Dos decretos: uno para Junts y otro para Sumar
El periodista Iñaki López lo ha resumido a la perfección: “Habrá dos decretos. Uno de fogueo. El otro, para que pase el visto bueno de PNV y Junts”.
Todos se han movido para llegar a los dos textos. Obligados y ya veremos con qué resultado, pero lo han hecho. Son medidas paliativas e imprescindibles, un escudo social mejorado para hacer frente a una situación de emergencia. No aborda cambios estructurales porque requerirían modificaciones legislativas que no se hacen en una semana y tampoco existe una mayoría parlamentaria que lo permita. Menos aún en tiempo de descuento electoral.
El PSOE ha aceptado propuestas que antes había rechazado. La primera, plantar cara a los fondos buitre, tal y como Sumar había reclamado sin éxito. También ahí Junts ha avanzado en el sentido correcto. Bienvenido sea un viraje que llega tarde para mucha gente y que solo se explica por la presión de la calle.
El decreto que tiene más opciones de prosperar plantea una mayor protección frente a desahucios hasta 2030; regulación del alquiler de temporada y por habitaciones; prohibición de compras de vivienda por fondos buitre hasta 2028, y la prórroga de dos años para los contratos que vencen antes de 2029. El voto de Podemos puede ser el que decida si se acaba convalidando o no. Si lo hace en contra, al lado de PP y Vox, lo tumbaría. Pero tiene una opción intermedia, que es la de una abstención que permitiría que se aprobase igualmente. De esta manera, expresaría su rechazo al texto por considerar que se queda demasiado corto, pero dejaría que saliese adelante. Ione Belarra afirma que esta vez el “divide y vencerás” del Gobierno no funcionará con ellos. La pregunta es si su alternativa puede ser un “todo o nada”.
El segundo decreto es el que propone la renovación automática de los alquileres. Es una medida que tiene sentido porque, aunque haya quien quiera interpretarlo como una vulneración de los derechos del propietario, en realidad no es así. A modo de resumen: el casero puede recuperar el piso si es para un familiar directo o para venderlo. Países como Francia, Alemania o Reino Unido cuentan con fórmulas parecidas que podrían explorarse, incluso con cláusulas frente a incumplimientos del inquilino.
Los sindicatos de inquilinos defienden que 9 millones de españoles que viven hoy de alquiler están en riesgo de ser expulsados del piso en contra de su voluntad. Y no les falta algo de razón: cuando vencen sus contratos, renovarlos está en manos del casero. Si se trata de un fondo buitre aumenta el riesgo, pero que sea otro tipo de propietario no es garantía de nada. Actuar como un buitre es una actitud: hay propietarios que son así y otros que no. Por eso es importante acabar con la idea de que en España es muy fácil echar a la gente de su casa, más aún después de la caída del escudo social, la conocida como moratoria antidesahucios, a principios de año en el Congreso. Tampoco es cierto que estas renovaciones puedan equipararse a los contratos de renta antigua, mucho más rígidos y con subrogaciones.
Jaime Palomera, experto en vivienda en el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, recuerda que, cuando Blackstone quiso desembarcar en Dinamarca, con la compra de 160 propiedades con 2.300 viviendas en la capital danesa solo entre 2017 y 2019, lo que hizo allí el Gobierno fue endurecer las condiciones y aprobó la conocida como norma anti-Blackstone. Una de las decisiones fue aplicar una moratoria de 10 años en los aumentos de alquiler.
El objetivo no puede ser otro que frenar la especulación, la fomente quien la fomente, y construir vivienda protegida a gran escala. Ahí es donde las administraciones, en especial las autonómicas y municipales, deben aplicarse. Toca liberar suelo, buscar solares donde parece que no los hay, reconvertir oficinas que ya nunca más lo serán o ejercer el derecho de compra preferente de viviendas para ampliar el parque público.
A estas alturas, pocos niegan que la solución a la crisis también pasa por construir más debido a la creciente demanda, aunque esperemos que sin cometer errores del pasado como la liberalización masiva de viviendas protegidas.
El Banco de España ha calculado que se necesitan 750.000 viviendas. La mitad se concentra en Madrid, Barcelona, València, Alicante y Málaga. Miren dónde están los pisos turísticos y de temporada y encontrarán que una parte importante de la explicación está ahí. Otro dato de ese informe: los precios de compra y alquiler suben por encima de los salarios. Actualmente, todos los hogares en alquiler de España deberían destinar 6,8 años de renta íntegra para comprar una vivienda. Pero, para las capitales de provincia más tensionadas, como Madrid o Barcelona, puede superar los 10 años. Ahora miren quién está en las plazas y en las manifestaciones de esta semana y también encontrarán una parte de la explicación.
P. D. Feijóo, ya antes de conocer el contenido, avanzó que, cuando los decretos lleguen al Congreso, el PP se opondrá. Que no sorprenda no significa que no sea noticia.