El Gobierno de la Comunidad de Madrid, del que forman parte dos de los condenados por el Tribunal de Cuentas por la venta de viviendas de la EMVS al fondo buitre Blackstone, descarta su cese por la sentencia y reduce el asunto a “una tramitación administrativa bien o mal hecha”.
“Creo que en cualquier caso, termine como termine, no es un asunto que tenga que ver con la corrupción. En todo lo que tiene que ver con la corrupción somos muy duros, pero no es el caso”, ha dicho el presidente del Ejecutivo regional, Ángel Garrido.
La sentencia del Tribunal de Cuentas condena al pago de 25 millones de euros a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella y a otros siete cargos de su gobierno municipal por responsabilidad contable en la operación. Dos de ellos, Diego Sanjuanbenito y José Enrique Núñez Guijarro, mantienen puestos de responsabilidad en el Ejecutivo regional actual. El primero es viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria y el segundo, de la Consejería de Justicia. Ambos forman parte de la Ejecutiva del PP de Madrid, además de un tercer condenado, Pedro del Corral, que es concejal en el Ayuntamiento.
Garrido considera, pese a los vínculos directos, que “esto no afecta al Gobierno ni al PP” y defiende la “presunción de inocencia” de los condenados y su “derecho a poder defenderse con un recurso”. “Esperaremos a que exista sentencia firme y daremos una opinión”, ha dicho el presidente, que se ha distanciado de la operación impulsada por Ana Botella. “Más allá de que los proecedimientos establecidos sean legales, estas ventas no deben formalizarse a fondos de esta naturaleza. Así lo establecimos en nuestro acuerdo con Ciudadanos. Esto es una valoración política. La judicial y de legalidad la establecen los tribunales”.