Cuando el ciudadano deja de creer
Una democracia sana no puede permitirse un poder judicial bajo sospecha y, sin embargo, el nuestro lo está. De hecho, un 60% de los españoles está convencido de que hay jueces que hacen política y políticos que tratan de hacer justicia. El dato es de un reciente sondeo de Ipsos que dibuja una ciudadanía descreída de la imparcialidad de la justicia, más allá de sus preferencias ideológicas. Así lo cree el 80% de los votantes del PSOE o Sumar, pero también el 41% de los del PP y el 55% de los de Vox. Parecidas conclusiones aparecen en otro trabajo de 40dB, en el que solo el 32% de los encuestados cree que las resoluciones sobre asuntos políticos son justas e imparciales mientras que seis de cada diez considera que en España hay lawfare.
El retrato es demoledor, si bien los guardianes de la pureza ética y periodística creen sospechosa la publicación de dos sondeos en sendos medios de comunicación el mismo día. Una boutade más de los creadores de las realidades paralelas y de quienes, a falta de consistencia política, han convertido a los togados en protagonistas de la conversación pública y delegado en ellos la verdadera oposición al Gobierno. A falta de votos, bienvenidas sean las togas.
Guste o no, la venda que cubre los ojos de la Justicia ha caído en el lodazal del debate partidista y algunas togas están bajo sospecha. No todas, claro. Son unas cuantas solo de las más de 5.000 que se visten en España las que han asumido como propio el lenguaje de las trincheras, dictado resoluciones más políticas que jurídicas, jugado con los tiempos y hasta acuñado un nuevo sujeto penal -el entorno- para condenar a alguien sin pruebas que acrediten su culpabilidad en un proceso. Ha pasado con el ex fiscal general del Estado, pasará pronto con el hermano del presidente del gobierno a quien sentaron en el banquillo por “un chascarrillo” y volverá a suceder con Begoña Gómez.
El maltrato político y judicial al que se ha sometido a la esposa de Pedro Sánchez no tiene analogía en 50 años de democracia. El pasado 20 de junio, el juez Juan Carlos Peinado firmó el auto que las derechas política y mediática daban por hecho desde hacía meses: la apertura de juicio oral con jurado popular contra la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Le retiró el pasaporte, le prohibió salir de España y le obligó a comparecer en el juzgado cada quince días.
Pocos casos judiciales condensan mejor el tsunami de desconfianza que sacude a la justicia y pocos sirven mejor para ilustrar por qué ese escepticismo no admite lecturas simples si se repasa fríamente la realidad de los hechos. La denuncia original partió del sindicato ultraderechista Manos Limpias y se construyó con recortes de prensa, no con documentación acreditada, Incluso una de las noticias resultó ser falsa porque atribuyó a Gómez una subvención que en realidad correspondía a otra persona.
Contra la jurisprudencia que prohíbe admitir denuncias basadas solo en recortes de prensa, el instructor siguió adelante con el caso, pese a que el primer informe de la Unidad Central Operativa concluyó que no había delito. La investigación empezó con el rescate de Air Europa, saltó después al empresario Juan Carlos Barrabés, luego a la Universidad Complutense… La acusación ha cambiado de objeto sobre la marcha, sin un hecho fijo que investigar, según ha denunciado en varias ocasiones la defensa de Gómez, que cuando pidió que se concretara el motivo de las pesquisas recibió como respuesta que se investigaba a su representada por ser la mujer del presidente del Gobierno.
El entorno de Gómez se ha quejado en reiteradas ocasiones que el juzgado filtra sus decisiones a la prensa y, después, las comunica a las partes de tal forma que la instrucción se ventila en los periódicos antes que en los tribunales. También de que la esposa del presidente tuviera que declarar en el juzgado sin saber de qué se le acusaba y se le obligara a leerse el sumario en un pasillo.
A lo largo de casi dos años de instrucción han pasado por sede judicial alrededor de 53 personas, entre ellas el presidente del Gobierno, el ministro de la Presidencia, el rector de la Universidad Complutense, directivos de Google, Telefónica, Indra, IE University, fundaciones colaboradoras de la cátedra que Gómez dirigió y numerosos responsables académicos y empresariales.
La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado varias decisiones del juez; revocado las imputaciones al rector de la Complutense y al empresario Juan Carlos Barrabés por falta de indicios suficientes; criticado la amplitud y la falta de concreción de la instrucción y tumbado la decisión de convertir la causa en un procedimiento ante jurado popular por no justificar qué conductas concretas lo exigían. Hasta en 19 ocasiones ha sido corregido por una instancia superior y en varias, por vulneración de derechos fundamentales en el proceso. Esto además de que Tribunal Supremo, por su parte, rechazara la imputación al ministro de Justicia, Félix Bolaños, al no hallar indicios de delito, después de que el propio Peinado lo señalara por falso testimonio y malversación.
Y ahora Peinado, como colofón a su estrambótica instrucción, se marcha de vacaciones y deja a un sustituto la decisión de si permite a la esposa de Pedro Sánchez viajar este martes primero a Turquía a la cumbre de la OTAN a la que ha sido invitada oficialmente y, luego, a Londres a la graduación de su hija. Así fue solicitado por su defensa hace una semana, después de entregar el pasaporte ante el juzgado. Y en una decisión más exótica que jurídica, unas horas antes de tener que volar rumbo a Ankara, el interino le prohibía el traslado a Turquía porque “no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea”, pero le permitía volar a Reino Unidos. Cosas veredes...
Lo grave para la malhadada credibilidad de la justicia y para la democracía ya no es tanto la autorización para que viaje o no, sino que, visto el recorrido del caso, hay dudas razonables sobre si Gómez se sentará en su momento ante un tribunal que falle conforme a derecho o al color político del banquillo. Lo que revelan los sondeos publicados no es más que la consecuencia lógica a que haya togados dispuestos a convertir cada auto en una trinchera. Así es como se extiende cada vez más la sospecha de que algunas sentencias pueden estar escritas antes incluso de que empiecen los juicios.