Admitida a trámite la demanda del PR+ contra la refinanciación del soterramiento

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha admitido a trámite la demanda presentada por el Partido Riojano contra el acuerdo adoptado en pleno para refinanciar el soterramiento del ferrocarril a su paso por Logroño. El presidente de esta formación, Miguel González de Legarra junto con el candidato regionalista a la alcaldía, Rubén Antoñanzas, ha puntualizado que “se ha admitido tanto la demanda como la pieza separada por la que se pide la suspensión cautelar del acuerdo, y por tanto de la refinanciación con los bancos”. “Presentamos la demanda porque entendíamos que era un atraco a los logroñeses”, asevera González de Legarra.

Por su parte, Rubén Antoñanzas ha destacado el hecho de que el PR+ sea “la única formación que está defendiendo a los logroñeses para evitar que tengan que pagar ochenta millones de euros de sus bolsillos”. Los logroñeses, además, ha dicho, “van a pagar doblemente” porque si este dinero saldrá de sus impuestos también lo harán los otros ochenta millones de euros con los que se ha comprometido el Gobierno de La Rioja.

González de Legarra ha explicado: “tenemos la dramática sensación de que este acuerdo, además de ser un escándalo político por suponer un atraco a los logroñeses que lleva a la ciudad a la quiebra, está consistiendo en un despiporre”.

Tras pedir disculpas por el uso de esta expresión coloquial ha explicado que no se le ocurre mejor manera para describir cómo se imagina las reuniones del Consejo de Administración de la Sociedad del Soterramiento, en las que “se habla de dinero de los ciudadanos” en un ambiente que él se figura como “lo más parecido” a los Consejos de Caja Madrid y las tarjetas opacas.

Y es que, ha dicho, “no se ha terminado la primera fase y ya se ha refinanciado el crédito bancario sin que la obra tenga visos de poder acabarse”.

Una vez admitida a trámite la demanda, ha dicho, el Ayuntamiento tiene diez días para presentar un recurso y veinte para facilitar todos los documentos que se solicitan en la misma, entre ellos, los informes de valoración de terrenos, el valor total de la obra, el plan de inversión municipal y los acuerdos del Consejo de Administración. Documentos que, ha dicho, el Ayuntamiento ha tratado de “ocultar”.