El Ayuntamiento de Logroño defiende la “legalidad” en la VPO, pero admite que las promotoras “podrían” haber elegido a dedo
El Ayuntamiento de Logroño ha insistido este lunes en “el cumplimiento de los mandatos legales” en la selección de adquirentes de viviendas de protección oficial y ha vuelto a argumentar la diferencia entre las promociones públicas y la colaboración privada de VPO en suelo municipal tras las críticas recibidas por la delegación a las constructoras de la selección de adquirentes para las viviendas de diez parcelas de la ciudad. La concejala portavoz, Celia Sanz, y la de Vivienda, Patricia Sainz han anunciado que comparecerán a iniciativa propia en el próximo pleno municipal para ofrecer explicaciones “con transparencia y rigor”.
Las concejalas han enfatizado que “hace más de 15 años que no se construían viviendas de Protección Oficial en Logroño” y ha defendido el Plan de Vivienda “pionero” que han puesto en marcha y que, según ha destacado, “cumple todos los requisitos legales y cumple con el aval de los técnicos municipales”.
Sobre la diferencia entre la promoción pública y privada, Sanz ha explicado que en el caso de la promoción pública sí hay una baremación y puede haber un sorteo mientras que en el caso de la promoción privada en suelo público, como es el caso de las 104 viviendas sobre las que se ha señalado su selección, “existe la garantía de que los adjudicatarios van a ser las personas que cumplen los requisitos por la ley, personas que tienen que estar inscritos en el IRVI”. También han aludido que en otras comunidades autónomas y ciudades se está desarrollando el mismo procedimiento.
Por eso, ha subrayado que “está garantizada la concurrencia pública y publicidad”. En este sentido, ha insistido en que la inscripción en el IRVI la concurrencia y el cumplimiento de estos requisitos “garantiza la concurrencia” y, ha añadido, que “la publicidad también está garantizada porque el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento ha publicitado de forma abierta y transparente la construcción y adjudicación de estas viviendas”. Para justificarlo, las concejalas han aludido también al aumento del registro del IRVI en un 60% desde la puesta en marcha del Plan de Vivienda. Así mismo, han asegurado que el registro “se está depurando” y por ejemplo se ha introducido el requisito de no tener ninguna vivienda en propiedad.
En cuanto a los cupos, ha explicado que se cumplen los que recogen las leyes de Accesibilidad Universal o de Violencia de Género. Cupos que , como ha detallado, que se establecen por porcentaje dentro del bloque de viviendas y que solo se reservan por cuando el resultado supera la unidad. Es decir, en el caso de pisos para personas de movilidad reducida con un cupo de reserva del 5% se dejan viviendas específica cuando el resultado del 5% del número de viviendas del bloque supera la unidad, como es el caso de la promoción de Portillejo.
Patricia Sainz, que ha señalado que el procedimiento se ha hecho con “la ilusión de solucionar un drama que existe con la escasez de vivienda, hay mucha angustia en la población porque faltan viviendas”. La responsable de Vivienda ha señalado a la oposición al recordar que el pliego de condiciones ahora criticado es público desde principios del año pasado y “nadie lo ha recurrido”.
Sobre la selección de adquirentes, que ha reiterado con más detalle Sainz, “el pliego recoge las vías de control para garantizar que las personas adjudicatarias de las viviendas cumplan todos los requisitos para ser adjudicatarios de VPO y se establecen dos fases de control”. En concreto, ha dicho, “los candidatos deben estar obligatoriamente inscritos en el IRVI y, por lo tanto, cumplir los requisitos que se establecen para acceder a viviendas de protección oficial (empadronamiento, no superar 6 veces el IPREM y no ser titular de otra vivienda). El segundo mecanismo de control previsto en el pliego es que los contratos de todos los adjudicatarios deber ser visados por la Comunidad Autónoma de La Rioja y el listado se remitirá al Ayuntamiento”, ha recordado Patricia Sainz. “El pliego es garantista y cumple todos los requisitos de legalidad”, ha insistido.
Preguntadas por cómo se ha desarrollado la selección, ha insistido en “que el cumplimiento de los requisitos está velado por la normativa de VPO”. Pero cuando las solicitudes superen las viviendas disponibles, Sainz ha señalado que han sido las constructoras las que han elegido el método de adjudicación siempre que se cumplan los requisitos del registro del IRVI “que acreditan que cualquier persona inscrita en el registro tiene derecho a una vivienda de VPO”, ha puntualizado. En este sentido, a la pregunta de los periodistas, la concejala ha respondido que según el pliego, entre los inscritos, la selección por parte de las constructoras “podría” haber sido a dedo, “pero no ha sido así”, ha señalado recordando que las constructoras han optado por orden de inscripción o un sorteo interno.