¿Están preparadas las ciudades ante el calor extremo?
El verano se acerca a su fin dejando un reguero de récords de calor y números nunca vistos de muertes por temperaturas extremas a lo largo y ancho de Europa. 2026 no ha sido una excepción, sino el último episodio de una tendencia que no deja de agravarse, según las conclusiones del informe de Lancet Countdown 2026 sobre salud y cambio climático en las ciudades del continente.
El nuevo informe científico desarrollado por 58 investigadores de 31 instituciones académicas, confirma que los riesgos climáticos para la salud urbana crecen de forma desigual. El informe analiza 28 indicadores, como la mortalidad atribuible al calor, la contaminación del aire, las concentraciones de polen o la superficie arbolada, de más de 850 ciudades europeas, entre ellas Iruñea.
El estudio hecho público el miércoles se pregunta si las ciudades se están adaptando lo suficientemente rápido a este nuevo paradigma climático, y se considera que las medidas adoptadas no son suficientes: Europa debe avanzar más rápido y llevar a cabo acciones más contundentes para aplacar los impactos climáticos, especialmente graves en nuestro continente, que se calienta al doble de velocidad que la media global.
En el caso del Estado español, donde se han analizado un total de 98 ciudades, el informe destaca que la concentración de población en las ciudades agrava los riesgos que el cambio climático tiene para la salud de sus residentes, con unas urbes que suspenden en espacios verdes y movilidad sostenible. Concretamente, en 2023 más de la mitad de la población del estado vivía en 98 ciudades y alrededor del 40 % de la población urbana se concentraba en Madrid, Barcelona y Valencia, mientras que el 27,5 % lo hacía en 16 urbes grandes o muy grandes.
Las muertes por causas relacionadas con el calor han aumentado más en el Estado español que en la media europea, después de que en el periodo 2015-2024 se registrara un promedio de 95,4 fallecimientos adicionales al año por cada millón de habitantes, frente a los 82 muertos por cada millón de habitantes en el resto de urbes del continente.
Para enfriar las ciudades, reducir la contaminación del aire y proteger la salud pública, la ONU recomienda que las ciudades mantengan al menos un 30 % de la cubierta arbórea. Sin embargo, este porcentaje era del 13,2 % en las ciudades del Estado español en 2020 y solo el 12 % de las urbes tenían una cubierta del 30 % o más.
Otro indicador estudiado es la facilidad para una movilidad sostenible, tal como caminar, ir en bici o usar transporte público, opciones que contribuyen a reducir las emisiones de dióxido de carbono y mejoran la calidad del aire. Los autores apuntan que una buena puntuación es aquella que al menos se sitúa en siete sobre diez o superior, y revelan que, en 2022, “las ciudades del estado obtuvieron una puntuación media de 5,3 sobre 10”. Según sus datos, Iruñea se sitúa a la cabeza, con un 6,8 sobre 10.
Pero tampoco se trata de echar “las campanas al vuelo”. El pasado 2 de septiembre el alcalde de Iruñea, Joseba Asiron, presentaba un Pacto de Ciudad por el Clima que se pretende trabajar con la ciudadanía, tejido social y económico y grupos municipales, con una gran profusión de datos que confirman las anomalías que se están registrando en la capital navarra respecto a la serie histórica en conceptos como la temperatura media, las noches tropicales o las precipitaciones.
La propuesta se basa en la asunción de seis compromisos centrales. En primer lugar, un compromiso con la ciudadanía “para que la salud de las personas sea el mayor objetivo de las políticas públicas de este Ayuntamiento”. En segundo lugar, se propone que la ciudad se comprometa a contribuir “en todos los ámbitos” a la lucha contra el cambio climático impulsando la reducción de su contribución al calentamiento del planeta. El tercer compromiso sería mejorar las condiciones y herramientas para que la ciudad pueda dar respuesta “a los riesgos climáticos y a los episodios extremos”. El cuarto habla de igualdad y reclama que esta transición se haga desde el principio de justicia social y bajo la premisa de que “nadie quede atrás”. En quinto lugar, se pide priorizar la búsqueda de financiación adecuada para las actuaciones a realizar y, finalmente, el sexto compromiso, reclama intensificar la cooperación y coordinación con otras administraciones públicas y entidades sociales o económicas.
Un Pacto de Ciudad por el Clima resulta interesante y positivo porque permite adaptar la capital navarra al aumento de las temperaturas y los fenómenos meteorológicos extremos.
Ahora bien, hay algunas cuestiones que se deberían tener muy en cuenta. Una de ellas, es la evolución de las temperaturas globales que está superando las predicciones climáticas más conservadoras, lo que ha dejado obsoletas muchas de las planificaciones. Esta aceleración del calentamiento obliga a un rediseño profundo y urgente en áreas críticas como fenómenos extremos, umbrales de habitabilidad, infraestructuras resilientes y economía de adaptación.
Otra cuestión fundamental es el presupuesto. En este sentido, las políticas climáticas requieren financiación adecuada y las partidas destinadas actualmente a esta materia sigan siendo insuficientes en relación con la magnitud del problema. De hecho, en el informe Lancet Countdown se señala que “las limitaciones en la capacidad financiera pueden obstaculizar la capacidad de las ciudades para planificar, implementar y mantener la financiación de acciones climáticas integrales”.
Finalmente, la participación ciudadana real, vinculante y deliberativa, como las Asambleas Ciudadanas de Cambio Climático, es el pilar fundamental para que la acción climática local funcione, tenga legitimidad y continuidad a largo plazo.