictadura” con el Gobierno de Bukele. Pero tampoco han tardado en llegar las críticas de las organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch. La organización ha denunciado que las reformas “amenazan la independencia judicial al permitir que las autoridades destituyan a todos los jueces y fiscales que tengan 60 años o más”.
El relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, también ha alertado en contra de la medida. Según ha señalado esta semana, se trata de un “grave ataque” al sistema de justicia. “Grave ataque a la independencia judicial. La actuación de las autoridades viola los principios básicos de la ONU sobre la Independencia de la Judicatura y todos los estándares internacionales en la materia”, ha publicado en su cuenta de Twitter.
Las reacciones no han frenado a Bukele. El presidente salvadoreño avanza gracias al amplio respaldo social y electoral. En una encuesta publicada este viernes, el 84,7% de los salvadoreños aprueba el trabajo realizado por el presidente en sus dos años y tres meses de gestión, según la consultora LPG Datos.
Sin embargo, otros sondeos muestran que el 60% de los entrevistados cree que los diputados actuales “trabajan más por los intereses de su partido político que por los de la población”, de acuerdo a la última encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
Desde que llegó al poder en 2019, Bukele ha puesto en tensión los contrapesos institucionales, situación que se agravó en mayo pasado cuando su partido consiguió una mayoría aplastante de bancas en la Asamblea Legislativa.
Las últimas medidas pueden ser solo el comienzo. El presidente salvadoreño planea avanzar con una reforma constitucional a mediados de septiembre. La propuesta amplía el mandato presidencial de cinco a seis años e instala la posibilidad de revocarlo al tercer año de Gobierno.