Cultura, educación y democracia: lo que está en juego el 29N
Nos jugamos muchas cosas en las próximas elecciones. Vivienda, salarios, impuestos o inmigración están, con razón, en el centro de la campaña. Pero si uno observa con atención los programas del PP o de Vox, observa otros elementos, menos visibles pero no por ello menos decisivos. Me refiero al papel de la cultura y la educación en un sistema democrático. No me refiero a aspectos también significativos como el estatuto de los artistas o a las condiciones laborales de los maestros, sino a cómo una sociedad se piensa a sí misma. Hoy es clave identificar en los discursos de cada partido quién cabe en ese “nosotros” cuando plantean sus propuestas. Propuestas y postulados que acaban excluyendo a más o menos gente y a distintos puntos de vista.
En un libro ya clásico sobre las necesidades básicas de las personas, Len Doyal e Ian Gough situaban en primer lugar a la salud y en segundo a la autonomía como elementos centrales. Pero añadían una tercera necesidad básica, aquello a lo que llamaron “autonomía crítica”, entendida cómo la capacidad de cuestionar las reglas de la propia comunidad y de poder participar en su cambio. El sistema educativo y la esfera cultural son los espacios donde esa capacidad se forma y se despliega. No se trata de que todos pensemos lo mismo, sino que podamos defender nuestros puntos de vista, nuestras discrepancias, con argumentos y solidez. El disenso no es una anomalía de la democracia, es precisamente lo que caracteriza su manera de funcionar y que califica su grado de solidez.
Es en el espacio cultural, es en la dinámica educativa, donde se disputa el sentido de lo que nos pasa, donde se plantean escenarios de futuro plausibles. Sin duda, para que todo ello sea posible, han de estar cubiertas las dos primeras necesidades básicas, las condiciones materiales que lo posibiliten, pero esa prioridad no convierte a la cultura y al pensamiento en un tema menor.
Si tomamos el programa de Vox, no hay remilgos en proponer la “eliminación de contenidos ideológicos ajenos a las materias académicas”, la derogación de la LOMLOE, la unificación de currículos, evaluaciones e inspección, la promoción de una “cultura nacional” y de la historia común española, la defensa de la tauromaquia y la protección de tradiciones y costumbres frente a cualquier posible imposición ideológica. Se añade a ello una cuota máxima de alumnos procedentes “de otras culturas”, el fin de los menús halal y el establecimiento de la llamada “prioridad nacional” en las ayudas educativas. La cultura pierde su potencial creativo y crítico para aparecer como un patrimonio a conservar y a transmitir.
En el programa del PP, el espíritu es parecido, pero las propuestas son mucho menos explícitas. Bajo el epígrafe “Cultura en libertad” se promete corregir los sesgos ideológicos en las ayudas institucionales y acabar de una vez por todas con la cultura de la cancelación. Apuesta por sustituir la Ley de Memoria Democrática por lo que califica como “ley de concordia”, restituir el Premio Nacional de Tauromaquia y apartar al gobierno de la confección de los currículos de historia, para que sean las Reales Academias las que se ocupen de ello. Late un mismo diagnóstico que en el caso de Vox, la cultura y la escuela están siendo colonizadas ideológicamente y es prioritario proceder a su desideologización.
Si nos miramos todo lo anterior desde la perspectiva de los derechos culturales planteada en la Declaración de Friburgo, ambos programas hablan mucho de patrimonio, identidad y de una aparente neutralidad, y muy poco de participación, de creación o de reconocimiento de la diversidad como un valor a defender. La igualdad se confunde con homogeneidad, es decir ser iguales es tener la misma lengua, la misma historia, el mismo patrón de valores y perspectivas.
Pero, cuidado, no estamos hablando solo de hipótesis o de cosas que puede pasar si PP y Vox conforman gobierno tras el 29N. Muchas de esas cosas están ya pasando donde ambos partidos gobiernan juntos. En Castilla y León, la consejería de Cultura en manos de Vox, exige a quien pide ayudas para el cine que firme un compromiso de no incluir “adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas. No sabemos lo que se considera ”adoctrinamiento“, pero, como muestra, el titular de la consejería ha tildado a la Seminci de Valladolid de estar ”ideologizada“.
En la Comunitat Valenciana, la ley de acompañamiento de los presupuestos, surgida del pacto entre PP y Vox, encarga a la inspección educativa que vele por la “neutralidad ideológica” de las actividades docentes, de los materiales y de los actos escolares. Y, al mismo tiempo, se ha abierto un canal específico para que familias o terceras personas puedan denunciar posibles casos de adoctrinamiento, sin que quede claro a qué se hace referencia.
Nadie duda que las instituciones públicas han de tratar de ser neutrales en sus programas y actividades, dentro de los valores que la democracia conlleva y que en nuestro caso se expresan con claridad en la Constitución. Pero, ¿es adoctrinar explicar que las dictaduras vulneran derechos?, ¿lo es hablar de violencia de género?, ¿programar una obra de teatro o subvencionar una película crítica e incómoda para el poder constituye una acción de adoctrinamiento?. La neutralidad proclamada nunca es neutral. Lo que se presenta como ausencia de ideología es una ideología concreta. Lo que se considera natural o propio de una tradición y de una historia, no lo es para los que se han visto o se ven excluidos o desconsiderados. ¿Los toros son cultura sin sesgos y el feminismo o la diversidad serían, en cambio, pura ideología?. Toda política cultural implica elegir, tomar partido y lo honesto es discutirlo y someterlo a debate, no disfrazarlo de un puro ejercicio técnico.
La Constitución en su artículo 9.2 afirma que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectiva; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” (art. 9.2 C.E.). Tal contenido incorpora una notable carga ideológica. No es para nada neutral. Responde a los principios que inspiraron la reconstrucción democrática tras el fascismo y el nazismo.
El 29 de noviembre no solo elegimos gobierno. Elegimos también qué esfera pública y qué escenario cultural queremos. Una democracia abierta necesita escuelas, universidades y espacios culturales donde se pueda discrepar sin miedo, donde docentes y creadores sean tratados como profesionales y no como sospechosos, e instituciones que entiendan la diversidad como un valor y no como una amenaza. La autonomía crítica no es lujo para tiempos tranquilos. Es lo que nos permite atraviesa tiempos difíciles sin entregarnos a quien promete certezas y seguridad a cambio de silencio.