El derecho a tener derechos
Hay líneas que no deberían cruzarse y, sin embargo, se están cruzando. Los acuerdos que avanzan en algunas comunidades, que unos llaman “arraigo” y otros “prioridad nacional”, esconden en realidad lo mismo: la pretensión de poner a unas personas por delante de otras en el acceso a derechos básicos por su nacionalidad. No estamos ante una política discutible; estamos ante una negación del ser humano, incompatible con la democracia, con la Constitución, con Europa y con cualquier idea de derecho natural. Y eso está generando una alarma creciente en la sociedad, en cualquiera que entiende que los derechos no pueden depender del origen.
Porque en España los derechos fundamentales no dependen del pasaporte. Ese ha sido uno de los consensos más valiosos de nuestra convivencia. Lo que ahora se plantea no lo matiza: lo rompe. Y al hacerlo abre algo más grave: una grieta en la que la dignidad deja de ser universal para convertirse en condicional. Cuando se empieza a decidir quién tiene derechos, se cuestiona al propio ser humano y se activa una lógica que la historia ha demostrado devastadora.
Como advirtió Hannah Arendt, el derecho esencial es el derecho a tener derechos. Cuando ese principio se quiebra, la democracia deja de ser igualdad y empieza a convertirse en un sistema que separa, clasifica y excluye.
Ese deslizamiento ya está en marcha. Se construye un relato que presenta a las personas migrantes como problema o amenaza, cuando la realidad demuestra lo contrario. España necesita inmigración para sostener su mercado de trabajo, su relevo generacional y su sistema de protección social. Las personas extranjeras trabajan, cotizan, cuidan, producen y sostienen sectores enteros de nuestra economía. Son parte de nuestra sociedad, aunque algunos se empeñen en situarlas fuera para convertirlas en un chivo expiatorio.
La gravedad alcanza su punto más extremo cuando afecta a menores. Los niños y niñas extranjeros no son una categoría política ni un instrumento de confrontación. Son sujetos de derechos cuya protección debe ser absoluta. Convertirlos en objeto de disputa no solo es una quiebra ética; sitúa a quienes lo hacen fuera del consenso internacional más básico —jurídico, político y humano— que obliga a proteger a la infancia sin condiciones. Apartarse de ese consenso no es una opción política más: es un paso atrás que erosiona los fundamentos mismos de una sociedad civilizada.
También desde el plano moral el mensaje es claro. El Papa ha recordado que las personas migrantes no son una amenaza, sino seres humanos con dignidad. Y la dignidad no se relativiza, no se gradúa, no se negocia. Ese recordatorio conecta con la base ética de cualquier sociedad democrática.
La llamada “prioridad nacional” no resuelve ninguno de los problemas reales —la vivienda, la desigualdad, la precariedad—. Lo que hace es desviar la atención y dirigir el malestar hacia quienes menos responsabilidad tienen. Es, en definitiva, una coartada que simplifica lo complejo a costa de debilitar lo esencial.
Pero hay una paradoja que debería incomodar. España ha sido un país de emigración, también interior. Durante décadas, miles de personas dejaron regiones como Extremadura o Aragón para buscar oportunidades en otros territorios. Esa movilidad forma parte de nuestra historia y explica buena parte de nuestro desarrollo. ¿Qué ocurriría si quienes se marcharon regresaran hoy y se encontraran con un sistema que les exige “arraigo” para acceder a derechos básicos? ¿Qué ocurriría si se les dijera que no cumplen, que hay otros “más de aquí” que deben pasar por delante?
La lógica de la exclusión no se detiene. Cuando se acepta, se expande.
Porque cuando los derechos dependen del origen o del tiempo de permanencia, la frontera deja de ser un límite jurídico y se convierte en una línea arbitraria que puede moverse en cualquier momento. Hoy son otros. Mañana puede ser cualquiera.
Por eso la conclusión es inevitable: cuando se decide quién tiene derecho a tener derechos, lo que está en juego no es solo la vida de otros, sino el fundamento mismo de la democracia. Y frente a eso no cabe la indiferencia. Defender la democracia, la libertad y los derechos no es una opción: es una obligación cívica. Es defendernos a nosotros mismos frente a una deriva que, si no se frena, termina por arrasarlo todo.