ANPE-Rioja pide una nueva reforma de la orden de jornada continua

ANPE-Rioja pide una nueva reforma de la orden de jornada continua. En un comunicado, el sindicato ha recordado que los centros de educación infantil y primaria tienen hasta el 29 de febrero para solicitar la jornada escolar continua.

Ante ello, ANPE-Rioja reclama, “una vez más”, una nueva reforma de la Orden 4/2006, de 3 de Febrero, “consensuada con los representantes de padres y profesores, al objeto de que se le dé un impulso definitivo”. Un modelo de distribución de tiempos escolares, que ya disfrutan casi todos los colegios públicos de La Rioja, y algunos concertados, que ha avanzado en la Comunidad “lenta, pero progresivamente, sin ninguna marcha atrás, desde que se implantara por primera vez en el CEIP Siete Infantes de Lara de Logroño el curso 2006-07”.

Ha recordado que la Orden 4/2006 ha sido ya modificada parcialmente en dos ocasiones, por medio de la Orden 2/2008, de 17 de Enero y por la Orden 31/2009, de 9 de Diciembre, las cuales “han introducido modificaciones producto del descontento producido por los requisitos iniciales, sobre todo en la consulta a padres y madres y en el plazo de espera para los centros que no superan alguna de las fases”.

No obstante, ANPE apela nuevamente a una nueva reforma, ya que hay aspectos “negativos”, como la “obligación de permanencia de profesorado” -no todo a la vez- durante dos horas en las tardes de todos los días lectivos para atención a padres y otras actividades complementarias.

“Nuestra oposición se basa en que se obligue a permanencia de profesorado todas las tardes de la semana, pues el horario complementario diferenciado que permite la Orden y la atención a padres en jornada de tarde, puede cumplirse perfectamente de lunes a jueves”. En el fondo de esta obligación “subyace la organización y coordinación de las actividades extraescolares, que son totalmente voluntarias para el profesorado, aunque resulta totalmente obligatorio incardinarlas en el proyecto de Jornada Escolar Continua”.

También se muestran contrarios al requisito exigido para que prospere la consulta a padres y madres, 3/5 del censo a favor, pues, a pesar de representar una mejora sustancial respecto al doble e injusto requisito inicial (75 por ciento de participación y 2/3 de los votantes a favor), el sistema sigue favoreciendo a los contrarios a la modificación de jornada, que tienen dos oportunidades para respaldar su voluntad -no ir a votar y votar no-, mientras que los partidarios sólo tienen una.

ANPE-RIOJA “siempre ha defendido que dicho requisito se estableciera sobre los votantes, pues así se favorece la participación en la votación -en el sentido que sea- y no el inmovilismo”.

El sindicato también apunta a que el Consejo Escolar puede “aprobar o rechazar de forma definitiva por mayoría absoluta el Proyecto de Jornada Escolar, independientemente del resultado de las consultas a padres y madres y profesores”. Algo que “atenta contra el principio de democracia representativa respecto a la composición del Consejo Escolar, pues este órgano, que anteriormente ha tenido que aprobar por mayoría de 2/3 el inicio del procedimiento y el Proyecto de Jornada Escolar para pasar a la fase de consultas”.

Además, han criticado que en los centros privados concertados “se concede la decisión definitiva al titular, aun en contra de la opinión de padres, profesores y Consejo Escolar”. Consideramos que “dicha prerrogativa al titular es, además de injusta, ilegal, pues atenta contra el principio de participación de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento de estos centros”.

Por ello, entendemos que “los intereses de cualquier índole del titular no deben entrar en conflicto con las necesidades de los alumnos, padres y profesores, verdaderos agentes educativos”, pues, tal como ha pasado con San José -Maristas-, la iniciativa “ahora, después de varios fracasos intentados por los padres, ha partido del propio centro, ante el descenso alarmante en la escolarización de alumnos”.

Finalmente, alude ANPE-Rioja a la “inexistente implicación preceptiva de la Administración autonómica, así como la potestativa de los Ayuntamientos, para la gestión y financiación de las actividades extraescolares, pues, entendiendo que este tema es clave para el éxito de la jornada continua, ningún alumno debe ser discriminado para acceder a las mismas por falta de recursos económicos, suponiendo dicha implicación un apoyo claro y decidido a las familias”.