La estafa a una empresa de La Rioja destapa una red criminal de falsos inversores que operaba desde Valencia y Tenerife
La Guardia Civil da por concluida la operación “Nikart”, una investigación que se ha saldado con la detención de tres personas, un hombre y dos mujeres de entre 47 y 66 años, en las provincias de Valencia y Santa Cruz de Tenerife. Se les considera en distintos grados de participación, de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa agravada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y contra la seguridad vial, este último por carecer el principal investigado de permiso de conducción.
La operacion se inició en julio de 2026, tras la denuncia presentada por una empresa riojana que, convencida de que iba a acceder a una operación de financiación de tipo “rescate” en condiciones especialmente ventajosas, realizó diversos pagos anticipados sin llegar a recibir contraprestación alguna.
Las primeras actuaciones permitieron determinar que detrás de los hechos se encontraba una falsa entidad financiera creada para captar víctimas y dotar de apariencia de legalidad a las operaciones ofertadas. A partir de ese momento, los investigadores centraron sus esfuerzos en identificar a los responsables, reconstruir el recorrido del dinero y analizar las cuentas bancarias utilizadas para recibir y desviar los fondos obtenidos de manera fraudulenta.
La estafa del falso inversor
El principal responsable de la organización estaba especializado en la modalidad delictiva conocida en el argot policial como “Rip Deal” o estafa del falso inversor. Este fraude consiste en que el autor se presenta como un inversor de gran solvencia económica para ganarse la confianza de las víctimas y ofrecer supuestas operaciones financieras que nunca llegan a materializarse.
La organización dirigía su actividad principalmente a empresarios, autónomos, clubes de fútbol y personas con dificultades económicas o necesidades urgentes de financiación para mantener sus negocios. A través de una supuesta empresa de inversión, ofrecían fórmulas de financiación y aparentes operaciones de rescate económico, con importes que partían del millón de euros y unas condiciones aparentemente muy ventajosas. Estas propuestas tenían como único objetivo captar el interés de las víctimas y ganarse su confianza para obtener importantes cantidades de dinero mediante el cobro de anticipos y pagos previos.
El engaño se sustentaba en numerosos contactos telefónicos y reuniones presenciales cuidadosamente planificadas. Para reforzar su credibilidad, los integrantes del grupo utilizaban vehículos de alta gama, celebraban encuentros en hoteles de lujo y exhibían importantes cantidades de dinero en efectivo, simulando una elevada capacidad financiera.
Reparto de funciones
El avance de la investigación permitió identificar a los tres presuntos integrantes de la organización criminal y determinar el papel que desempeñaba cada uno de ellos dentro del entramado.
El principal investigado, que se hacía pasar por propietario de la falsa financiera, era el encargado de mantener los encuentros presenciales con las víctimas y ganarse su confianza. Para ello, hacía ostentación de una supuesta solvencia económica, llegando a afirmar que disponía de más de 25 millones de euros para invertir.
La integrante residente en Santa Cruz de Tenerife se encargaba de localizar potenciales víctimas a través de internet y las redes sociales, recabar la documentación necesaria y dotar de apariencia de legalidad a las operaciones ofertadas, actuando además como enlace con el principal responsable del grupo.
Por su parte, la tercera detenida, pareja de este último, desempeñaba un papel clave en la recepción y posterior desvío de los fondos obtenidos de forma fraudulenta, facilitando cuentas bancarias y otros recursos destinados a dificultar el rastreo del dinero.
Años ocultándose de la acción policial
La investigación permitió constatar que el principal responsable llevaba años tratando de eludir la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Consciente de que era buscado, utilizaba distintas identidades ficticias y había llegado incluso a suplantar la identidad de una persona fallecida para ocultar su patrimonio. Además, no había renovado su documento nacional de identidad ni su permiso de conducir desde 2016 y recurría a sociedades interpuestas y personas de su entorno para dificultar la identificación de sus bienes y evitar que estos pudieran ser vinculados con su verdadera identidad.
Asimismo, los agentes comprobaron que no figuraba como titular de cuentas bancarias, apenas tenía servicios contratados a su nombre y facilitaba ubicaciones falsas en el extranjero para dificultar su localización. Además, le constaban tres señalamientos de búsqueda, detención y personación relacionados con delitos contra el patrimonio y procedimientos que presentaban un modus operandi similar.
Una vez reunidos los indicios y pruebas que vinculaban a los investigados con los hechos, los agentes llevaron a cabo entradas y registros en sus respectivos domicilios, donde procedieron a su detención e intervinieron abundante documentación y material relacionado con la actividad delictiva.
Entre los efectos incautados figuran ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, discos duros, memorias USB, dinero en efectivo y diversa documentación de interés para la investigación, material que será sometido al correspondiente análisis.
La actuación policial permitió además detectar que varias empresas se encontraban en una fase avanzada de negociación para contratar operaciones financieras con esta organización criminal. La intervención de los investigadores evitó que efectuaran los pagos exigidos por los estafadores y sufrieran graves perjuicios económicos que, en algunos casos, podrían haber alcanzado cuantías de varios millones de euros.
La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja, con la colaboración de agentes de las comandancias de Valencia y Santa Cruz de Tenerife, así como de efectivos del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE), de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) y del Servicio Cinológico, que participó en los registros con perros especializados en la detección de papel moneda.
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