La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha reclamado a la Administración Penitenciaria que pague los fármacos prescritos a presos infectados con el sida o la hepatitis C que no los están recibiendo en la actualidad ante la negativa de las comunidades autónomas a abonar su importe.
En su informe anual, la institución llama la atención sobre el hecho de que en la actualidad hay un cierto número de presos a los que les han sido prescritos estos medicamentos por los especialistas de los servicios de salud públicos y “no los estarían recibiendo”.
La razón, expone el Defensor, es que la Administración Penitenciaria considera que el importe de estos fármacos debe ser abonado por las comunidades autónomas toda vez que se trata de medicamentos de dispensación hospitalaria.
Ante la negativa de las comunidades a pagar los fármacos, los servicios jurídicos del Estado han iniciado actuaciones en los tribunales, recuerda el informe que subraya que mientras se dirime judicialmente qué administración hacerse cargo del importe, los reclusos enfermos no reciben el tratamiento y su estado de salud empeora.
Por todo, la defensora del Pueblo reclama a la Administración Penitenciaria la necesidad “por motivos humanitarios” de que proceda al pago de tales fármacos sin perjuicio de las actuaciones judiciales.