Colectivos denuncian una “crisis humanitaria” ante el posible desalojo de 200 inmigrantes en Pamplona
Rashid llegó a España hace tres años. En Argelia, su país de origen, pudo ahorrar lo suficiente para pagar a una mafia que le permitiera subir a una patera. Llegó a Almería. Ahora, con 21 años, vive en Pamplona en una tienda de campaña junto a otras personas con una situación parecida —por no decir idéntica—. El asentamiento, compuesto por unas 25 tiendas entre maleza, residuos, una colonia felina e incluso ratas, vive bajo la amenaza constante de desalojo por parte del Ayuntamiento de Pamplona, que hoy a las 11 de la mañana les había “dado un ultimátum para irse”, según han asegurado desde los colectivos que los atienden. “Yo vivo aquí en la tienda y estudio todos los días. También juego al fútbol, voy al gimnasio. Hago muchas cosas bien”, asegura el joven argelino en un español que todavía tambalea un poco.
“Queremos denunciar a un ayuntamiento [de EH-Bildu] que, aunque se llame progresista y de izquierdas, está haciendo política de derechas. ¿En qué se diferencia esto con Badalona, con la política del PP? ¿O del PNV en Bilbao? ¿En qué se diferencia esto con la política de UPN, que en el año 2023 también desalojó el convento de Agustinas?”, ha expresado Teresa González, portavoz de los colectivos que atienden a estas personas. “Son políticas que hemos de repulsar y que se han de recriminar. No vale con mirar a otro lado y hacer como que no existen”.
La activista ha denunciado que este lunes el Ayuntamiento de Pamplona, de EH-Bildu, ha “retirado las pertenencias” a algunos inmigrantes asentados por las inmediaciones del frontón de Aranzadi, y que estas “han acabado en los contenedores”. “Se están conculcando en Pamplona, en Navarra, derechos humanos básicos. Les han dejado con lo puesto”, ha afirmado, y ha enumerado objetos como “mantas, todas las cosas que tenían para llevar una cierta higiene” como “jabón, pasta de dientes, cepillos...” como algunos de los objetos requisados. Desde el Ayuntamiento de Pamplona, sin embargo, han justificado la práctica como “una cuestión de seguridad”.
“Se han retirado los asentamientos cercanos a los cauces del Arga, aquellos que estaban localizados en zonas inundables y en los que no se puede asegurar la seguridad y la integridad de las personas que allí pernoctan cuando llega la época de lluvias”, han afirmado a preguntas de este periódico. Según explican, a aquellas personas asentadas se “les ofreció cobijo en los recursos que Acción Social tiene a su alcance y que garantizaban una solución habitacional transitoria”. Además de avisarles “con margen suficiente”, aunque “hay quien no atendía a lo que se les estaba comentando a pesar de la insistencia del equipo educativo y los agentes”.
Previsiblemente, aunque desde el Consistorio afirman que “no se desaloja a nadie”, admiten que se van a “acometer un proceso de limpieza de determinadas zonas del ámbito fluvial y mantener vigilancia en aquellas sobre las que existe riesgo para la seguridad” de estas zonas inundables. Además, defienden que se dio la opción a que estas personas recogieran sus pertenencias, aunque admite que, quizá hubiera quienes no lo hicieran porque “no atendían” a lo que se les advertía.
“No creemos que sea una forma de abordar el sinhogarismo”, ha denunciado la portavoz de los colectivos que atienden los asentados en Aranzadi. Además de invitar a que la sociedad se ponga “manos a la obra con un programa que trabaje por la integración de todas estas personas” si se quiere calificar así misma como “de progreso”. “Nadie les brinda una solución y no es porque el Gobierno de Navarra no tenga recursos”, ha señalado González apoyándose en los 575 millones de superávit que registró correspondiente al ejercicio de 2025. “Solo se destina 5 millones al sinhogarismo en Navarra. Si hubieran duplicado ese presupuesto, quizá todas estas personas podrían dormir en una cama”, ha expresado.
Las críticas también se han dirigido de forma directa al Consistorio pamplonés, al que han acusado de tener “camas vacías” y “pisos cerrados”. “Pamplona tiene recursos”, ha afirmado la activista que traslada la denuncia a la que se han adherido asociaciones como París 365, PIN (Punto de Información al Migrante), Asociación Salhaketa, Derecho a Techo, SOS Racismo, Oxfam Intermón, Fundación Elkarte, Apoyo Mutuo, Steilas, CGT o Solidari. Sin embargo, a preguntas de este medio, el Ayuntamiento de Pamplona ha negado rotundamente que haya “albergues municipales sociales con camas vacías” y según la ordenanza, es decir, “lo que el Ayuntamiento, con los recursos que tiene, puede ofrecer”, solo pueden disponer de tres noches de pernocta con las necesidades básicas cubiertas.
La mayoría de estas personas vivían en el viejo convento de las Agustinas Recoletas hasta abril, cuando fue desalojado. Entonces, el Ayuntamiento de Pamplona afirmó haber atendido a 98 personas que pernoctaban en el lugar para realojarlas. Sin embargo, los activistas y asociaciones los cifraban en 140. “Para hoy había otra vez una orden de desalojo a los chicos. Les habían dicho que se tenían que ir hoy para las 11 de la mañana y que, el que quisiera, podía tener billete para irse fuera de Pamplona”, ha afirmado González. Respecto a “este servicio”, el Consistorio defiende que está a “disposición” de las “personas sin recursos para poder desplazarse por los motivos que consideren oportuno” y que simplemente “se informa” sobre este.
El perfil de personas asentadas al rededor del frontón de Aranzadi, es muy variado, aunque predominan los hombres de entre “18 y 60 años”. “Hay personas mayores y enfermas viviendo aquí”, ha denunciado González. Según ha explicado, en el caso de las mujeres se les procura dar “alguna alternativa habitacional (aunque sea de urgencia, como una bajera)”, pues además del “deterioro de vivir en situación de calle”, están expuestas a “a agresiones” sexuales. “Esta administración pública que dice defender los derechos de las mujeres, tampoco lo hace en este caso”, ha acusado.
A pesar de la situación, el Ayuntamiento defiende que “Pamplona es probablemente la ciudad más solidaria del Estado”. “En tres años se ha casi triplicado el presupuesto destinado a atender a las personas en situación de calle (hasta llegar a los 3,6 millones), pero los recursos municipales son limitados”, han afirmado. Consideran que no es “un problema de sinhogarismo”, sino parte de los “movimientos migratorios” que se desarrollan “a nivel mundial”. “Pamplona no tiene la capacidad para asumir, desde lo local, las soluciones a un problema que es global”, replican.
“No hay 'efecto llamada', hay 'efecto necesidad'”, ha asegurado la activista, y ha señalado que “los países de donde vienen todas estas personas tienen unos déficits tan grandes” que las personas que emigran solo “buscan otro lugar donde vivir, donde proyectar una vida con una mejor calidad de vida”. “[Buscan] un trabajo y derechos democráticos. Las personas gays vienen a buscar derechos aquí porque en sus países no se les reconocen. Hay mujeres que [huyen de sus países] para no ser obligadas a casarse con personas de muchísima mayor edad y ser vendidas por sus familias”, ha expuesto como parte de las “muchísimas razones que traen aquí a todas estas personas”.
“Como mínimo necesitamos un censo. Lo que deberíamos hacer sería conocerlas, conocer sus historias. Saber sus proyectos de vida para ver qué es lo que quieren hacer con su vida y cómo podemos ayudarles. Es lo mínimo que se debería plantear desde este Gobierno y desde este Ayuntamiento”, ha pedido González con Rahid al lado. El joven dice estar estudiando un “curso de jardinería” tras haber hecho “uno de fontanería” y, aunque puede pedir ayudas para el alquiler, necesita primero un arrendatario. “Cuando ven que soy 'moro' te dicen que 'no'”, explica a los medios presentes.
“Si estuvieran empadronados una trabajadora social podría ayudarlos” y por ello “se les niega”, se queja la activista. En los últimos tres años, se han conseguido empadrona a más de 800 personas en los servicios sociales de Pamplona. Las personas en situación de calle, “pueden acceder al empadronamiento social”, trasladan desde las instituciones municipales. “Aquí hay muchas personas que buscan trabajo. Un chico me contó que a final de mes le habían dado 500 euros. Le habían pagado 25 euros al día por seis horas de trabajo del pimiento en el campo. Por supuesto, sin seguridad social o contrato. Pero están dispuestos a hacerlo porque quieren trabajar”, ha añadido González.