La vulnerabilidad y el miedo como negocio: pagos y obstáculos para conseguir el empadronamiento en Logroño
Las personas migrantes viven estos días una mezcla de emociones entre la oportunidad de dignificar su vida y el nerviosismo de estar a un paso de conseguirlo. Han recibido con esperanza la regularización extraordinaria, mientras la vulnerabilidad en la que viven está siendo aprovechada con desinformación y estafas. En muchos casos, son maniobras fraudulentas que se comenten habitualmente, pero que con el proceso de regularización se han disparado las cantidades de dinero que estafan.
En este proceso, el empadronamiento se ha convertido en un documento muy valioso para acreditar la permanencia interrumpida de al menos cinco meses en el país. En este contexto, hay propietarios de viviendas en Logroño que están pidiendo altas cantidades de dinero por acreditar que una persona está residiendo en la casa. Una práctica ilegal de la que, sin embargo, las personas migrantes hablan con normalidad, aunque todos ellos temen denunciarlo, incluso de forma anónima.
La necesidad y la vulnerabilidad provoca que la mayoría cuenten que les ha pasado a amigos o conocidos, y todos “lo han escuchado”. Aunque muchos relatan que es algo que ha ocurrido siempre, ahora están pidiéndoles cantidades muy altas. “A una amiga le pedían 250 euros mensuales adicionales al alquiler para mantenerle el empadronamiento”, cuenta una mujer en la cola del Ayuntamiento de Logroño. “Cuando buscas empadronamiento, hay gente que te pide 1.500 euros o 2.000 euros”, cuenta otro hombre que está ayudando a un grupo de jóvenes con sus trámites. Incluso hasta 3.000 euros le han solicitado a personas en Logroño, según relata una mujer que se ha acercado a la Seguridad Social para recabar información para el amigo al que le pedían estas cantidades.
Varias organizaciones sociales confirman que estás estafas se están produciendo, tanto con cantidades adicionales a la cuota de alquiler como en una cifra única. “Las personas víctimas de esta estafa a veces lo cuentan de forma confidencial o en alguna acogida parroquial, pero no son casos que lleguen a denunciarse, puesto que la persona lo que quiere es regularizar su situación y no tener más problemas. Se aprovechan de esa misera”, visibiliza Marcos Montoya, trabajador social de Cáritas, que señala entre 250 y 300 euros como las últimas cifras que ha escuchado al respecto. El profesional de Cáritas recuerda que la propia Ley de Extranjería, en su artículo 53, recoge multas de hasta 10.000 euros por conseguir un rédito económico por un empadronamiento. Es decir, “no es una cosa que esté en el limbo jurídico, es decir, si las personas demuestran o hay una denuncia y un proceso judicial, hay un procedimiento sancionador”, subraya Montoya.
Propietarios que no quieren empadronar a sus inquilinos
Otro de los obstáculos que se encuentran las personas migrantes es que directamente se les impide el empadronamiento. Una joven colombiana que se encuentra realizando sus trámites señala que en la vivienda anterior en la que residió durante un año, el propietario se negó a empadronarle. “Ocurre sobre todo con los realquileres de habitaciones y es bastante típico que la persona que ostenta el contrato de alquiler no quiere que se sepa cuántas personas viven allí o que conste que recibe esos ingresos”, confirman desde Cáritas.
Hay una serie de situaciones en las que los Ayuntamientos tienen la obligación de facilitar el empadronamiento a las personas a pesar de que vivan en la calle o en lo que se llama “vivienda insegura o inadecuada”, como son los casos de personas durmiendo en lugares sin cédulas de habitabilidad. Es lo que se llaman los “empadronamientos ficticios”, amparados por una resolución del INE. No obstante, “en Logroño si no acreditas un título de propiedad o un titular de la vivienda, sí que las personas tienen bastante dificultad para poder empadronarse”, describe Montoya, que refiere que la fórmula ordinaria sigue requiriendo la firma del propietario o titular de la vivienda.
El empadronamiento no es el único trámite para acreditar la permanencia
Ante estos casos, Cáritas recuerda que el empadronamiento no es obligatorio para conseguir la regularización ni es el único documento que certifica la permanencia en el país. “Es uno de los documentos más valiosos y que más directamente acredita esos cinco meses y por eso se aprovechan, pero no es el único”, resalta Marcos Montoya. En este sentido, son también útiles informes médicos, giros de dinero a países terceros, certificados de cursos formales o no formales que hayan realizado o cualquier documento sellado o acreditado por un organismo público o entidad social que en el que se recojan los datos personas de las personas. En este caso, se recomienda acreditar alguno de estos documentos por cada mes que lleves en el país e incluso conviene que se añadan incluso disponiendo del certificado de empadronamiento.
No es la única estafa a la que se enfrentan las personas migrantes en el proceso de regularización. Alude Cáritas, en este sentido, a embajadas de algunos países que están dificultando el proceso, que obligan a desplazarse a otras ciudades para trámites solo presenciales o que cobran tasas muy altas. “Estas personas vienen de contextos de pobreza, de salarios bastante bajos de la media”, recuerda Marcos Montoya. Otras entidades del tercer sector se refieren a los anuncios de abogados con tarifas para la realización de los trámites, incluso antes de que el BOE publicara las condiciones y los pasos necesarios para la solicitud. Montoya habla de 500 euros para un trámite gratuito, sencillo y con entidades sociales que están colaborando para su realización. “La gente está tan apurada que tira de lo que sea, cree que así va a ser más rápido y evitará problemas; pero no es necesario, al menos para la tramitación”.
En definitiva, las personas migrantes que van a regularizar próximamente su situación están sometidos en Logroño a situaciones de abusos y desinformación. Ante ello, las organizaciones sociales subrayan que el empadronamiento no es el único camino, pero que se trata de un derecho de todas las personas al que deben acceder de forma gratuita. La esperanza y los nervios de estas personas por presentar cuánto antes la solicitud para poder trabajar de forma regular (una vez que se inicia a trámite, ya se expide una autorización provisional) chocan con el abuso de quienes buscan enriquecerse y aprovecharse de la vulnerabilidad.