El Gobierno de Navarra paraliza la instalación de una planta de biogás en Arróniz
El Gobierno de Navarra ha aceptado el requerimiento previo interpuesto por el Ayuntamiento de Arróniz contra la concesión a la empresa AGR Biogás S.A. de la Autorización Ambiental Integrada y la Autorización en Suelo No Urbanizable, que permitían la instalación de una planta de biogás en el municipio navarro que iba a gestionar 140.000 toneladas de residuos al año. El argumento esgrimido es que el proyecto “carece de base territorial suficiente” para verter los residuos, al “no disponer de autorización expresa por parte de los titulares de las parcelas”. Por ello, el plan empresarial ha quedado paralizado, al menos cautelarmente, al igual que otros similares incluidos en la moratoria aprobada por el Parlamento foral.
Javier Remírez, vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, ha trasladado que “el procedimiento se retrotrae”, es decir, se repetirá y se volverán a “recabar las autorizaciones” para que se cumplan “todas las exigencias legales y técnicas”.
Hace una semana, desde las plataformas ecologistas como Sustrai Erakuntza, se presentó un recurso de alzada para evitar la apertura de la planta de biogás al considerar que el proceso presentaba un “cúmulo de irregularidades”, que se sumaba a los interpuestos por más de 4.252 personas y asociaciones, animadas por la plataforma Stop Biogás Arróniz. Según comunicaban desde la fundación, había “motivos” suficientes para demostrar que el proyecto era “perjudicial para el territorio”.
Tras conocer el anuncio, desde la plataforma ciudadana Stop Biogás Arróniz consideran la paralización “un paso”, aunque reivindican que el “avance no ha sido fruto de la voluntad política”, pues el consistorio y el Gobierno “no se han movido por iniciativa propia”, sino “de la presión social y la incomodidad generada por la ciudadanía”. “No vamos a permitir que nadie se atribuya méritos que no le corresponden”, afirman, y definen las informaciones oficiales de “lavado de cara”.
A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Arróniz ha celebrado la “anulación de la autorización y la paralización del proyecto”, alegando que desde el consistorio se “ha trabajado con rigor, responsabilidad y determinación en la defensa del interés general” a partir de las herramientas jurídicas y técnicas. Según figura en su requerimiento, el plan de los residuos (digestatos) presentado por la empresa promotora de la planta “no aporta autorización expresa de los titulares de estas parcelas”, incluyéndose los de “titularidad comunal de los municipios” de esta misma localidad y Luquin, otro pueblo cercano. Los digestatos son los residuos orgánicos resultantes del proceso de una planta de biogás, obtenidos tras transformar restos como estiércol, residuos agrícolas o desechos alimentarios en energía, y que pueden utilizarse como estiércol.
De esta manera, el Gobierno de Navarra considera que, debido a que “la inclusión” de las tierras “ahora controvertidas en el plan de producción y gestión de estiércoles” no ha contado con “el consentimiento del común de los vecinos” ni del propio ayuntamiento (gestora de la tierra comunal), es motivo suficiente para estimar la impugnación. Pues existe “un déficit de base territorial para el nitrógeno generado en la planta de biometanización”.
Una información que, según los opositores de la planta de biogás, ya era conocida por las instituciones. “La moratoria supone, en la práctica, una pausa temporal tras la cual los proyectos se reactivarán, adaptándose a una normativa que consideramos insuficiente y claramente favorable a los intereses empresariales”, afirman desde la plataforma ciudadana ecologista. Además de expresar “dudas e incertidumbre” sobre cómo se resolverá el “macroproyecto”.
Por otra parte, el Ejecutivo también ha estimado el requerimiento de la Confederación Hidrográfica del Ebro para que el proyecto de modificación de actividad de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Tudela para cambiar el procedimiento administrativo de las autorizaciones (se tramite mediante una Autorización Ambiental Unificada, en lugar de una Autorización Ambiental Integrada). Este cambio no supone la paralización del proyecto ni altera su diseño técnico o funcionamiento, sino que implica retomar el procedimiento administrativo inicial, manteniendo en la práctica las mismas exigencias ambientales y controles.