Las mociones de censura se han convertido en un hecho frecuente en la vida política francesa. En los dos últimos años, los cinco primeros ministros que se han sucedido en el cargo se han enfrentado a un buen número de ellas (casi 50), aunque sólo un Gobierno —el de Michel Barnier— ha sido derribado por un voto mayoritario en la Asamblea Nacional.
En general, estas mociones se han convertido en un ejercicio simbólico, una tribuna para que las oposiciones critiquen la acción de Emmanuel Macron (aunque este mecanismo parlamentario no afecta directamente al jefe de Estado) y para presionar a los sucesivos jefes de Gobiernos en minoría que ha nombrado.
Es el caso de las dos mociones que han sido examinadas este miércoles por la Asamblea Nacional contra el primer ministro Sébastien Lecornu. Presentadas por la formación de izquierdas Francia Insumisa (LFI) y por la ultraderechista Agrupación Nacional (RN), el partido de Marine Le Pen, el objetivo principal no era tanto lograr la caída del Ejecutivo —sin el apoyo de los socialistas a la moción no era posible lograr la mayoría necesaria— sino denunciar la aprobación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.
Y, sobre todo, hacer un gesto político contra el presidente, que es el que debía decidir la postura de Francia en la reciente votación en el Consejo que dio luz verde al texto. Aunque Macron finalmente votó en contra del tratado, los diputados de LFI reprochan al jefe de Estado francés haber “abierto la puerta a una capitulación de Francia ante la Comisión Europea”. El viernes, la presidenta del grupo LFI en la Asamblea, Mathilde Panot, había denunciado además en una entrevista “un gobierno minoritario que es ilegítimo y continúa con una política que ya nadie quiere en el país”.
La extrema derecha, por su parte, considera que la aprobación del acuerdo con Mercosur es “un fracaso estrepitoso” y reprocha al Ejecutivo no haber logrado bloquearlo, “al no utilizar todos los medios de negociación a su alcance”. “No es normal que a Francia, segundo contribuyente neto al presupuesto de la UE, se le imponga un acuerdo tan desfavorable”, afirman los diputados de extrema derecha en el texto de su moción.
Pero, pese a que ecologistas y comunistas han apoyado la moción de LFI (los partidos de izquierda no votan las mociones presentadas por la extrema derecha), los socialistas no han apoyado ninguna de las dos mociones. Finalmente, la presentada por el grupo insumiso ha logrado 256 votos a favor (288 eran necesarios para que la censura prosperase) mientras que la presentada por Marine Le Pen sólo ha conseguido 142 apoyos.
“Se le puede reprochar a Emmanuel Macron haber cambiado mucho de opinión sobre el tema pero, al final, dijo que no”, justificó el secretario general de los socialistas, Olivier Faure, esta semana en una entrevista en BFMTV. “En el momento en el que [Macron] dice no y sabiendo que se va a celebrar una votación en el Parlamento Europeo dentro de unos días, sería absurdo decir que censuramos al Gobierno [por este tema]”.
La oposición al Mercosur es uno de los pocos temas de consenso entre los partidos políticos franceses. Unánimemente criticado por la competencia desleal que puede suponer para los agricultores y ganaderos del país, la Asamblea Nacional ya había aprobado una propuesta de resolución en enero de 2025 en la que se invitaba a rechazar la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.
Desde su llegada al poder Macron se había opuesto al tratado, con algunos matices. En los últimos meses había reivindicado haber conseguido la inscripción de salvaguardas y cláusulas espejo. No obstante, tras algunos días de indecisión previos al Consejo Europeo, Emmanuel Macron anunció que Francia votaría en contra. Los avances logrados, afirmó, “no justifican poner en peligro sectores agrícolas sensibles y esenciales para nuestra soberanía alimentaria”.
Movilizaciones
La aprobación del acuerdo con Mercosur llegó además en un momento de fuertes movilizaciones por parte de los agricultores franceses, como ya ocurrió los dos últimos inviernos, en los que Gabriel Attal y François Bayrou tuvieron que hacer frente a las protestas del mundo agrícola. En esta ocasión el detonante fueron las medidas adoptadas por el Gobierno durante una reciente epidemia de dermatosis nodular contagiosa entre el ganado vacuno.
Una enfermedad que las autoridades decidieron atajar con sacrificios de los rebaños de las explotaciones en las que hubiera reses afectadas. Una parte de los sindicatos agrícolas se oponía, privilegiando la vacunación a gran escala y un mayor número de tests.
En este contexto la aprobación de Mercosur, pese al voto contrario de Francia, hizo que las movilizaciones se multiplicaran, llegando a las puertas del Palacio Borbón, sede de la Asamblea Nacional. Impulsadas por el sindicato Coordination rurale, un centenar de tractores se dirigió hacia París e invadió las calles de la capital a primera hora de la mañana del jueves, desafiando las prohibiciones de las autoridades.
Así, más de 600 manifestantes se repartieron frente a la Asamblea Nacional y en la plaza de l'Étoile, alrededor del Arco del Triunfo, además de en otros puntos del país. La presidenta de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet, tomó la iniciativa de acercarse a dialogar con los agricultores, que se habían congregado frente a las puertas del hemiciclo. Fue abucheada y finalmente tuvo que ser sacada por sus escoltas de entre la multitud entre gritos de “dimisión”.
Presupuestos bloqueados
Para salir de la crisis, el primer ministro Lecornu ha anunciado este miércoles una ley de emergencia agrícola. “Este texto se incluirá en el orden del día del Consejo de Ministros del mes de marzo y posteriormente será examinado por el Parlamento antes del verano”, ha afirmado. Aunque la financiación de cualquier medida depende de la aprobación de los presupuestos del Estado, que siguen en el aire.
Porque estas dos mociones de censura seguramente no serán las últimas que tendrá que superar Lecornu. Los diputados de LFI ya han anunciado que presentarán una en caso de que se aplique el artículo 49. 3, de la Constitución (que permite aprobar un texto sin votación) durante los debates presupuestarios. En efecto, la opción más viable parece una aprobación sin voto pactada con los socialistas, como ocurrió hace un año cuando François Bayrou era primer ministro.
Para ello los socialistas reclaman un esfuerzo para financiar la transición ecológica, además de medidas de protección de los servicios públicos y una contribución sobre los beneficios de las empresas. “No quiero censura, y mucho menos la disolución. Mi combate es por la estabilidad y por rechazar el desorden”, afirmó Lecornu en una entrevista en Le Parisien hace unos días.