Radiografía del poder en Colombia: cómo un centenar de familias llegaron a dirigir todo un país

Las tres páginas del programa de Gobierno del presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, omiten la palabra “desigualdad”. Aunque sus propuestas mencionan la pobreza rural, el hambre, la exclusión financiera o la informalidad laboral, no profundizan en por qué una nación con medio siglo de crecimiento casi sostenido sigue arrastrando una de las mayores brechas sociales del planeta (la cuarta, según el Banco Mundial). Su hoja de ruta para los próximos cuatro años es, sin buscarlo, un manifiesto revelador: resume con fidelidad la manera en que las élites colombianas han entendido tradicionalmente el progreso del país.

¿Cómo explicar entonces la peculiaridad de un Estado que ha resistido las tentaciones autoritarias, pero no logra desprenderse de las desigualdades o de una violencia que se renueva generación tras generación? El libro ¿Quién manda en Colombia? (Mediapluma Editorial, 2026), de los académicos Jenny Pearce (Inglaterra, 1956) y Juan David Velasco Montoya (Colombia, 1990), ofrece un debate poco complaciente. Sus autores rechazan la idea de que se trate de una paradoja histórica. En su lugar, hablan de una “singularidad”. Para sostenerlo, dedicaron cinco años a desentrañar quiénes son las élites colombianas, cómo han ejercido el poder y qué idea de nación han impuesto.

Una de las raíces de su investigación consistió en resolver por qué en Colombia la pobreza está mejor cartografiada que el poder. Mientras existen mapas detallados de la miseria y diagnósticos minuciosos de la exclusión, el perfil de quienes han moldeado el país ha pasado desapercibido. ¿Qué papel juegan, por ejemplo, los seis individuos más ricos del país y por qué su patrimonio equivale al 12% del PIB nacional?

Para romper ese y otros vacíos, Pearce y Velasco Montoya, los dos vinculados a la London School of Economics, identificaron a 932 personas en sectores políticos, empresariales, gremiales o judiciales, junto a 119 familias con el poder de alterar el rumbo de una nación de 50 millones de habitantes. Muchos de ellos rechazaron hablar. No sorprende: mencionar la palabra “oligarquía” o las cifras de concentración de la riqueza aún incomoda (el coeficiente de Gini oficial, que mide la desigualdad, llega a 0,89 sobre 1 en la tierra y a 0,657 sobre 1 en el ingreso de los hogares).

elDiario.es conversa con los autores por separado: con Pearce, que ha investigado la violencia en América Latina, mediante una videollamada que atiende desde la costa inglesa. El encuentro con Velasco, politólogo e investigador de la Universidad Javeriana, se da una mañana de un día festivo en un café de Chapinero Alto, en Bogotá. Ambos coinciden en el diagnóstico esencial: las élites colombianas no ignoran su papel en la construcción del país con sus virtudes y sus fracturas.

Proteger los privilegios

Los autores señalan que, en general, cada vez hay más consciencia en torno a la realidad que, en buena medida, han forjado. Por eso, Pearce precisa que el nudo gordiano no es la ausencia de propuestas de reforma, que las ha habido desde las élites. Si no la pregunta de por qué aquellas que eran viables y deseables terminaron fracasando. La respuesta, advierte la autora, no apunta a una disfunción accidental del Estado colombiano, sino a un sistema que funciona a la perfección para quienes lo han controlado. Cada vez que una iniciativa política ha amenazado con corregir problemas de fondo, la reacción de los sectores dominantes ha sido la misma: cerrar filas para proteger sus privilegios.

Lo anterior no es un diagnóstico aislado. Desde los años veinte del siglo pasado, Colombia ha intentado democratizar la tenencia de la tierra —motor histórico del conflicto armado—, descentralizar un Estado hiperconcentrado en Bogotá o desactivar circuitos institucionales que limitan la participación ciudadana (como impulsar la educación pública de calidad). Esos intentos, sin embargo, se toparon siempre con un techo. Por eso la llegada al poder de Gustavo Petro, como primer presidente de izquierda, fue singular, aunque tampoco escapó a las lógicas de resistencia estructural.

Hay unos consensos mínimos casi inalterables sobre cómo manejar el Estado y la economía

Tras cuatro años marcados por el desgaste de sus reformas, en general fallidas, y por transgresiones simbólicas —como gobernar a golpe de tuit o romper etiquetas tradicionales—, el electorado volvió a virar: el pasado 21 de junio, en la segunda vuelta más ajustada de la historia reciente del país, el derechista radical De la Espriella se impuso por menos de un punto porcentual.

El ADN conservador reaccionó contra un posible segundo Gobierno de izquierdas en línea. “Hay unos consensos mínimos casi inalterables sobre cómo manejar el Estado y la economía”, resume Velasco. ¿En qué consisten? Los académicos detectan —a lo largo de casi 800 páginas— tres palancas históricamente intocables para las distintas “constelaciones de élites”: la propiedad de la tierra, la tributación progresiva y el monopolio de la fuerza. “La historia de Colombia es la posposición indefinida de cambios sociales necesarios”, se lee en el libro.

Contener la miseria extrema

La investigación revela, en todo caso, que las élites colombianas no conforman un solo bloque monolítico. Ha habido voces progresistas. Petro, que además estuvo tres legislaturas en el Congreso, es una de ellas. Y, por momentos, han logrado abrir válvulas de escape para descomprimir el sistema. Un hito de esta apertura fue la Constitución de 1991, que integró al sistema político a la guerrilla del M-19, donde militó el presidente saliente, y creó una Corte Constitucional garante de los derechos de las minorías. Dos décadas más tarde, el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) desafió la ola militarista de inicios del milenio con un proceso de paz con las FARC, el grupo insurgente más poderoso, que estableció un sistema de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la violencia.

Sin embargo, esos esfuerzos, advierten los autores, han sido limitados. Las élites se han concentrado en defender con firmeza la seguridad jurídica de la propiedad y de los contratos, han preservado una macroeconomía sólida a ojos de los organismos multilaterales y han mantenido una subordinación sin fisuras a las políticas de Washington. Al mismo tiempo, han mostrado escaso interés en construir el bienestar que, en Europa occidental o en parte del Cono Sur, ha facilitado acelerar la movilidad social. El resultado: crecimiento sostenido del PIB en términos históricos que nunca ha desembocado en el viejo anhelo liberal de un Estado social de derecho de verdad equilibrado.

Ese espejo un tanto roto obedece a una hoja de ruta ideológica deliberada que los autores trazan con claridad. El modelo vigente, consolidado durante las dos presidencias de Álvaro Uribe (2002-2010), unió ortodoxia neoliberal y programas asistenciales focalizados hacia poblaciones vulnerables. Pero, una vez más, no buscaba ampliar derechos universales, sino contener la miseria extrema. Al igual que en otras democracias, los autores analizan cómo una serie de decisiones políticas y económicas se afianzó a través del lenguaje neutro de la tecnocracia, presentándose como la única fórmula de gestión política posible y no como una opción más entre varias.

Blindaje securitario y alivio financiero

En Colombia opera una paradoja: las élites políticas y gremiales que han controlado el poder han carecido de una visión compartida de país, según la investigación. Ante la ausencia de un proyecto nacional predomina lo que Velasco llama “unidad en la dispersión”: acuerdos básicos para garantizar la estabilidad económica y la viabilidad del Estado. Detrás de ese consenso formal, subyace una tensión permanente entre diferentes facciones que se alternan en el poder según el momento político.

Esta disputa soterrada, según el libro, se dirime en tres tableros. Primero, una confrontación programática sobre las visiones de progreso económico y social. Segundo, un debate de fondo sobre la representatividad nacional entre la ciudadanía liberal, la movilización popular o la concepción conservadora de la patria. Tercero, y más cruento, el de la paz y la seguridad. En este terreno, la falta de acuerdo para cerrar el conflicto armado ha perpetuado una suerte de doble moral: frente al narcotráfico coexisten la retórica oficial de la guerra frontal con la tolerancia pragmática o la complicidad a distintos niveles de la sociedad.

También existe un factor tangible detrás de esa indiferencia que rara vez se señala: la guerra interna colombiana apenas alcanzó a las élites. “El conflicto armado afecta de forma desproporcionada a las poblaciones más pobres, a mujeres, minorías étnicas y campesinos que habitan zonas rurales y periferias urbanas”, explica Velasco. Salvo contadas excepciones, la violencia esquivó el cuerpo de quienes concentran el poder económico y político.

Hay unos consensos mínimos casi inalterables sobre cómo manejar el Estado y la economía

Y si bien es cierto que hubo momentos de ruptura —como la ofensiva del cartel de Medellín entre los ochenta y los noventa, o la oleada de secuestros contra terratenientes y ganaderos—, las estadísticas desmitifican el alcance general de esos episodios. Los datos del tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) son tajantes: el grueso de las víctimas de secuestro perteneció a comerciantes, trabajadores y propietarios de pequeñas empresas. En definitiva, el golpe recayó sobre la clase media urbana y rural y no sobre las rentas más altas.

Al blindaje securitario de los estratos altos se suma el alivio financiero y humano. El esfuerzo bélico en Colombia no desangró los bolsillos ni los hogares de renta más alta. Por un lado, una parte sustancial del financiamiento militar provino de la cooperación internacional, en particular de Estados Unidos. Por otro, tal como recuerda Velasco, las familias dominantes consiguieron esquivar históricamente que sus hijos cumplieran, por ejemplo, el servicio militar obligatorio.

Con todo, pase lo que pase con el nuevo proyecto político bautizado como “Patria Milagro” de De la Espriella, Velasco insiste en que algo ya ha cambiado de manera irreversible. El presidente Petro puso a Colombia a debatir preguntas de fondo que el país jamás se había hecho en voz alta: si el crecimiento económico basta por sí solo para garantizar bienestar, si subir el salario mínimo es siempre nocivo o puede reactivar el consumo, si tiene sentido seguir dependiendo de la renta petrolera cuando el resto del mundo intenta desengancharse para migrar a otras fuentes de energía limpia.

Durante décadas, esos interrogantes ni se formulaban: la ortodoxia, consensuada por casi todo el arco político los daba por resueltos de antemano. “No hay verdades reveladas en ninguna de estas discusiones”, concluye Velasco, “y eso es precisamente lo valioso: son debates que antes apenas existían porque había una unanimidad intelectual casi total”. En esta historia siguen presentes un centenar de familias acaudaladas o las élites gremiales que el libro retrata a fondo. Hoy, sin embargo, por primera vez en generaciones, medio país cuestiona aquellos mantras.