Trabajadoras pobres en Lorca: “Cuando decidí emigrar, no imaginaba que tendría que pasar el mes con cien euros”
Ana Patricia tiene solo 35 años, pero ya le duelen “todos los huesos del cuerpo”. Desde hace siete años, cuando llegó a Lorca desde su Nicaragua natal, se levanta cada día a las cuatro de la mañana para alcanzar a coger el autobús que la dejará en los invernaderos donde trabaja, literalmente, de sol a sol. Tras muchas penurias, ahora ya tiene contrato de trabajo y cobra ocho euros la hora, el doble que lo que perciben otros compañeros “sin papeles”. Sin embargo, cuando descuenta de su sueldo el precio de la habitación donde duerme, los gastos de agua, luz y butano, y los 500 dólares que envía a sus padres para la crianza de la hija que dejó en su país a su cuidado, apenas le quedan cien euros para pasar el mes. “A veces me pregunto si todo este sacrificio merece la pena para terminar viviendo prácticamente en la miseria”, cuenta mientras se dirige a casa tras otra extenuante jornada.
Esta joven es una de los miles de trabajadores pobres que sostienen la economía de Lorca, uno de los motores agroalimentarios de la Región de Murcia. Las numerosas explotaciones agrícolas que se extienden por su amplio término municipal —el segundo más grande de España—, su medio centenar de empresas hortofrutícolas y la actividad ganadera que genera una cabaña que supera el millón de cerdos, forman parte de una cadena productiva conectada con los mercados nacionales e internacionales.
Sin embargo, el dinamismo del sector convive con una realidad desoladora: una gran parte de la población tiene grandes dificultades para transformar su trabajo en el campo en estabilidad económica, acceder a una vivienda digna y construir un proyecto de vida sólido a largo plazo.
Cuando el crecimiento económico no va ligado al bienestar ciudadano
El nuevo mapa de rentas de España, elaborado a partir de los datos del IRPF de 2024 y difundido por elDiario.es, permite observar las diferencias entre barrios y secciones censales. En Lorca, los datos sobre renta, vulnerabilidad, empleo y vivienda plantean una pregunta: ¿hasta qué punto la riqueza que genera el municipio se traduce en bienestar para sus vecinos?
Recientemente, desde el equipo de Gobierno municipal formado por PP y Vox, se felicitaban porque el número de empresas radicadas en Lorca que facturan más de un millón de euros haya crecido un 33% en la última década.
Frente a la buena salud empresarial, en esa misma década, el número de habitantes del municipio que vive en barrios considerados vulnerables ha pasado del 44,43% al 63%, según el último número de la revista ‘Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales’, elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Una horquilla de tiempo en la que Lorca ha pasado de tener cuatro a ocho barrios vulnerables y la población residente en ellos ha aumentado de 40.805 a 60.416 personas.
La evolución es especialmente significativa en los niveles más graves. En 2011 no había ningún barrio lorquino clasificado con vulnerabilidad severa; en 2021 se identificaron tres: la pedanía de La Hoya, San Cristóbal y San Diego-Apolonia, donde el porcentaje de vecinos de origen migrante, cuya ocupación está principalmente ligada al sector primario, llega al 44,6% en algunos casos. Estas clasificaciones no definen por sí solas la vida de cada vecino ni convierten a un barrio en una realidad homogénea, pero sí alertan de desigualdades que requieren respuestas sostenidas.
Empleo ligado al calendario de las campañas
La agricultura lorquina ha desarrollado una potente industria exportadora y genera puestos de trabajo en explotaciones, almacenes, cooperativas, transporte y comercialización. El desafío surge cuando esa capacidad productiva convive con empleos inestables, salarios bajos y pocas posibilidades de progresión profesional.
La profesora María López Martínez, del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia (UMU), identifica entre las características del sector las “elevadas tasas de temporalidad, la siniestralidad y el bajo nivel de formación” de parte de la mano de obra. Son factores que condicionan tanto las oportunidades laborales como la capacidad de los trabajadores para mejorar sus ingresos con el paso del tiempo.
La temporalidad no se limita a la duración de un contrato. Quien encadena campañas suele tener ingresos desiguales, lo que conlleva dificultades para organizar los gastos mensuales. Si el trabajo depende de los calendarios agrícolas, la economía personal y familiar también queda expuesta a las condiciones meteorológicas, las fluctuaciones del mercado y los cambios en la demanda de mano de obra.
La investigación académica sobre el trabajo jornalero en la Región, como la desarrollada por el sociólogo Antonio J. Ramírez Melgarejo, de la UMU, ha analizado la eventualidad como una característica estructural del mercado agrícola. Para algunos trabajadores, la incertidumbre se convierte en rutina: trabajar durante la campaña y ajustar los gastos cuando termina.
Esta es una de las paradojas del modelo: una actividad rentable para la cadena empresarial ofrece a parte de quienes la sostienen una capacidad limitada para ahorrar, independizarse o afrontar imprevistos.
Abusos en la vivienda
La estabilidad laboral y el acceso a la vivienda están estrechamente relacionados. Un ingreso irregular dificulta asumir un alquiler, reunir una fianza o demostrar solvencia ante un propietario o una entidad bancaria; a su vez, un alquiler elevado reduce el dinero disponible para alimentación, transporte, suministros y otros gastos básicos. La vivienda no es, por tanto, un asunto separado de la renta: determina cuánto queda al final del mes.
Jennifer, de origen ecuatoriano, paga 350 euros al mes por una cama en un piso alquilado en el barrio lorquino de San José. “Comparto cuarto con otras dos personas que no conocía de nada. En el piso, somos nueve en total, hombres y mujeres. La selección la hace el casero, que además cobra 400 euros por dar de alta en el padrón”, explica a elDiario.es Región de Murcia.
La sobreocupación —los llamados “pisos patera”— o las situaciones de infravivienda, en las que el número de residentes o las condiciones del inmueble no permiten una habitabilidad digna ni salubre, junto con el negocio fraudulento de los empadronamientos, es un problema de tal magnitud en el municipio que su ayuntamiento tuvo que aprobar en 2023 una ordenanza reguladora específica y endurecer los procedimientos sancionadores para hacer frente a esta problemática.
Cuatro municipios, distintas estructuras económicas
La tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) de Lorca se sitúa en el 35,3%, según los datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia (EAPN RM). La cifra supera en casi tres puntos la media regional —del 32,5%—, que ya de por sí se encuentra entre las más elevadas de la Unión Europea.
En municipios con una presencia importante de empleo agrícola, esta distinción resulta fundamental. Tener trabajo no garantiza necesariamente ingresos regulares durante los doce meses, capacidad de ahorro o acceso a una vivienda adecuada. La cuestión no es negar la importancia de la agricultura para la economía local, sino analizar si la riqueza que genera se traduce en condiciones de vida más seguras para el conjunto de la población.
La comparación con otros municipios ayuda a situar las cifras de Lorca. Los datos de renta neta media por hogar del Atlas del Instituto Nacional de Estadística reflejan una diferencia anual de 4.204 euros a favor de los habitantes censados Molina de Segura, que cuenta con un importante tejido empresarial en el que destacan la industria, la logística y el comercio; respecto a la ciudad de Murcia, que concentra servicios administrativos, sanitarios, universitarios y profesionales, la brecha con Lorca alcanza los 3.504 euros; y frente a Cartagena, que combina actividad portuaria, industrial, logística y turística, llega a los 1.306 euros.
Cómo romper el círculo
Patricio Rosas Martínez, director del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, apunta soluciones para mejorar la distribución de la riqueza. Reflejado en el estudio que ha coordinado bajo el título ‘Condiciones laborales en la agricultura de la Región de Murcia’, las respuestas pasan, en primer lugar, por mejorar la calidad del empleo, con contratación más estable, formación, prevención de riesgos y mejores itinerarios de promoción profesional.
También por la necesidad de generar más valor añadido en el propio territorio. Es decir, para los expertos “no basta con producir y exportar, también importa dónde se desarrollan las actividades de mayor valor”. Desde esa óptica, la transformación agroalimentaria, la innovación, la logística especializada y los servicios tecnológicos asociados al campo pueden abrir oportunidades para empleos de mayor cualificación.
La diversificación empresarial es otro de los retos que debería afrontar el municipio. “Apoyar la industria, los servicios profesionales, la formación especializada y el emprendimiento permitiría reducir la dependencia de los ciclos agrícolas”, apuntan. El objetivo ahí no debería ser aumentar sin más el número de empresas dedicadas a actividades similares, sino “atraer y consolidar proyectos capaces de ofrecer empleo estable y salarios competitivos”.
Respecto a la vivienda, aseguran que debe abordarse como una infraestructura económica esencial. “El control del padrón, por sí solo, no sustituye a una política residencial y social que responda a las necesidades reales”, aseguran desde el Colegio de Economistas. También consideran necesario aumentar la oferta residencial asequible y movilizar el uso de viviendas vacías para mejorar las condiciones de vida y, de paso, facilitar la emancipación juvenil.