El Ayuntamiento de Madrid no indagará en las presuntas irregularidades de la Junta Municipal de Hortaleza, presidida por el polémico concejal David Pérez. Las informaciones publicadas por este periódico el pasado noviembre abordan la cuestionada adjudicación para organizar una cabalgata de Reyes a una empresa que no cumplía un requisito de la licitación, la ayuda concedida a una asociación que no respetó las bases de la convocatoria o la organización de actos en un auditorio después de que el lote de gestión de servicios en ese recinto quedara desierto. La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción no investigará ninguna de estas actuaciones, a tenor de la información y la documentación a la que ha tenido acceso Somos Madrid.
La entidad del Gobierno de Almeida solo entra a valorar la tercera de las cuestiones denunciadas por el abogado Javier Flores, ya que sobre las dos primeras manifiesta su falta de competencia. Pese a ello, fuentes del Ayuntamiento consideran que la Oficina Antifraude ve la gestión técnica “respaldada por la Intervención Municipal”. Desde el Ejecutivo de Cibeles hablan además de “titulares difamatorios” a partir de estas denuncias, así como de “una campaña de acoso personal que señaló al concejal de Hortaleza, David Pérez, como corrupto”. Según el Consistorio, “estos informes concluyen que la subvención fue legal y la cabalgata cumplió escrupulosamente la normativa”
“El Reglamento Orgánico de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción no configura a esta Oficina Municipal como un mecanismo de revisión sobre resoluciones adoptadas por los órganos que tienen competencia para dictarlas”, recoge el escrito en cuanto a la subvención de 3.100 euros a la Asociación de Vecinos Cárcavas San Antonio.
En una solicitud a las ayudas de la Junta Municipal de Hortaleza elevada el 18 de junio de 2024, esta entidad presentó un proyecto con un presupuesto de 12.000 euros. Apenas unas horas más tarde, dirigió una segunda solicitud en la que reducía la cantidad a 8.000 euros. En ambos casos, a tenor de las bases y de que no hubo más intentos de subsanación antes de que el plazo expirara, la propuesta debió ser rechazada al superar el límite de 6.000 euros por solicitud. Sin embargo, esto no sucedió y la agrupación recibió una aportación de 3.100 euros, la cifra a la que aspiraba y que es además la máxima financiación por entidad que las bases permitían. Otras agrupaciones que cumplían todos los requisitos no recibieron ni un euro “por falta de fondos”.
Sin competencias sobre la contratación en la cabalgata, pero recomendación de “una mayor igualdad”
El órgano de control rechaza igualmente analizar lo ocurrido en la cabalgata de Sanchinarro de 2024 con argumentos similares: “Esta Oficina Municipal no tiene competencia en materia de revisión de actos administrativos”. La Junta de Hortaleza se saltó los requisitos de su propia convocatoria para adjudicar un contrato por valor de 10.500 euros a la compañía Eventos Innovate Altea. El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), documento que establecía las bases, recogía en su cláusula 14 que las empresas beneficiarias debían cumplir, ya antes del inicio del proceso, un requisito indispensable: la inscripción o solicitud en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (Rolece). Sin embargo, la agraciada no figuraba en ese registro en el momento de presentar su candidatura, pese a señalar que sí en la presentación de su oferta. De acuerdo a la documentación consultada por este periódico, la situación dio pie a un voto discrepante de la interventora del distrito, Aránzazu Ruiz Muguruza, una de las integrantes de la mesa de contratación. Consideró que la información aportada no eximía a la empresa de incumplir las condiciones de los pliegos.
Pese a descartar las pesquisas debido a una cuestión competencial, en este tema la resolución expresa más duda sobre la rigurosidad del procedimiento: “En el caso que nos ocupa el PCAP si establecía dicha exigencia. Por otra parte, el modelo de pliegos declarados de general aplicación en el Ayuntamiento de Madrid contiene la cláusula 14 en los mismos términos recogidos en el PCAP del contrato. Asimismo, y sin perjuicio de que se valore por el órgano competente para la aprobación de pliegos que no procede la solicitud de inscripción en el Rolece como requisito previo en futuros expedientes, contribuiría a dotar de una mayor igualdad en la concurrencia publica que esta cuestión quedara claramente expresada en los pliegos”.
La tercera cuestión tiene que ver con la organización de conciertos u homenajes a los mejores estudiantes de Hortaleza en el auditorio Pilar García Peña. Aunque el lote para labores de asistencia que incluyen la seguridad o la técnica no tuvo concurrentes y el Ayuntamiento de Madrid tampoco cerró contratos menores, el espacio acogió un concierto, actuaciones de un coro infantil o premios a cientos de niños. El Gobierno de Almeida argumenta que una contratación paralela, en un lote separado, “cubre la prestación integral” de estos servicios. La resolución de la Oficina Antifraude respalda esta postura: “De la lectura de los informes emitidos, tanto por Coordinación de Distrito como por el responsable del Contrato, se infiere que no quedan acreditadas las irregularidades que se afirmaban en la denuncia”.
La Oficina respalda a la Coordinación del Distrito por la “presunción de veracidad”
Según dichos informes, remitidos en diciembre de 2025, los conciertos en el auditorio Pilar García Peña “estarían enmarcados en la previsión de 3 actividades en dicho espacio contempladas en el lote 1 [el que sí fue adjudicado]”. La Oficina recalca que esos documentos “están dotados de una presunción de acierto y veracidad por la cualificación técnica de quienes los emiten y solo cabe frente a ellos una prueba suficiente de que son manifiestamente erróneos, de que vulneran el ordenamiento jurídico vigente”. Pero el organismo que los emite, la Coordinación del Distrito, es uno de los más criticados por asociaciones vecinales que denuncian la “persecución”, la “discriminación” o la “asfixia económica y burocrática” por parte de Pérez, sobre todo después de la cancelación de eventos con raigambre en el barrio a pocos días de su celebración.
Ocupa la coordinación del distrito Miguel Ángel López del Pozo, figura con un papel clave en otra importante controversia en Hortaleza, en lo que algunos vecinos y extrabajadores han calificado como “purga” de trabajadores en la Junta de Hortaleza. La Coordinadora de Entidades de Hortaleza cree que López del Pozo ha promovido recolocaciones y hostigamiento a funcionarios “por motivos ideológicos”: “Es un político camuflado que ha generado un ambiente irrespirable en la Junta Municipal, como denuncia la plantilla”.
“Nada de lo que está haciendo David Pérez figuraba en el programa del Partido Popular y nuestras críticas son compartidas por muchos de sus votantes en el distrito, también por representantes del partido en Hortaleza”, aseguraba también la Coordinadora, que lamenta la actitud “cómplice y protectora” del alcalde de Madrid. Precisamente el regidor, José Luis Martínez-Almeida, animó a presentar denuncias administrativas cuando comenzaron a trascender estas informaciones. Fuentes consultadas por este medio indican que el primer edil era ya consciente de que la prescripción del plazo para presentar recursos por parte de posibles perjudicados en los casos de la cabalgata y la ayuda a la asociación dificultaban la iniciación de cualquier procedimiento sancionador.