Así lo afirma el Tribunal de Cuentas en su informe sobre el sector público local del año 2015, presentado este jueves en el Congreso por su presidente, Ramón Álvarez de Miranda.
Según ha explicado, el Tribunal advierte distintas deficiencias en la adjudicación de contratos, como una ausencia de informes técnicos e irregularidades en la actuación de las llamadas mesas de contratación, las encargadas de supervisar las ofertas y decidir una adjudicación.
“En relación con la ejecución de los contratos, se observan prórrogas y suspensiones deficientemente justificadas”, ha añadido Álvarez de Miranda. El Tribunal asegura que se modifican los contratos por errores en los proyectos primitivos o por circunstancias que se consideran imprevisibles, pero que no está “acreditado” que lo fueran.
Y ha añadido en este punto que “en general”, y dentro de este capítulo de la contratación, los municipios “no tienen en consideración los aspectos medioambientales”, como tampoco si se cumple la legislación ni la observancia de la normativa para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres“. Tampoco, sentencia, la ley de transparencia.
“Sería conveniente considerar una aplicación más efectiva y regular de las previsiones legales tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la contratación”, recomienda el Tribunal de Cuentas.