Educación alerta de que la ley que blinda la concertada en Navarra “incrementará” la segregación escolar

Tras la crisis política surgida entre los socios del Gobierno de María Chivite tras la aprobación de una ley presentada por UPN con la abstención de Geroa Bai, socio del Ejecutivo, y EH Bildu, socio presupuestario, el Departamento de Educación trabaja ahora para que el blindaje a la concertada condicione lo menos posible la planificación educativa del próximo curso. Pero este jueves el consejero Carlos Gimeno ya ha alertado que uno de los efectos que tendrá será un incremento de la “segregación educativa”.

Gimeno ha explicado que la ley “tiene un título de EH Bildu, dos artículos de UPN y una disposición derogatoria de EH Bildu”. “Es una ley absolutamente Frankenstein, es un absoluto galimatías”, ha asegurado. El consejero, que ha respondido a una pregunta de Contigo/Zurekin en el pleno del Parlamento de Navarra sobre la planificación educativa para el próximo curso, ha advertido de “las dificultades que va a tener la educación pública con la ley foral”. “La ley no habla de la educación pública, solamente de la educación concertada”, ha indicado.

Además, ha considerado que “la disposición transitoria es un auténtico embrollo”. “Se está consultando con varias instancias jurídicas. ¿Qué se mantiene? ¿El número global de unidades? ¿El número global de unidades de los centros que se reducen?”, se ha preguntado.

El consejero ha sostenido que la ley “va a afectar a todas las etapas y va a afectar a los actos de adjudicación de plazas del profesorado que va a aspirar a tener un contrato administrativo”. “De momento, anticipo que los maestros funcionarios, tanto los provisionales como los desplazados, como en las comisiones de servicios, no van a poder coger plaza en el mes de junio. Tampoco la van a poder coger los especialistas de audición de lenguaje y tampoco los profesionales de minorías”, ha señalado.

Gimeno ha asegurado el Departamento trabaja “denodadamente para salvar los actos de adjudicación de Secundaria, porque obviamente hay mucha competencia de ese profesorado entre todas las comunidades autónomas y hay perfiles que escasean en esas especialidades”. “Por lo tanto, es peligroso no llegar a los actos de adjudicación de junio, un acto que suele pasar desapreciado pero que da un plus de garantía de calidad al sistema educativo y que siempre este Gobierno lo ha hecho en junio para que los directores puedan saber con qué plantilla van a contar, con qué perfiles van a contar, y para que el profesorado tenga la tranquilidad y pueda trabajar en una planificación absoluta”, ha indicado.

Además, el consejero ha asegurado que “lo peor está por llegar”. “Lo peor es que no dice nada la ley de la planificación, no dice nada de qué hacemos con las unidades necesarias y las necesidades planificadas, no dice absolutamente nada, solo habla que se mantengan y, por lo tanto, eso no satisface ni los derechos de la educación ni las necesidades del sistema”. “Trabajamos jurídicamente en el seno de la ley orgánica de Educación, en la propuesta que hace la ley para que exista una oferta pública de calidad y de cantidad suficiente en el seno también de la programación general de la enseñanza de los centros, para poder garantizar esta cuestión, porque sí que queda muy clara en la ley que queda blindada la educación concertada”. “Todos esos inconvenientes, todas esas incógnitas aparecen en la educación pública”, ha indicado.