Un tribunal tumba el plan de Almeida para los espacios de igualdad por cómo fija servicios mínimos en caso de huelga
Varapalo a uno de los proyectos más polémicos del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha estimado dos alegaciones de los sindicatos CCOO y Co.bas que implican anular la actual licitación para integrar los servicios de atención a la violencia de género dentro de los espacios de igualdad, creando los nuevos centros de atención integral a la mujer (CIAM). Un enfoque controvertido para usuarias y trabajadoras, que han organizado manifestaciones y paros por este motivo, en las que acusan al alcalde de “desmantelar” el servicio o de fomentar una “revictimización” de mujeres que pueden necesitar lugares de socialización o colectivización más allá de la violencia sufrida.
La resolución se sustenta, no obstante, en razones de índole laboral vinculadas a algunas disposiciones de los pliegos. Estima parcialmente las alegaciones a la cláusula 4.f del pliego de prescripciones técnicas, por atribuir a una dirección general la potestad autónoma para establecer los servicios mínimos en caso de huelga. Los sindicatos consideran que el pliego no puede constituir por sí mismo título habilitante para esta competencia, al tratarse de una competencia de la autoridad competente que debe ejercerse “mediante el correspondiente acto administrativo, con sujeción a las garantías constitucionales y legales”. “Los servicios mínimos deberán ser los que, en su caso, sean válidamente establecidos por la autoridad competente mediante el correspondiente acto, correspondiendo posteriormente a la empresa adjudicataria adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento en los términos legalmente establecidos”, respalda el tribunal.
Da la razón asimismo a la impugnación de las cláusulas 9.4, 9.5, 9.7 y 9.8 del pliego y las penalidades vinculadas a ellas, al entender que determinadas exigencias de autorización municipal previa respecto de comunicaciones con medios de comunicación, publicaciones, relaciones con instituciones y participación en cursos, conferencias o actividades similares pueden restringir indebidamente la libertad de expresión, la libertad sindical y otros derechos de las personas trabajadoras. “Lo que no puede hacer el pliego es transformar la legítima finalidad de protección institucional en una potestad general de autorización previa sobre cualquier actividad pública o profesional de las personas trabajadoras de la contratista”, argumenta el tribunal, que circunscribe esas limitaciones a las actuaciones efectuadas en nombre del Ayuntamiento o el servicio municipal.
Aunque el tribunal desestima otras alegaciones, concluye que estas dos bastan para hacer inviable la tramitación de la licitación en marcha: “No resulta jurídicamente procedente continuar sobre la base de unos pliegos que deben ser modificados. El órgano de contratación podrá, si mantiene la necesidad de la prestación, elaborar unos nuevos incorporando las correcciones indicadas y proceder a una nueva convocatoria”.
Maroto recupera el “Chapuzas Almeida” y el Ayuntamiento anuncia una nueva licitación
La portavoz del PSOE en Cibeles, Reyes Maroto, ha tachado este martes de “varapalo” al alcalde esta resolución emitida el pasado 8 de octubre. La edil califica de nuevo al regidor de “Chapuzas Almeida”, esta vez “atacando los derechos de las mujeres”. “Los CIAM tendrían que haberse puesto en marcha el 1 de enero y no sabemos qué va a pasar, lo que genera preocupación e incertidumbre en la red de violencia de género y en los espacios de igualdad”, añade. Maroto espera que el alcalde atienda las reivindicaciones de trabajadoras y usuarias para no seguir adelante con los 18 centros de estas características en marcha, “un modelo que debilita los recursos públicos, que precariza a las trabajadoras y que no queremos las mujeres”.
Desde el área de Familias, Políticas Sociales e Igualdad quitan hierro al revés y resaltan que el tribunal “ha dado la razón al Ayuntamiento, desestimando las alegaciones de los sindicatos respecto a las principales cuestiones planteadas: las subrogaciones de personal, la suficiencia económica del contrato, las jornadas y necesidades de personal, la reorganización territorial y funcional de los nuevos recursos, la configuración de los CIAM, las cuestiones relativas a la especialización, seguridad y continuidad de la atención o las previsiones de agendas, turnos, horarios, presencialidad y asignación de funciones”. Admiten que el organismo de supervisión “considera necesario ajustar la redacción de dos cláusulas del pliego: una relativa a la fijación de servicios mínimos en caso de huelga y otra respecto a la difusión de información del servicio que pueda hacer el adjudicatario”.
Respecto a la primera, no aportan más explicaciones, pero sobre la segunda apuntan que pretendía “evitar que la empresa contratista se atribuya la representación del Ayuntamiento y proteger la información confidencial a la que accedan en el recurso”. Y añaden que la cláusula “fue incluida por primera vez en los pliegos en materia de violencia de género del Ayuntamiento en el año 2016, durante el gobierno del que formaba parte Rita Maestre”. En cualquier caso, aclara que “el Consistorio cumplirá la resolución, se licitarán nuevos pliegos y mientras dure el procedimiento administrativo se prorrogarán los contratos de los recursos actuales”.