Desde que hace más de una década Alexéi Navalni surgió como uno de los principales críticos de Vladimir Putin, el Kremlin ha hecho todo lo posible por asfixiarlo: amarrándolo a los tribunales, encerrándolo bajo arresto domiciliario y tomando como rehén a su hermano con una sentencia de tres años y medio de prisión.
Finalmente, parece que tomaron la decisión de eliminarlo con su presunto envenenamiento por parte de la agencia de espionaje rusa FSB. Tras el fracaso de esa operación, y con un Navalni que desafío al Kremlin con su regreso a Moscú, el dilema de Putin sigue siendo qué hacer con uno de sus críticos más firmes y eficaces.
El Kremlin siempre se ha resistido a dar a Navalni el mismo tratamiento que a otros opositores: una dura y larga sentencia de cárcel, como la década de prisión con que castigó al oligarca Mikhail Khodorkovsky, una de las decisiones más catastróficas de Putin de la década de los 2000.
Con el arresto de Navalni en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú el domingo y la prisión preventiva de 30 días, el Kremlin podría haber cambiado su estrategia y estar tratando de aislar a Navalni para siempre.
Había pocas dudas de que Navalni, que sobrevivió al intento de envenenamiento del FSB en verano y que después ayudó a descubrir a los agentes responsables [Rusia lo niega], sería arrestado al poco de regresar de Alemania.
El servicio de prisiones de Moscú había dicho que tenía órdenes de detenerlo en cuanto lo vieran por una violación del régimen de libertad condicional penada con hasta tres años y medio de prisión. Según los investigadores, se está abriendo un caso de fraude que podría conllevar a una sentencia de 10 años. La subida de la apuesta contra él ha hecho que en algunos medios locales lo comparen con Nelson Mandela.
Lo que le pueda pasar ahora al líder de la oposición dependerá de lo que las autoridades, muchas de ellas humilladas personalmente por las investigaciones del opositor, consideren suficiente para salirse con la suya sin provocar una reacción pública negativa.
“La primera decisión política importante se referirá al tiempo que vaya a permanecer detenido”, escribió esta semana en un post Tatyana Stanovaya, jefa de la consultora R-Politik. “La solución ideal es mantener a Navalni en un estado de temor constante por la posibilidad de ser encarcelado durante muchos años, aunque sin condenarlo mucho tiempo de una sola vez.”
En su opinión, lo más probable es que el FSB y otros miembros del ala dura del gobierno presionen por las medidas más drásticas. Pero también pesará en la discusión la posibilidad de que se disparen manifestaciones callejeras protagonizadas por los rusos jóvenes con dominio de la tecnología entre los que Navalni es popular.
Las protestas masivas ya salvaron a Navalni de la cárcel antes. En 2013, mientras Putin tomaba medidas enérgicas tras las manifestaciones por su regreso al Kremlin y el fraude electoral, hubo una condena contra Navalni de cinco años de cárcel por una supuesta malversación en una empresa maderera de la región rusa de Kirov.
Pero un día más tarde le otorgaron la libertad condicional, después de que los manifestantes salieran a las calles cercanas al Kremlin, bloqueando el tráfico en un vergonzoso incidente para el gobierno ruso a menos de un año de los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi. El giro de los acontecimientos confirmó lo que muchos ya sabían: las decisiones de los tribunales rusos dependen de consideraciones políticas.
Rusia ha cambiado desde entonces. El Kremlin tiene menos tolerancia con los opositores y el creciente conflicto con Occidente ha dejado aún menos espacio para los críticos de Putin en Rusia. La decisión de envenenar a Navalni el verano pasado también indica que el Kremlin está harto de sus investigaciones y de su estrategia de hacer campaña por los opositores de Rusia Unida.
Una protesta ahora podría afectar a las elecciones parlamentarias que Rusia celebra a finales de este año, pero Putin ya ha logrado uno de sus objetivos domésticos más ambiciosos: aprobar nuevas enmiendas constitucionales que le permitirían seguir como presidente hasta 2036. Aunque es probable que un juicio de alto perfil como el de Navalni traiga nuevas sanciones de Occidente, gran parte del establishment ruso ya ha dado esas relaciones por perdidas.
Las medidas contra las bajas temperaturas y contra el coronavirus también pueden ayudar al Kremlin a aplacar las protestas, que siempre puede prohibir con el argumento de evitar la propagación de la COVID-19. Hay muchas razones para que el Kremlin pueda decidir que este es el momento de lidiar con Navalni.
Traducido por Francisco de Zárate