¿Dónde está el menor cuando el profesorado hace huelga?
Escribo desde dentro y por partida triple, aunque cada condición me sitúa a distinta distancia del conflicto. Soy profesor de universidad pública: doy clase a adultos, así que la huelga de secundaria no me afecta como docente, pero me interpela como parte del mismo gremio. Represento a mis compañeros en el comité de empresa, y conozco por dentro el valor y los límites de la herramienta sindical. Y soy padre de dos hijos en la escuela pública de Osona, de 13 y 9 años, en un territorio semivaciado sin alternativas cuando el aula cierra. Ahí, en casa, el conflicto deja de ser un principio y se vuelve cotidiano. Defiendo la educación pública porque de ella dependen mis hijos y nuestro futuro.
Y por eso quiero hacer una pregunta incómoda que casi nadie se hace: ¿dónde está el menor en este conflicto? El profesorado tiene razón en muchas reivindicaciones, con ratios imposibles, interinidades precarias, burocracia asfixiante, y merecen respuesta sindical contundente. Pero en el debate solo aparecen dos actores adultos con agencia: los sindicatos y la Administración. Desaparece el sujeto que más pierde, el estudiante que ese día no recibe clase y no puede hacer nada al respecto. Yo lo tengo en casa. Es la razón de ser de toda la profesión educativa y, en mi caso, también quien (a veces) me da los buenos días.
En nuestra familia hemos optado por seguir llevándolos a la escuela los días de huelga. Somos minoría, y lo sé. Los servicios mínimos se limitan a vigilancia: mis hijos no han tenido clase, han pasado la jornada jugando a juegos de mesa bajo la custodia de quien quedaba libre. La escuela deja de educar y pasa a guardar. Y hay un coste más silencioso: el de ser los raros, los pocos que aparecen en un centro semivacío por decisión de sus padres. También eso lo pagan ellos. La mayoría, ante la falta de conciliación real, deja a los hijos solos; otros tiran de los abuelos, eternos salvadores del sistema; otros dependen de que un progenitor renuncie a su jornada. Cada casa improvisa según sus recursos, y esa desigualdad hace que la huelga golpee a cada niño de un modo distinto.
Voy a decir algo que quizá no me agradezcan algunos compañeros, pero que digo desde la lealtad. El profesorado es débil frente a la Administración, sí, pero privilegiado frente a buena parte del mundo laboral: tenemos estabilidad, calendario y derechos que para otras profesiones son ciencia ficción. Reconocerlo no debilita nuestras reivindicaciones: las hace más creíbles. Y de ese privilegio se deriva una responsabilidad. Cuando un colectivo desfavorecido para la producción, a menudo no tiene otra herramienta, nosotros sí: tenemos voz, organización y capital simbólico. Y el profesorado de menores carga además con algo decisivo: una profesión cuya razón de ser es el cuidado y formación de menores. Eso obliga a un estándar más alto, no más bajo.
Porque el derecho de huelga no obliga a una única forma de huelga: la total, que cierra el aula y descarga el coste sobre el alumno, es la más visible, no la única ni la más inteligente. Hay formas que golpean a la Administración sin abandonar al menor: huelga administrativa, negativa a las evaluaciones externas y a la recogida de datos que la Consejería necesita, paros con acogida garantizada. Un sindicalismo maduro distingue entre dañar a quien puede ceder y dañar a quien no tiene poder sobre nada.
Porque el responsable último no es el profesorado ni el sindicato: es la Administración, que tiene la obligación exigible de garantizar la educación obligatoria incluso durante un conflicto, y la incumple fijando servicios mínimos que son pura ficción. Faltan medidas compensatorias reales: refuerzo del calendario, materiales garantizados para el alumnado vulnerable, seguimiento del impacto sobre quien está en riesgo de exclusión.
Defiendo la escuela pública porque es lo que tienen mis hijos y los hijos de quien no puede pagar otra cosa. La defiendo los días de clase y los de huelga. Y defenderla de verdad es no convertir a los niños que dependen de ella en la moneda con la que pagamos nuestros conflictos. Esa es la responsabilidad que nos toca como adultos, como profesionales y, algunos, como padres que esta noche cenaremos frente a los rostros de quienes más pierden cuando el aula se apaga.