La ciencia moderna, desde la genética y la antropología, ha desmontado de manera categórica el concepto biológico de raza. No constituye un criterio válido para clasificar a la humanidad, cuya diversidad se explica por adaptaciones geográficas mínimas y un acervo genético compartido en un 99.9%. Sin embargo, lejos de desaparecer del discurso público, la raza ha resurgido con virulencia como categoría político-social en el corazón de democracias que atraviesan profundas crisis de consenso, identidad y proyecto común. Su resurgimiento no es, por tanto, un anacronismo, sino una herramienta eficaz y peligrosa para la movilización política en contextos de disolución democrática, visible en fenómenos como el trumpismo en EE.UU., la deriva étnico-nacionalista en Israel y el auge global de la ultraderecha.
Como señalaron autores como W. E. B. Du Bois o Frantz Fanon —y más tarde Stuart Hall o Paul Gilroy—, la raza nunca funcionó como categoría científica, sino como tecnología de poder destinada a organizar la desigualdad. Su eficacia no radica en su verdad biológica, sino en su poder simbólico para justificar jerarquías y violencias.
El abismo entre el consenso científico y la realidad política revela una verdad incómoda: la raza nunca fue principalmente una categoría biológica, sino un constructo de poder. Su función histórica ha sido justificar la jerarquización, la exclusión y la explotación. Su resurgimiento actual responde a la misma lógica, pero en un nuevo contexto: el de democracias fracturadas por la desigualdad económica, la ansiedad identitaria y la pérdida de relatos nacionales unificadores. Ante el vacío, este constructo ofrece un relato simple y visceral del nosotros contra el ellos.
Estados Unidos ejemplifica la transformación de la llamada post-racialidad en un nacionalismo blanco explícito. La elección de Barack Obama alimentó la ilusión de una sociedad post-racial, pero su efecto contrario fue la galvanización de una reacción identitaria que Donald Trump supo canalizar. El trumpismo y el movimiento MAGA resucitaron un relato de la nación donde la raza blanca —un concepto culturalmente construido— se siente sitiada y en declive ante el cambio demográfico, las reivindicaciones de justicia racial (Black Lives Matter) y la corrección política. La estrategia consiste en sustituir la ciudadanía cívica, basada en derechos e ideales, por una pertenencia étnico-cultural, donde ciertos grupos son percibidos como menos estadounidenses. El asalto al Capitolio fue la expresión física violenta de esta fractura.
Esta lógica penetra las instituciones: la violencia ejercida por agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) —cuya letalidad se ejemplifica en casos como el asesinato de la poeta Renee Nicole Good, muerta a manos de un agente federal— opera bajo el mismo paradigma de defensa identitaria, donde la desobediencia de ciertos cuerpos se lee como una amenaza existencial. Esta fractura interna, a su vez, busca a menudo una válvula de escape y una nueva fuente de cohesión en un enemigo externo, lo que puede traducirse en un belicismo presentado como defensa de la civilización occidental o en la excusa para intervenir, democratizar y explotar recursos ajenos bajo un renovado ropaje imperialista. Estos hechos ponen en seria cuarentena la salud democrática de una república que parece navegar entre la descomposición social interna y la proyección violenta de su conflicto.
Este repliegue identitario ha encontrado en la cultura su campo de batalla predilecto, inventando para ello un enemigo maleable y omnipresente: lo woke. Más que un término descriptivo, woke se ha convertido en una coartada cultural polivalente. Agrupa bajo una etiqueta despectiva y simplificadora toda reivindicación de justicia racial, perspectiva histórica crítica, reconocimiento de diversidad o política de inclusión, presentándolas no como legítimas demandas de igualdad, sino como una nueva ortodoxia intolerante y punitiva que amenaza la libertad, la meritocracia e incluso la civilización occidental. Esta estrategia es perversa en su eficacia: permite a los defensores de un statu quo racializado —como el MAGA— enmarcar su propia movilización no como un proyecto de supremacía, sino como una resistencia heroica contra una nueva tiranía que, supuestamente, silencia a la mayoría silenciosa.
Así, el racismo estructural o la negación de derechos se disfrazan de combate por la libertad de expresión, y cualquier intento de corregir una desigualdad histórica se caricaturiza como persecución inversa. Lo woke funciona así como el chivo expiatorio abstracto perfecto, permitiendo movilizar electoralmente el resentimiento sin formular abiertamente un discurso de odio, sublimado en una guerra cultural aparentemente respetable.
Una mutación sofisticada del concepto se observa en Israel, donde se promueve una confusión interesada entre etnia, religión y raza. Si bien el sionismo fundacional del Estado estuvo dominado por una corriente secular-nacionalista, la deriva ultranacionalista y mesiánica actual, representada por figuras como Itamar Ben-Gvir —a quien Benjamin Netanyahu apadrinó e incorporó a su gobierno—, impulsa una confusión deliberada que no expresa la totalidad del judaísmo político ni del pensamiento israelí. En contraposición, sectores del sionismo liberal y parte de la sociedad civil israelí defienden todavía una lectura cívica del Estado y denuncian el desplazamiento teocrático actual. Sin embargo, la narrativa dominante promueve una confusión deliberada. En ella, el judaísmo (religión) y el pueblo judío (comunidad histórica) se funden con la noción de una casi raza superior con derechos exclusivos sobre la tierra. La deshumanización del palestino —retratado no como un vecino con derechos nacionales, sino como un monstruo terrorista y demográficamente amenazante— es esencial para este relato. Se aplica así una lógica racial, que presenta a un grupo como intrínsecamente peligroso, para justificar la ocupación, la expansión de asentamientos y la negación de derechos políticos.
El fenómeno no es aislado, sino un patrón global. En Europa, partidos de ultraderecha —como la AfD en Alemania, el Rassemblement National en Francia o Vox en España— instrumentalizan el miedo a la inmigración, especialmente de origen musulmán, para reconstruir una identidad blanca o cristiana europea bajo asedio. En Brasil, Jair Bolsonaro apeló al orgullo de una mayoría silenciosa de perfil étnico-cultural específico, un recurso retórico cuya adaptabilidad demostró en España, con un tono más moderado, Mariano Rajoy. El patrón es idéntico: identificar una mayoría étnica o cultural nostálgica, señalar a un chivo expiatorio —inmigrante, minoría, progresista cosmopolita— responsable de todos los males, y ofrecer una política de restauración identitaria basada en la exclusión. La raza, o su equivalente cultural esencialista, es el cemento de ese proyecto.
El resurgir del concepto de raza no es, por tanto, un error ni un simple anacronismo. Es el síntoma de una democracia enferma que ha dejado de ofrecer seguridad económica, dignidad y un futuro compartido a sus ciudadanos. Y es, a la vez, el veneno que acelera su disolución: envenena el debate público, destruye la confianza social necesaria para el pacto democrático y legitima la violencia. Frente a este análisis, algunos argumentan que estas movilizaciones son una reacción legítima a cambios sociales demasiado rápidos o a políticas de identidad excluyentes. Sin embargo, esta defensa pasa por alto que la respuesta no es la reafirmación cívica, sino la adopción del mismo esencialismo identitario que se denuncia, llevándolo a un terreno racializado mucho más peligroso por su carga histórica.
La batalla contra este resurgimiento no se gana solo repitiendo verdades científicas, sino combatiendo las condiciones políticas que lo hacen fértil: la desigualdad galopante, la desinformación, el colapso de los espacios de encuentro común y la falta de relatos inclusivos de pertenencia.
La reconstrucción democrática exige reimaginar la pertenencia desde un pluralismo activo: proyectos colectivos que no se basen en el miedo a perder identidad, sino en el reconocimiento recíproco. La educación pública, los medios y las instituciones cívicas deben recuperar el relato del nosotros como pacto de igualdad, más que como herencia étnica.
Desarmar políticamente el uso del concepto raza es, por tanto, una tarea urgente para salvaguardar el sustrato mismo de la convivencia democrática. Es la única forma de demostrar que, como sociedades, aprendimos algo de la barbarie del siglo XX.