“Renovables sí, pero no así”, dijo Sorogoyen en la gala de los Goya de este año. Que las energías renovables sí, pero no con macroparques, es la idea que difunden colectivos rurales en contra de que sus territorios sean invadidos de parques eólicos y fotovoltaicos. Una protesta que se ha reavivado a raíz de la rebaja de los requisitos ambientales y sociales que exigían las autoridades gubernamentales a este tipo de instalaciones, y que ha puesto de nuevo al movimiento ecologista a la gresca, entre los mutuamente descalificados como colapsistas y posibilistas.
Las dos vertientes debaten si es posible la transición energética sin cambiar el modo en que se organiza la sociedad. Es decir, si las renovables van a permitir seguir funcionando al capitalismo reemplazando los fósiles por la energía del viento y del sol. Los colapsistas consideran que hay que asumir la reducción de energía disponible mediante procesos democráticos. Los posibilistas se empeñan en mostrar la validez de los informes que muestran que la transición es posible a golpe de macroparque.
Los números de la fotovoltaica
Pero, ¿es necesario tanto macroparque con la energía fotovoltaica? En 2022 se instalaron 7 gigavatios (GW) de paneles solares, 2,5 bajo la modalidad de pequeñas instalaciones de autoconsumo, y los 4,5 restantes en forma de grandes parques fotovoltaicos. Con estos nuevos 7 GW, la potencia total de fotovoltaica se sitúa en los 25 GW, a sólo 14 de los 39 GW que contempla como objetivo para 2030 el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Este proyecto es la guía aprobada por el Gobierno para cumplir con nuestros compromisos climáticos internacionales. Si se continúa a la misma velocidad que hasta ahora, en el 2024 se alcanzará la cifra prevista de gigavatios fotovoltaicos para 2030 que marca el PNIEC.
Ante la evidencia de estos datos, los posibilistas argumentan que el PNIEC se ha quedado obsoleto. En un tuit de Pedro Fresco, el exdirector General de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, recoge un cálculo aproximado de la potencia total de generación renovable que necesitaría nuestro país para alcanzar la neutralidad climática en 2050. En el caso de la fotovoltaica, implicaría alcanzar la cifra de 200 gigavatios, de los cuales tan solo 50 se instalarían sobre techos. Según Fresco, si hay 25 gigavatios y se necesitan 200, queda muchísimo camino por recorrer y la mayor parte de esa senda, según sus argumentos, habría que crearla mediante grandes instalaciones en el suelo rural.
Sin embargo, la demanda de electricidad en las horas centrales del día y su almacenamiento no está aumentando a la misma velocidad que el nuevo parque de generación. Así lo argumentan las voces que alertan sobre el exceso de capacidad instalada. No tiene sentido instalar en el menor tiempo posible, sino hacerlo de forma ordenada, electrificando primero los usos energéticos y, después, ajustando el despliegue de nueva generación renovable al aumento de la demanda eléctrica.
Usar la electricidad como principal fuente energética es un proceso lento: ni el coche eléctrico, ni las bombas de calor son una realidad palpable. No existen apenas interconexiones con Europa y ni el almacenamiento, ni la reindustrialización de nuestro país, o la posibilidad de convertirnos en una potencia del hidrógeno van a ver llegar muy lejos en esta década. El desajuste entre oferta y demanda empieza a ser un grave problema que podría ir a más.
Autoconsumo y nada más
En 2022, según los datos del sector, se han montado unos 7 gigavatios, de los cuales 2,5 GW han sido bajo la modalidad de autoconsumo, el doble que el año anterior. Parecería razonable concentrar los esfuerzos —y los tuits— en fomentar este tipo de instalaciones. Además, se ha aprobado la ampliación de la distancia que permite hacer autoconsumo de proximidad: de 500 metros a dos kilómetros. Se abre un mundo de oportunidades para la fotovoltaica distribuida.
No obstante, para posibilitar el despliegue de esta tecnología de una manera más eficiente, es necesario resolver los siguientes retos: casi no hay instalaciones residenciales colectivas, a pesar de que más de dos terceras partes de la población vive en bloques verticales y que las instalaciones en los edificios son especialmente rentables para sus vecinos. Además, los procesos burocráticos y el desconocimiento retrasan su implantación.
Cada vez son más las señales que muestran que el mercado está activando una nueva burbuja con las renovables, como sucedió en el sector inmobiliario con el ‘ladrillazo’ de 2008. Es posible que la actual fascinación por las renovables acabe como la del sector de la construcción: con un ladrillazo energético. Igual que permanecieron grandes edificios a medio construir, pueden quedar parques solares abandonados en manos de los bancos. La energía no puede ser un campo exento de democracia. La discusión sobre las renovables no puede obviar un elemento esencial: la propiedad de los medios de producción de la energía. Es necesario un debate pausado para crear puentes entre quienes quieren conseguir una transición ecológica.
Energía en manos de las personas
Un prosumidor es quien produce y consume a la vez. Y en lo que todos los ecologistas están de acuerdo es en que tiene sentido un modelo en el que esta figura ocupe un papel cada vez más relevante. Las directivas europeas ya consagran la figura del prosumidor energético: personas y pequeñas organizaciones que producen y consumen su propia energía y que participan como agentes activos en la operación del sistema energético. Una vía que podría llegar muy lejos, gracias a figuras como las comunidades energéticas locales, hasta alcanzar a la gestión de la demanda, el almacenamiento con baterías o la distribución eléctrica local. Un camino que arranca con el autoconsumo en todas sus formas.
Se pueden cumplir los objetivos del plan del Gobierno, con una incidencia mínima en el medioambiente y dedicar estos años a debatir de un modo sosegado y democrático dónde localizar la nueva potencia en las siguientes décadas. Además, la potencia ocupará menos superficie, teniendo en cuenta la evolución tecnológica en el tamaño y potencia de los paneles.
Con las renovables, y muy en particular con la tecnología fotovoltaica, se ha abierto una posibilidad que el modelo fósil y nuclear hacía inviable: poner en manos de la ciudadanía el control de un servicio de primera necesidad como la energía.
Está en nuestra mano introducir un poco de cordura en el despliegue de las renovables en general y de la fotovoltaica en particular. Puede lograrse si la ciudadanía se organiza para explotar las posibilidades del autoconsumo. Las renovables no pueden ser un elemento invasor en el medio rural. Una propuesta podría ser que en todos los municipios amenazados por los macroparques se construyan pequeñas instalaciones fotovoltaicas de propiedad colectiva sobre terrenos escogidos.