El diputado Miguel González de Legarra ha exigido “la suspensión inmediata del protocolo de consultas de acogida implantado por el Servicio Riojano de Salud, tras conocerse un escrito del Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja y un informe jurídico del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España que desmienten las afirmaciones realizadas por la consejera María Martín en sede parlamentaria”. Esos documentos “cuestionan gravemente la seguridad jurídica del modelo impuesto por parte del Ejecutivo del PP”.
González de Legarra ha recordado que el pasado día 23 de diciembre, durante su comparecencia ante la Comisión de Salud del Parlamento de La Rioja, la consejera María Martín “afirmó que se había contado con los profesionales para la elaboración de los protocolos de consultas de acogida”. Hoy, tanto el Colegio de Enfermería, como un informe jurídico del Consejo General “confirman las mentiras de María Martín”.
Y es que González de Legarra ha relatado como el Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja “ha remitido un escrito a todos los grupos parlamentarios en el que desmiente haber sido consultado en ningún momento y denuncia el malestar generalizado de las enfermeras y enfermeros ante la imposición de las consultas de acogida”. Además, el Colegio “detalla las actuaciones realizadas, entre ellas la remisión a la Dirección de Enfermería de Atención Primaria de un informe jurídico desfavorable elaborado por el Consejo General de Enfermería”. Es decir, que la consejería “conocía perfectamente el rechazo del colectivo y el riesgo jurídico que estaba asumiendo”.
El diputado socialista ha destacado que ese informe jurídico del Consejo General de Enfermería “desmonta por completo el protocolo de consultas de acogida, al concluir que no garantiza la seguridad jurídica de las profesionales, vulnera el principio constitucional de seguridad jurídica y presenta graves deficiencias técnicas”. Entre otros aspectos, el informe señala “que los protocolos no están elaborados con metodología enfermera, utilizan un enfoque médico, no delimitan adecuadamente competencias, no citan evidencia científica y generan una incertidumbre inaceptable sobre la conducta exigible a las enfermeras”.
A pesar de conocer este informe, el Gobierno del PP “ha optado por seguir adelante con las consultas de acogida, enviando correos internos llenos de mentiras para intentar tranquilizar a las profesionales y prometiendo una supuesta seguridad jurídica futura”. El Ejecutivo de Capellán “está empujando a las enfermeras a asumir funciones de diagnóstico, valoración clínica, decisión y prescripción inicial sin respaldo normativo suficiente, exponiéndolas a responsabilidades que no les corresponden”.