La Abogacía del Estado dice que el adelanto electoral hace “imposible” aplicar el fallo del Supremo sobre la ley de nietos
La Abogacía del Estado vuelve a pedir al Tribunal Supremo que levante las medidas cautelares que podrían dejar sin derecho a voto en las próximas elecciones generales a más de 160.000 descendientes de represaliados. En un escrito de alegaciones al que ha tenido acceso elDiario.es, los servicios jurídicos del Estado argumentan que el adelanto electoral hace “materialmente imposible” revisar los expedientes de nacionalizados por la ley de nietos puestos en duda por el Alto Tribunal.
“O se suspende a todos los españoles inscritos en el CERA [el censo de quienes viven en el extranjero] –pues los datos que en él se tienen son, globalmente, los de los españoles sin distinción alguna– o no se suspende a ninguno, porque resulta materialmente imposible distinguir a unos de otros en el brevísimo plazo de tiempo del que se dispone”, recoge el escrito.
La Abogacía del Estado recuerda que la ley electoral establece que el censo del 29N es el que se cerró a 1 de agosto —antes de la decisión judicial— y debe exponerse para consulta el próximo lunes 12 de octubre. Los servicios jurídicos del Estado ya alegaron en otro escrito previo al adelanto electoral que no era “factible” que los 16 consulados que aglutinan el 85% de las inscripciones las pudieran analizar antes del 1 de enero de 2027, cuando estaba previsto el cierre del censo para el ciclo electoral del próximo año.
Ahora, reducir ese plazo a escasos días “confirma” esa imposibilidad material, dice el escrito. E insiste en que “en la ponderación de intereses, ante el riesgo del sacrificio inmediato de un derecho fundamental, lo que debe primar es el ejercicio del derecho a participar”.
El escrito carga contra las nuevas pretensiones de Vox, que pidió la suspensión del derecho al voto de todos los nacionalizados por la ley de nietos, puedan o no acreditar su condición de descendientes de exiliados. Y que, en todo caso, que se les ofrezca ejercer individualmente su derecho de rectificación del censo.
La Abogacía del Estado remarca que esa petición revela que “el verdadero propósito [de Vox] es que el Tribunal Supremo le autorice para que se elimine el derecho de voto de los españoles que proceden del exilio exterior en contra de la constante voluntad” del Congreso de los Diputados desde 2007, cuando se aprobó la primera ley de memoria histórica.