Comienza el juicio por la muerte de un trabajador en Logroño
El fiscal solicita una pena de un año y nueve meses de prisión para cada uno de los dos gerentes de una empresa de Logroño como presuntos responsables de la muerte de un trabajador tras precipitarse al vacío desde desde una altura de seis metros y permanecer posteriormente casi dos años en coma.
Mañana, día 5 de marzo, se celebrará la vista oral contra J.M.R.C. y R.R.C., quienes aprobaron y elaboraron el plan de seguridad y prevención de riesgos laborales de Talleres Ruiz, cuya sede se encuentra en el polígono de la Portalada II.
El suceso ocurrió en mayo de 2005 cuando un operario de esta compañía dedicada a la fabricación de estructuras metálicas y calderería se precipitó al vacío desde una altura aproximada de seis metros cuando trabajaba en la construcción de una nave industrial.
En concreto, el empleado de 49 años se encontraba instalando las barandillas protectoras en la primera planta de la nave para lo cual había utilizado una máquina elevadora. Precisamente fue justo al salir de la cesta porta personas cuando se cayó y se golpeó el cuerpo contra el suelo.
Fue hospitalizado inmediatamente y permaneció en coma vegetativo irreversible hasta su muerte en marzo de 2007 como consecuencia de las fuertes secuelas de la caída.
SISTEMA DE SEGURIDAD
En el momento del accidente el trabajador portaba el cinturón de seguridad provisto de arnés anticaída, con cuerdas salvavidas y un anclaje metálico.
Sin embargo, el plan de seguridad y salud elaborado por la propia empresa para esta obra exigía la instalación de unas argollas para que los operarios que trabajaran en altura pudieron anclar su cable de seguridad.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó esta infracción.
SOLICITUD DE PENA
Por todo ello el fiscal considera que los acusados han cometido un delito de homicidio de imprudencia y otro contra los derechos de los trabajadores.
Además de la pena de 1 año y nueve meses de cárcel, se solicita una multa de 2.160 euros y una indemnización total de 200.000 euros para la viuda y los dos hijos que compartían, que en momento del accidente tenían 10 y 5 años cada uno.
El fiscal también pide 90 euros por cada día de los casi dos años que el trabajador permaneció hospitalizado.
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