Perros, responsabilidad y convivencia
No tengo perro. Pero me encantan. Y, precisamente, por eso creo que podemos hablar de ellos con naturalidad, sin caer ni en el rechazo a los animales ni en esa tendencia, cada vez más extendida, a tratarlos como si fueran personas.
La noticia de que en Espinardo se estrena un nuevo pipicán y de que la red municipal de Murcia supera ya los cincuenta espacios para perros puede parecer una cuestión menor. No lo es. Debería servir para abrir un debate que afecta a todos los ayuntamientos de la Región de Murcia.
Basta caminar por nuestras ciudades y pueblos para comprobar una realidad que muchos ciudadanos padecen diariamente, excrementos en las aceras, manchas de orina en esquinas, fachadas, puertas y mobiliario urbano, malos olores y un gasto permanente de los servicios municipales de limpieza, gasto que pagamos entre todos.
No se trata de criminalizar a quienes tienen perro. La mayoría los cuida, recoge sus excrementos y procura respetar las normas de convivencia. El problema está en quienes no lo hacen y, también, en que los ayuntamientos tienen que dedicar recursos públicos a mantener limpio un espacio que pertenece a todos.
Por eso creo que ha llegado el momento de que la Administración regional impulse un debate con los ayuntamientos sobre cómo financiar estos servicios.
¿Sería razonable establecer una tasa municipal por la tenencia de animales de compañía, especialmente perros, vinculada a los costes que generan determinados servicios públicos? Creo que, al menos, merece la pena estudiarlo.
No para castigar a quien tiene un perro ni para convertir a los animales en una fuente de ingresos. Tampoco para sustituir la obligación de recoger sus excrementos. La finalidad sería que quien decide tener un animal contribuya razonablemente a sufragar una parte de los servicios públicos específicamente relacionados con su tenencia.
La cuestión es que si hemos aceptado que quien visita temporalmente un territorio puede contribuir, mediante una tasa turística, a sufragar parte de los costes que genera su estancia, ¿por qué debería resultar tabú plantear que quien decide tener un animal de compañía contribuya también a sufragar una parte de los servicios públicos que esa tenencia genera de manera permanente?
No se trata de comparar a un turista con un perro, evidentemente. Se trata de aplicar un mismo principio de responsabilidad, quien genera una demanda específica sobre determinados servicios públicos puede contribuir razonablemente a su financiación.
La recaudación, además, debería tener un destino claro y transparente, limpieza de espacios públicos, mantenimiento de pipicanes, papeleras y dispensadores de bolsas, campañas de concienciación y vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas (esa es otra).
Porque una tasa nunca puede convertirse en una licencia para ensuciar. Quien no recoja los excrementos o permita que su animal orine sistemáticamente donde perjudica a los demás debe ser sancionado.
Y hay otra cuestión que conviene abordar sin complejos. Se viene observando que en muchos parques se ven ya más perros que niños. Eso refleja un profundo cambio social y demográfico. Podemos querer muchísimo a nuestros animales de compañía, protegerlos y garantizar su bienestar, pero un perro no es un niño. No tiene las mismas necesidades ni puede ocupar el mismo lugar en las prioridades de las políticas públicas.
Tratarlos como animales no significa tratarlos mal. Significa reconocer su naturaleza, respetar sus necesidades y, sobre todo, exigir a sus propietarios la responsabilidad que implica tenerlos.
La Comunidad Autónoma tiene aquí una responsabilidad. No necesariamente para imponer una tasa idéntica en todos los municipios, sino para estudiar los costes reales, ofrecer un marco jurídico adecuado y ayudar a los ayuntamientos a encontrar soluciones proporcionadas.
Queremos ciudades limpias, el bienestar animal y una convivencia respetuosa.
Pero la convivencia exige derechos y también obligaciones.
Tener un perro es una decisión personal. Asumir las responsabilidades y una parte razonable de los costes que esa decisión genera debería serlo también.