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Anticorrupción describe el poder del asesor de Ábalos: reuniones al máximo nivel y pliegos antes de ser publicados

Elena Herrera

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La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Koldo García, el antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, se sirvió de su “posición” para agilizar algunos de los contratos ‘a dedo’ por los que el Ministerio de Transportes, el de Interior y las comunidades autónomas de Canarias y Baleares pagaron 53 millones de euros por material sanitario a una empresa “instrumental” ajena al sector en lo peor de la pandemia.

Así se desprende del auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que investiga los hechos y que este jueves tomó declaración a García y otros cuatro implicados. La resolución del juez incluye el relato pormenorizado que el Ministerio Público realiza en su querella de la presunta trama y que da cuenta de la “relación directa” que Koldo García tenía con los funcionarios que fueron los “responsables de hecho” de los contratos de emergencia adjudicados por entes dependientes del Ministerio Transportes.

En concreto, un contrato de 20 millones de euros de Puertos del Estado y otro de 12,5 millones de euros de Adif para la compra de mascarillas en marzo de 2020. Una “relación con la Administración Pública” que los investigadores atribuyen a su “posición” en el Ministerio de Transportes, donde era asesor del ministro, consejero de RENFE y vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado. 

Además, Anticorrupción también describe en su querella las reuniones a alto nivel mantenidas por Koldo García. En concreto, la querella refleja que en febrero de 2023 se reunió en la marisquería ‘La Chalana’ de Madrid con el subsecretario del ministerio, Jesús Manuel Gómez García, y con el director general de EMFESA, una sociedad pública dependiente de Transportes donde el hermano de García, Joseba, también implicado en la trama, trabaja desde marzo de 2022.

Koldo García fue cargo público del Transportes desde el 13 de junio de 2018 hasta el 11 de julio de 2021. No obstante, los investigadores sostienen que, aunque ya no forma parte de la Administración Pública, sí mantiene “capacidad de influencia” sobre personal vinculado a Transportes y, en particular, sobre los entes que adjudicaron los contratos investigados.

Por otro lado, los pliegos también reflejan que la empresa “instrumental” adjudicataria de los contratos, Soluciones de Gestión, “habría sido seleccionada con anterioridad a las publicaciones oficiales que daban a conocer las necesidades del Ministerio de Transportes”. Esto es, antes de que se hicieran públicos los pliegos. 

Así, los investigadores ponen el foco sobre el hecho de que la compañía firmó un contrato que, a pesar de estar fechado el día 24 de marzo de 2020, mencionaba expresamente que había resultado adjudicataria de varios contratos suscritos con el Gobierno español. Sin embargo, en ese momento solo había firmado un contrato con la Administración, concretamente con la entidad Puertos del Estado.

Las intervenciones telefónicas que los investigadores realizaron a la presunta trama revela una conversación entre dos empresarios sobre las comisiones por los contratos del Ministerio de Transportes que salpica al exministro Ábalos. “Esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino (Koldo) ... él y su exjefe ... y parece ser que el otro ha dicho que sí... porque le han dado otro favor a cambio”, dice el empresario imputado Juan Carlos Cueto al también investigado Íñigo Rotaeche. García fue entre junio de 2018 y julio de 2021 asesor del titular del Ministerio, que entonces era José Luis Ábalos.