Mentir no es ilegal

Este parece ser el nuevo eslogan del Partido Popular. Ante el reconocimiento en sede judicial, por parte del principal alter ego de “la señorita pim, pam, pum” y a la sazón novia, pareja o cómplice -vaya usted a saber-, del defraudador confeso Alberto Quirón, de que como tiene “el pelo blanco” mintió y fabuló para facilitar que sus socios de manos limpias pudieran denunciar al Fiscal General del Estado acusándole de un delito que determinados jueces, -claramente independientes-, aprovecharon para iniciar el correspondiente proceso judicial, al PP no se le ha ocurrido otra cosa que decir que, mientras no sea ilegal, van a seguir mintiendo con total impunidad como lo vienen haciendo desde antes incluso de su fundación como partido. 

La verdad es que cuesta digerirlo. No tanto por la torpeza de la excusa -que roza lo grotesco- sino porque retrata a la perfección la manera en que el PP entiende la política: sin ética, sin límites y sin un mínimo respeto por la verdad. Lo preocupante no es solo lo que dijo Rodríguez, sino lo que ha respondido su partido asegurando que, como mentir no es delito (algo más que cuestionable cuando se declara como testigo en un juzgado), pueden hacerlo con total impunidad. Y así, con una frase de barra de bar, han reducido la política a una farsa y la ética pública a una broma.

No hace mucho publiqué en este mismo medio un artículo titulado “La ética, un accesorio incómodo”, en el que denunciaba que, con el cambio de gobierno en La Rioja, la ética pasó de ser una norma obligatoria, a convertirse en un complemento de temporada que al PP le resultaba muy incómodo para el día a día. El argumento oficial que los dirigentes del PP utilizaron entonces para eludir el cumplimiento de ese Código Ético fue tan antológico como el que han utilizado ahora: “como no tiene fuerza de ley, no estamos obligados a cumplirlo”. 

Así que resulta evidente que lo de Miguel Ángel Rodríguez no es un caso aislado, es la norma de comportamiento de los dirigentes del PP en toda España. Es el síntoma de la repugnante enfermedad moral que corroe al Partido Popular desde hace años. Lo vemos a diario en La Rioja cuando el PP desprecia, incumple y ridiculiza ese Código Ético que se aprobó para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas que incumple cuando se niega a responder con claridad a las preguntas de la oposición, o cuando oculta datos básicos a la ciudadanía o cuando manipula la información para tapar su propia ineficacia.

Y es que el problema no es solo que mientan; es que ya ni siquiera hacen el esfuerzo de disimular. En La Rioja lo vemos a diario con la sanidad pública. La consejera de Salud y el propio presidente han convertido la información sanitaria en un acto de propaganda. Nos prometen transparencia en las listas de espera y luego esconden los datos reales durante meses. Dicen que todo va mejor, pero los profesionales se desbordan, los quirófanos se cierran por falta de personal y los pacientes esperan más que nunca. Ejercen las competencias sanitarias (incluidas las de la organización y contratación de personal), desde hace décadas, pero responsabilizan al Estado de la falta de médicos. En el Hospital de Calahorra, por ejemplo, manipulan las cifras de ocupación para justificar recortes y transferencias de servicios. Y cuando se les piden explicaciones, responden con frases vacías o directamente con mentiras como quedó demostrado con grabaciones públicas de los gestores del SERIS.

Además, hay algo profundamente ofensivo en su manera de tomarnos por ingenuos. Nos dicen que las camas que ellos mismos han dejado vacías “no hacen falta”. Que los recortes son “reorganizaciones”… Todo suena a mentira cuidadosamente envuelta en tecnicismos, pero mentira, al fin y al cabo. Y lo más triste es que lo dicen con una sonrisa, convencidos de que no pasa nada, porque, total, mentir no es ilegal.

No lo es, claro. Mentir no lleva a la cárcel. Pero hay algo mucho más grave que eso: mentir degrada la confianza, pudre el debate público y convierte la política en un lodazal. Si uno no puede creer lo que dice un responsable público, si cada palabra puede ser una trampa o un bulo, ¿qué sentido tiene entonces la rendición de cuentas, el control parlamentario o la transparencia? La mentira no es ilegal, pero es inmoral. Y cuando la inmoralidad se institucionaliza, lo que se corrompe no es solo un partido, sino la democracia misma.

A veces pienso que el PP ha hecho del cinismo su principal herramienta de gobierno. En lugar de rendir cuentas, se burlan. En lugar de explicar, atacan. En lugar de asumir responsabilidades, buscan culpables. Lo vimos cuando Miguel Ángel Rodríguez alardeó de su “intuición” como si fuera una virtud, y lo vemos cada semana en La Rioja, cuando los responsables de la sanidad pública niegan lo evidente: que los pacientes esperan más, que los profesionales están agotados y que el sistema público se sostiene solo por la vocación de los profesionales que aún creen en él.

No, mentir no es ilegal. Pero debería ser incompatible con la decencia. Y debería tener consecuencias políticas. Porque si todo se reduce a una cuestión de legalidad, si la ética ya no cuenta, entonces lo que tenemos no es un gobierno sino una farsa con presupuesto público. Y mientras el Partido Popular siga convencido de que su mentira es solo “otra versión de la verdad”, este país y esta región seguirán retrocediendo hacia una política sin alma, sin honor y sin vergüenza.

Y eso, aunque no sea ilegal, es inaceptable.