El Gobierno de Navarra rechaza publicar el origen de los detenidos: “Contribuye al racismo y no mejora la prevención”

El Gobierno de Navarra ha manifestado este miércoles su disconformidad con la proposición de ley presentada por UPN para modificar de la Ley Foral 13/2023, de 5 de abril, de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, con el objetivo de “establecer la obligación del Ejecutivo foral de analizar y publicar trimestralmente los países de origen de las personas detenidas por la presunta comisión de un delito”.

El Gobierno de Navarra considera que la medida propuesta “no supone una mejora en cuanto a la prevención de delitos y es contraria al objeto de la propia ley que se plantea modificar”, ya que “puede contribuir directamente a la generación de racismo y xenofobia”, según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Ejecutivo foral, Begoña Alfaro.

“Desde el punto de vista criminológico, el origen de las personas que delinquen no tiene la más mínima afección, ni para la prevención, ni para la reducción de la criminalidad. Quien diga que publicar el origen de las personas detenidas reduce la delincuencia, miente. Y además lo hace de forma consciente y contra la evidencia científica”, ha indicado Alfaro.

En concreto, el Gobierno estima que “la difusión innecesaria del origen nacional de personas detenidas cuando no resulta relevante para la comprensión de los hechos puede contribuir a un tratamiento discriminatorio indirecto y afectar al derecho al honor, al vincular de forma reiterada determinadas nacionalidades con la criminalidad”.

El Ejecutivo foral argumenta que “la indicación sistemática del país de origen de personas detenidas por la presunta comisión de un delito no es neutra y, además de vulnerar principios básicos de igualdad, proporcionalidad y responsabilidad social, puede actuar como catalizador de racismo y xenofobia”.

Alfaro ha sido preguntada por los medios de comunicación sobre si “se siente cómoda” formando parte del Gobierno de Navarra, que tiene como socio a Geroa Bai (del que forma parte el PNV, que en el Gobierno Vasco sí ha apoyado una iniciativa en este sentido). “Para preguntas de qué motiva al Gobierno Vasco, entiendo que esa pregunta hay que formulársela al Gobierno Vasco. En cualquier caso, la comodidad personal que siento dentro del Gobierno con los compañeros y compañeras del resto de formaciones políticas es total y absoluta”, ha indicado. Según Alfaro, “hay una posición clara dentro del Gobierno” foral, con “total claridad, rotundidad y sustento normativo y jurisprudencial”, de que “esta medida en absoluto ayuda a prevenir el delito”.

“Soy una firme defensora de toda la arquitectura legal que se aprobó tras la Segunda Guerra Mundial, ligada a no discriminar por motivos de género, etnia, raza”, ha añadido. “A mí jamás se me ocurriría, por ejemplo, preguntar por la ideología, la religión de los defraudadores a la Hacienda Foral, de quien incurre un delito de apropiación indebida, prevaricación”. “Porque no ayudaría a prevenir el delito. Y es la misma filosofía que sustenta que hayamos adoptado esta posición”, ha manifestado.

La vicepresidenta Alfaro ha indicado que el posicionamiento del Gobierno de Navarra “se basa en la numerosa legislación europea, estatal y foral contraria a la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión”.

Así, ha mencionado la recomendación de Política General número 11 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), que “define el perfilado étnico como el uso, sin justificación objetiva y razonable, de criterios como la raza, el color, la lengua, la religión, la nacionalidad o el origen nacional o étnico en actividades de control o investigación, considerando dichas prácticas como discriminatorias y basadas frecuentemente en estereotipos, que conducen a la criminalización de minorías”.

El Gobierno de Navarra cita además la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que “reconoce el derecho a la igualdad de trato y no discriminación con independencia de la nacionalidad y prohíbe la discriminación directa e indirecta por origen racial o étnico, imponiendo a los poderes públicos un deber de prevención”.

En el ámbito foral, el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia de Navarra aprobado en 2002 “establece, respecto al ámbito de justicia y seguridad, la necesidad de prevenir el racismo institucional, velar por la no discriminación por motivo de raza u origen étnico/migrante en la legislación foral y en la actuación administrativa, dotar a la Administración de mecanismos de observación y control y garantizar prácticas no discriminatorias en la acción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.

“Percepción distorsionada y estigmatización colectiva”

La proposición de ley foral de UPN rechazada plantea añadir un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 19 de la Ley Foral 13/2023, con el fin de “establecer la obligación de la Administración Foral de analizar y publicar trimestralmente los países de origen de las personas detenidas por la presunta comisión de un delito”.

Según señala la proposición, “la finalidad es contribuir, junto al análisis de datos, a la caracterización de perfiles de delincuentes, a la prevención de conductas delictivas y a la reducción de la criminalidad”.

Pero “lejos de este punto de vista”, la Dirección de Políticas Migratorias ha emitido un informe en el que considera que “aportar sistemáticamente estos datos contribuye a reforzar estereotipos negativos, promueve la estigmatización colectiva por una conducta individual, genera una percepción distorsionada y puede tener un impacto social acumulativo, ya que aunque una sola mención pueda parecer irrelevante, su reiteración en el discurso puede contribuir a la polarización social, discriminación cotidiana, discurso de odio y violencia simbólica o incluso física contra determinados colectivos”.

“Al oír con frecuencia noticias que destacan el origen extranjero, algunas personas pueden sobreestimar la proporción real de delitos cometidos por población migrante, aunque los datos no lo respalden”, indica el informe.