Denuncian al Ayuntamiento de Nájera por “la ausencia sistemática de cobertura policial”

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Los problemas con la Policía Local de Nájera no son nuevos. En los últimos años ha habido numerosas quejas por la falta de policías y servicio, con muchos días en los que la comisaría quedaba cerrada. Ahora el Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios y ha interpuesto una denuncia ante la Consejería de Salud y Políticas Sociales, que tiene las competencias de Interior.

La denuncia recoge pone de manifiesto, según apunta el sindicato, “la ausencia estructural y sistemática de cobertura policial efectiva y permanente que genera una desprotección al ciudadano”. Y destacan como principales carencias “la inexistencia de patrullas activas en franjas horarias claves, la falta de respuesta ante requerimientos vecinales y urgencias, la falta de presencia policial haciendo imposible la aplicación de Ordenanzas Municipales con lo que ello conlleva en la convivencia y la incapacidad de realizar las funciones mínimas en seguridad ciudadana por la falta de efectivos y material”.

El SRPF recuerda que el marco legal, incluida la Constitución, la LRBRL, La ley de Coordinación de Policías Locales de La Rioja y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, obliga al municipio a contar con un cuerpo de policía local eficaz, organizado y con un servicio efectivo y permanente.

Con la denuncia se exige a la Consejería que “se inicie un procedimiento de inspección y evaluación del Cuerpo de Policía Local de Nájera, requiera al Ayuntamiento para que garantice el cumplimiento de su deber legal y en caso de persistencia de la inacción adopte medidas extraordinarias de forma inmediata”.

Además, el sindicato asegura haberse reunido con el alcalde de Nájera y con responsables de la Consejería para intentar llegar a una solución “con resultado negativo, dicen, por lo que señalan que ”no ha quedado otra opción que interponer denuncia por todo lo sucedido“ por la ”violación sistemática de la Ley de Coordinación de Policías Locales de La Rioja“. Ello supone, tal y como denuncian, ”una vulnerabilidad del derecho a la seguridad ciudadana, quebranto del principio de buena administración y servicio público, ignorando el compromiso de seguridad pública de proximidad y provocando una discriminación territorial“.