Cinco años llamando dictador a Sánchez tienen consecuencias
Si durante cinco años un dirigente político repite que el Gobierno está destruyendo la democracia, las consecuencias no son únicamente retóricas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a denunciar que España atraviesa un proceso de “puro autoritarismo y descomposición” por culpa de Pedro Sánchez. No es la primera vez, claro. Durante la pandemia afirmó que “estamos ante el gobierno más autoritario que hemos conocido en democracia”, mientras que en 2022 fue a más al decir que “vamos camino de una dictadura sometidos por un tirano que pone en peligro el Estado de Derecho”. Desde entonces, es habitual escucharla repetir las mismas ideas mediante diferentes fórmulas.
Cuando se acumulan cinco años insinuando el advenimiento de una dictadura autoritaria de izquierdas no podemos decir que se trate de un despiste, de frases sacadas de contexto o de excesos producto de la emoción del momento. Debemos concluir que se trata de una estrategia política deliberada. Una que persigue, al menos, dos cosas. La primera, criminalizar al gobierno al presentarlo ante una parte de la ciudadanía como ilegítimo. Al fin y al cabo, si se trata de un gobierno que aspira a derrocar la democracia cualquiera puede concluir que su legitimidad de origen no otorga protección suficiente. En segundo lugar, este discurso genera en una parte de la sociedad la sensación de que ante tamaño riesgo todo lo que se pueda hacer para acabar con el gobierno es poco. Aznar lo resumió bien: “quien pueda hacer, que haga”. De hecho, hay quien puede ir más allá y pensar que, dada la gravedad de la acusación contra el gobierno, la reacción necesaria no debe tener en cuenta la frontera de la legalidad; es decir, que la causa mayor bien merece la subversión de ciertas normas.
La paradoja de todo esto es fácil de ver. Es verdad que las acusaciones de Isabel Díaz Ayuso son infundadas y fantasiosas, y que probablemente tienen más que ver con la necesidad de ocupar un espacio político de derecha radical —en competencia con VOX— que en una observación aséptica de los procesos políticos en España. Pero las consecuencias de su discurso son totalmente reales, porque sus seguidores creen ciertamente en la veracidad de las acusaciones y piensan y actúan consecuentemente. Cabe reprochar a la izquierda muchas cosas, pero no haber construido una estrategia sistemática de deslegitimación del sistema constitucional ni de los gobiernos salidos de él. La derecha, en cambio, lleva un lustro haciéndolo —¡y en nombre de la propia democracia! —.
Se puede objetar que también la izquierda ha cuestionado la legitimidad del sistema: el “no nos representan”, la crítica al régimen del 78, el republicanismo. Yo mismo he participado activamente en esos procesos. Pero aquí la diferencia es doble. Aquella crítica apuntaba a un marco institucional que se proponía reformar por vías democráticas, no a la legitimidad de origen de un gobierno concreto salido de las urnas. Y, sobre todo, aquella crítica no venía acompañada de una preferencia por el autoritarismo, ya que cuestionar cómo funciona la democracia realmente existente no es lo mismo que estar dispuesto a cambiarla por un sistema autoritario. Y, como veremos, para mucha gente en España este discurso de Ayuso y VOX desemboca precisamente en ese punto.
Así, lo que algunos vemos como un peligro —una derecha dispuesta a prácticamente todo para hacer caer a un gobierno democráticamente elegido—, ese sector radicalizado lo ve como un pensamiento coherente y lógico. Tras tantos años escuchando que Pedro Sánchez es un autoritario malévolo y que el gobierno de coalición tiene en realidad el propósito de instaurar una dictadura socialcomunista, es normal que los supuestos salvadores crezcan como champiñones. Pero no lo hacen de manera espontánea, sino instigados por dirigentes políticos que sacan provecho de ese estado de las cosas. Por eso tanto VOX como Ayuso han convertido esta línea discursiva en un eje central de su estrategia.
Hay que recordar que parte importante de la derecha española mantiene una relación histórica mucho más ambivalente con la democracia, resultado del proceso histórico reciente. La dictadura franquista fue un proceso combatido fundamentalmente por la izquierda, y muy particularmente por el movimiento obrero y el Partido Comunista. En este sentido, para la izquierda las nociones de democracia, desarrollo y libertad se solapan y confunden. Para las derechas esto no es así, y la democracia, desarrollo y libertad pueden caminar independientemente: la dictadura franquista, para muchos de sus defensores, fue sinónimo de enriquecimiento, libertad (libertad económica para determinados sectores y libertad para expresar un pensamiento afín al régimen) e incluso de desarrollo moderno (como durante el tardofranquismo). Por no hablar de la nostalgia reaccionaria de ver en los tiempos de la dictadura la verdadera esencia del pueblo español, con su modelo de obediencia laboral, sus “barrios con toldos verdes” —expresión melancólica de un diputado actual de extrema derecha—, su gran homogeneidad étnica y, sobre todo, por su “sistema de control” para los excesos (represión ideológica).
Cuando sumamos ambas cosas, esto es, un vínculo más débil con las instituciones democráticas y una disposición mayor a subvertirlas a fin de lograr una causa mayor, entendemos mejor los resultados de la última encuesta sobre calidad democrática (del CIS). Publicada esta misma semana, recoge que el porcentaje de ciudadanos que considera “en algunas circunstancias” preferible un gobierno autoritario a un sistema democrático se dispara entre los votantes de derechas.
Aunque entre el conjunto de la población española este porcentaje es de un 8,8%, entre los votantes de VOX asciende al 29,4%; entre los votantes del PP al 10,8%; y entre los votantes de otros partidos de derechas —Junts, UPN, PNV— al 10%. Por el contrario, entre los votantes de izquierdas esa opción de preferir un gobierno autoritario es marginal: 2,5% en PSOE y 1,3% entre otros partidos de izquierdas.
Una precisión importante: no estoy diciendo que podamos inferir que estos datos sean el resultado de la estrategia discursiva de la extrema derecha y de Ayuso. Pero sí podemos afirmar que todo el proceso de deslegitimación del gobierno llevado a cabo por ellos conduce al mismo punto: al descrédito de la propia idea de la democracia. Desde el punto de vista de una mente conservadora, si la democracia supone “algo” tan peligroso —para su noción de España— como Pedro Sánchez, el gobierno de coalición y sus políticas sociales, es fácil desmerecer a la propia democracia. Cuanto más peligroso parece Sánchez a las derechas, menos valor tiene para ellos la democracia que le permitió ser presidente. Por eso es coherente que hasta el 90% de los votantes de VOX y el 67% de los del PP se declaren poco o nada satisfechos con la democracia. Se dirá, con razón, que parte de esa insatisfacción es la que produce estar en la oposición, y que las cifras de la izquierda tampoco son bajas (50% en SUMAR, 38% en PSOE). Pero la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia no equivale a la disposición a prescindir de ella. Ese contraste es el que deja de admitir explicaciones benignas: repito, un 29,4% de los votantes de VOX prefiere, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario, frente al 2,5% de los votantes del PSOE y 1,3% de otras izquierdas.
Cabe insistir en que la mayor amenaza para una democracia no siempre consiste en que alguien la derogue de un día para otro. El proceso de deterioro es más sutil, y a menudo comienza cuando una parte creciente de la sociedad deja de considerarla digna de ser defendida. Si durante años se convence a millones de ciudadanos de que el Gobierno surgido de las urnas es en realidad un régimen ilegítimo, autoritario o incluso dictatorial, el problema ya no es solo la falsedad de esa acusación. El problema es que, llegado el momento, cualquier respuesta contra ese supuesto enemigo parecerá justificada. La deslegitimación sistemática de la democracia acaba erosionando la propia cultura democrática, y reconstruir esa confianza resulta mucho más difícil que destruirla.