Madrid, 16 jul (EFE).- Representantes del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) se han concentrado hoy junto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para exigir la no renovación en las autorizaciones de funcionamiento de las centrales nucleares de Almaraz y Vandellós II.
Varias decenas de personas han escuchado la carta dirigida a la ministra, Teresa Ribera, y leída públicamente, en la que muestran su “preocupación” ante la posibilidad de alargar la vida útil de estas centrales, dado el “altísimo riesgo” de que se aplace la fecha de cierre.
El pasado mes de abril, el Consejo de Seguridad Nuclear emitió una evaluación técnica favorable que permitirá prolongar el normal funcionamiento tanto de Almaraz como de Vandellós II.
Así, ambas instalaciones podrán superar el período original de actividad para el que fueron inicialmente diseñadas, ya que la renovación para los dos reactores de Almaraz está fijada en 2021 y 2023 y, para el de Vandellós II, en 2027.
Durante la protesta, el portavoz del MIA y responsable de clima y energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, ha asegurado a Efe que “la pelota está ahora en el tejado del Miteco” que es quien debe “afrontar el problema, cerrar las centrales nucleares y apostar por una transición cien por cien renovable”.
La decisión de alargar la vida de las centrales por encima de los 40 años “responde a intereses de las grandes empresas y carece de una justificación técnica”, porque “sufren un deterioro evidente”, ha añadido este portavoz, quien también ha denunciado la falta de debate sobre el tema.
Este jueves, Ecologistas en Acción se ha sumado a otras organizaciones de la sociedad civil a la hora de remitir una carta a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para quejarse del “alto coste” para el erario público que supondrán las ayudas previstas por el Gobierno para el rescate de diversas empresas.
Además de señalar “la falta de transparencia” y de criterios económicos, sociales y ambientales entre otros, en la carta se quejan de que estas ayudas “hacen peligrar” los compromisos climáticos y los recursos necesarios para financiar “la llamada 'transición justa'”.