Los incendios forestales de este ardiente mes de agosto están devastando parte del Estado. Tres comunidades autónomas: Galicia, Castilla y León y Extremadura son las más perjudicadas. Cuatro hombres han perdido la vida intentando sofocar el fuego. Miles de seres humanos de esos tres territorios han tenido que ser desalojados de sus casas y de sus pueblos. Es muy posible que lo hayan perdido todo. Lo sabrán cuando puedan regresar y comprobar con sus propios ojos qué ha destruido y qué han respetado las llamas. Parte del Estado español se está quemando y aquí siguen echándose la culpa los unos a los otros. Es verdad que hay unos que vocean más que otros, que mienten más que otros y que insultan más qué otros.
Por eso, es de agradecer que Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, haya explicado en El Diario.es que las comunidades autónomas son Estado y lo son desde que entró en vigor la Constitución de 1978. Ahora mientras nos quemamos todos. Algunos en sentido real, otros figurado…el artículo de Perez Royo debiera de ser de lectura obligatoria en todas las instituciones del Estado: colegios, institutos, hospitales, universidades, ayuntamientos, sindicatos, parlamentos, Congreso, Senado, empresas públicas y privadas, tantos carteles como cuelgan, algunos ya tan obsoletos y seguimos sin saber lo básico. En las redes sociales, también se pueden difundir este tipo de mensajes y hasta en los programas de TVE que «pagamos a doblón», entre tontería y tontería «zasca“ mensaje instructivo/formativo). No es difícil, hace falta voluntad y la voluntad también se necesita para que una canción de Serrat, de hace muchos años y bastante desconocida, suene en todas las plataformas, cadenas y emisoras. Se titula ”padre“ y entre otras cosas dice: ”qué le han hecho al bosque padre que no hay un árbol…alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre…son monstruos de carne con gusanos de fierro…padre deje usted de llorar que nos han “declarao” la guerra“. Es una composición de hace más de cuarenta años y es más actual que entonces.
Buena parte de la península se está quemando. Hay quien dice que es otra Dana, esta de fuego, la anterior de agua. En esta, afortunadamente, está habiendo menos muertos, pero más hombres que prenden la mecha. Pirómanos a sueldo para que los de siempre hagan negocio.
Precisamente en este agosto ardiente he leído un libro viejo: “Conversación en la Catedral”. Una novela de ricos y pobres, de poderosos e indigentes, de corruptos abominables, de dictaduras y de buenas personas. Un retrato social que Vargas Llosa hizo de su Perú natal en 1969 y que al igual que la anterior canción de Serrat es de total actualidad.
Hay que apagar el fuego. Lo primero sofocar las llamas. Hay que apoyar a los que se han quedado sin nada; facilitarles viviendas; reducir la burocracia para que las ayudas lleguen pronto. Es una tarea que no depende de nosotros depende de nuestros representantes y de nuestros funcionarios. Sí nos compete, en cambio, mejorar nuestro entorno, nuestro yo, informar y formar, tomar parte activa en nuestras asociaciones de vecinos, escuelas e institutos de nuestros hijos, sindicatos, colegios profesionales, parroquias, centros deportivos, lugares de culto, partidos políticos, organizaciones culturales, deportivas, musicales… En todos los colectivos, también en los judiciales, habrá que dar a conocer, o habrá que recordar, los derechos que hemos adquirido y los deberes a cumplir para no perderlos.
La suma de personas individuales que conforma la sociedad en general, cuanto más instruida esté más sabrá, menos vulnerable será y menos se le podrá engañar. Esa parte instruida de la sociedad sabrá que el conocimiento no se limita a resolver problemas de álgebra, ser número uno en física cuántica o conocer de memoria todos los artículos del código penal. En cambio, sí sabrá que España es un estado democrático. O lo que es lo mismo, que elegimos a nuestros representantes en los ayuntamientos, parlamentos autonómicos y Parlamento Nacional; que los ciudadanos de este País tenemos derechos: a la educación, a la sanidad, al trabajo, a una vivienda digna, a la libertad de culto y religión, y tenemos el deber de velar por el cumplimiento de esos derechos. O sea, el deber de pagar impuestos y de exigir que nuestros derechos se cumplan; la obligación de que haya medios humanos y técnicos para apagar incendios, para frenar el cambio climático, para reducir las listas de espera en la sanidad pública, para que los niños vayan a la escuela y puedan estudiar, para que los adultos tengan la oportunidad de hacerlo, si en su infancia no han podido; para que los sindicatos estén “en el tajo” vigilando el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. No nos valen las promesas incumplidas, ni nos sirven las mentiras.
Está todo muy caro, nos cuesta mucho dinero, cuesta mucho ganarlo y tenemos derecho a pedir a quienes no están por la labor, que se callen, que no hagan ruido que “no molesten, por favor”, que estamos trabajando y que de votar nos encargamos nosotros: los mayores de edad.