La justicia en la Región está aparentemente parada. Tras cinco semanas de huelga a nivel nacional por parte de los letrados de la administración de justicia se han suspendido casi 10.000 actuaciones solo en la Comunidad Autónoma. No se están celebrando subastas públicas, tasando costas, celebrando ratificaciones. Aunque hay una parte del sistema judicial que continúa moviéndose. Se siguen entregando las pensiones de alimentos, las parejas se están casando, aunque el Ministerio no considerase que debían ser servicios mínimos. “Es una justicia que a la ministra Pilar Llop no le interesa”, ha apuntado la delegada territorial de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia de la Región de Murcia (UPSJ), María del Mar Garcerán. Pese a estar en huelga estos trabajadores han acordado trabajar en estas áreas, además de las instruidas por el ministerio en relación a menores, discapaces y causas con presos: “Nuestra actitud es de intentar solucionar el conflicto cuanto antes”, ha subrayado Garcerán.
Las consecuencias de este paro en el sistema de justicia en la Región han sido variopintas. El caso de la Autoridad Portuaria donde se investiga entre otros a la presidenta de este organismo, Yolanda Muñoz, por amaño de contratos ha sido aplazado una vez a causa de la huelga de letrados. Las declaraciones de los investigados se les asignaron nueva fecha, los días 2 y 3 de marzo. La querella que presentó el fiscal especial anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, Muñoz, el expresidente Antonio Sevilla y el exdirector general Pedro Vindel recogía casi una veintena de hechos denunciados que habrían tenido lugar entre los años 2014 y 2021 en los que, considera, puede existir indicios de responsabilidad criminal. Según la querella, a la que ha tenido acceso elDiario.es Región de Murcia, las irregularidades están relacionadas con el nombramiento de algunos cargos dentro de la Autoridad Portuaria de Cartagena o la adjudicación de contratos de servicios para favorecer a amigos y determinadas empresas.
También ha sido suspendido, aunque sin nueva fecha conocida, el juicio por Novo Carthago, donde se investigan posibles a distintos funcionarios públicos por la construcción por parte de la entidad Hansa Urbana de un campo de golf, hoteles y más de 10.000 viviendas en la zona conocida como Lo Poyo. La zona contaba con el distintivo de Especial Protección Mar Menor (NUPM) y donde una parte de los terrenos estaban calificados como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona especialmente protegida de importancia para el Mediterráneo (Zepim) y otra parte como No Urbanizable de Protección del Trasvase (NUPT). El inicio del proceso estaba previsto para el 27 de febrero, donde el expresidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel, el exconsejero Francisco Marqués y la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro tenían que declarar como testigos.
En una nota más positiva, seis familias han podido respirar tranquilas a causa de la huelga de este cuerpo de la administración de justicia. El pasado 1 de febrero una comisión judicial iba a ejecutar el desahucio de un edificio en la pedanía de La Alberca, perteneciente a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como 'banco malo'. Las viviendas del edificio objeto del desalojo eran de un constructor cuya empresa quebró, por lo que las casas pasaron a manos de la Sareb. La entdad comunicó hace unos meses a estos vecinos que debían abandonar el edificio debido a impagos acumulados.
“No negociaron nada con nosotros”
Según la delegada territorial de la UPSJ la huelga la está siguiendo hasta el 70 por ciento de letrados de la Región, un número “altísimo, teniendo en cuenta que el total de funcionarios de esa categoría en Murcia es de 137”, señala Garcerán.
Los problemas del cuerpo de letrados con el Ministerio comenzaron en 2010, con la modificación de la estructura de los juzgados y tribunales. A los entonces conocidos como secretarios judiciales se les atribuyen una serie de competencias que antes ejercía el juez, que, subraya Garcerán, “no venían acompañadas de una adecuación salarial”: “El Gobierno de turno -PSOE- dijo que no podían pagarnos más en ese momento”. Por la situación de crisis económica que asolaba el país, los funcionarios decidieron posponer la lucha por una mejora salarial a causa del aumento de trabajo.
En 2015 -PP- la situación vuelve a repetirse. De nuevo a los letrados se les distribuyen competencias sumadas a las de 2010, que tampoco vienen acompañadas de un incremento en la retribución. Seis años después, en 2021, tras varias negociaciones con departamentos ministeriales estos trabajadores consiguen que la ley de Presupuestos Generales del Estado de ese periodo incluyera una cláusula que contemplase la adecuación salarial de los letrados de la administración de justicia por las competencias que les añadieron en el año 2010 y en 2015. Sin embargo, durante las negociaciones, el gobierno reunió a los sindicatos generalistas -UGT, CCOO- “que no nos representan”, denuncia Garcerán: “No negociaron nada con nosotros, no habían tenido en cuenta la adecuación salarial, nuestra carrera profesional, lo que nos afecta a nosotros como funcionarios”.
Aquello abocó a los letrados a una serie de huelgas durante el año 2022, que se extendieron hasta abril, cuando el Ejecutivo central llegó a un acuerdo con las asociaciones que incluía, entre otros, que los letrados nunca cobrarían por debajo del 85 por ciento del sueldo de otros cuerpos superiores de justicia con categoría uno. Ante la perspectiva de que el ministerio de Justicia no cumpliría el acuerdo, los letrados convocaron huelga general el pasado mes de enero.