El Gobierno paga el doble de lo contratado por el servicio de Hemodinámica

El Partido Riojano está teniendo acceso a los documentos que durante años le viene negando el Gobierno regional en materia sanitaria. Gracias a la demanda interpuesta contra su presidente, Miguel González de Legarra, por la gerente del Seris, Mari Luz de los Mártires, los regionalistas están obteniendo por ía judicial los datos que poco a poco van saliendo a la luz.

En este caso, se trata del servicio de Hemodinámica, cardiología intervencionista, electrofisiología y cirugía vascular, derivado a Los Manzanos desde junio del año 2008. En el contrato hecho público por los regionalistas, se garantiza la prestación de este servicio por un periodo de dos años y siete meses, prorrogables durante un año más. Según este documento, el coste máximo del mismo ascendería a 2,5 millones de euros que la clínica iría facturando mesualmente al sistema público de salud. Se establece también que, durante los siete meses de 2008, se pagaría 583.000 euros por el servicio, el año 2009 costaría un millón de euros y la misma cantidad en 2010.

Sin embargo, al comparar este contrato con las cifras oficiales de liquidación presupuestaria de los años 2009 y 2010, se observa un evidente desajuste en las cantidades. En concreto, el primer año no se pagó un millón a Viamed sino 1,6 millones, es decir, un 66% más de lo contratado. El año siguiente, 2010, el gobierno pagó 3,1 millones de euros, un 311% más del millón comprometido.

Estas cifras desvelan que, en dos años se pagaron más de 4,7 millones de euros, casi el doble de los 2,5 millones que se debían pgar en un periodo superior de dos años y siete meses. Se desconoce la cantidad concreta porque no hay datos oficiales de lo que fue finalmente destinado a este fin en los siete meses de 2008.

Ante este nuevo desajuste de cifras en los conciertos sanitarios, los regionalistas vuelven a pedir explicaciones una vez más al consejero de Salud. Quieren saber si se trata de un sobrecoste o un desvío de fondos públicos. Señalan que estos datos demuestran una vez más “que nunca se respetan los precios de adjudicación y cuando se pregunta, el Gobierno se limita a negar la mayor sin desmontar de maera alguna lo que nosotros demostramos con documentos oficiales”.