Ceuta vuelve a poner a prueba el acuerdo de retorno de menores con Marruecos: “No es una autorización de devolución”
Los días 30 y 31 de julio, miles de personas entraron a Ceuta desde Marruecos, entre ellas numerosos menores solos. Según los últimos datos de Interior, han sido identificados 2.168 niños y niñas que permanecen en la ciudad autónoma, mientras muchos siguen todavía en la calle sin atención. “Estamos en una situación de anormalidad. Hay menores que tienen que estar acogidos por los sistemas de protección que están en la calle y tenemos que solventarlo de forma urgente”, reconocía este viernes el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa.
La situación ha vuelto a poner el foco sobre el acuerdo de cooperación entre España y Marruecos para la protección y el retorno de menores no acompañados que llegan a España. Firmado en Rabat en 2007 y en vigor desde 2012, el acuerdo establece mecanismos para prevenir la inmigración irregular de menores, garantizar su protección en España y facilitar, cuando proceda, su retorno a Marruecos. No obstante, desde entonces no se ha producido ninguna repatriación a Marruecos al amparo de este acuerdo, teniendo en cuenta que las de 2021 se consideraron ilegales.
En una respuesta parlamentaria de marzo de 2020, el propio Gobierno reconocía que, “paradójicamente, desde que el Acuerdo entró en vigor, no se ha producido ni una sola repatriación de menores de edad marroquíes no acompañados a su país de origen, Marruecos”. Las dificultades ya habían sido señaladas por la Fiscalía General del Estado (FGE) en 2011, cuando advirtió de los obstáculos que encontraba España para identificar a los menores, localizar a sus familias y coordinar su retorno entre las administraciones de ambos países. El Supremo confirmó en 2024 la condena a España por la devolución de varios menores de edad a Marruecos desde Ceuta en el verano de 2021 sin ningún tipo de acompañamiento y sin saber en qué situación se encontraban. El tribunal apuntaba, precisamente, que las devoluciones “deben ajustarse a la legislación española y sus garantías y no puede basarse solo en el Acuerdo hispanomarroquí de vuelta concertada de menores”.
El acuerdo existe jurídicamente, pero su aplicación práctica lleva años bloqueada debido a las dificultades a la hora de que se cumplan los mecanismos de retorno de menores marroquíes. Y, a la vez, los expertos consultados por elDiario.es insisten en que legalmente lo que debe prevalecer es la protección de la infancia y se tiene que hacer una valoración individualizada de las circunstancias de cada caso.
El retorno no es “automático”
Ante esta situación, la Comisión Europea ha defendido que los migrantes que permanezcan irregularmente en Ceuta sean retornados a Marruecos, incluidos los menores extranjeros no acompañados que llegaron a la ciudad autónoma durante la crisis migratoria. Bruselas sostiene que el Derecho de la UE permite el retorno de los niños, pero es importante tener en cuenta que este no puede ser automático o colectivo. Se debe tener en cuenta el interés superior del menor y asegurarse de que se garantice la reunificación familiar o la tutela institucional en Marruecos.
Mauricio Valiente, director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), señala que “un menor nunca puede ser expulsado”. El experto subraya que el retorno no puede confundirse con una devolución sin garantías y que este no puede significar “devolverlo a su país y dejarlo en la calle”.
La reagrupación familiar o el retorno al país de origen es una de las soluciones posibles, pero se tiene que hacer una valoración individualizada de las circunstancias de cada caso
Para Valiente, “hablar de expulsiones de menores no es solo una barbaridad desde el punto de vista de la gestión política, sino una ilegalidad absoluta en España, en Bruselas, y conforme a la legislación española y comunitaria internacional”. Además, añade que “al menor no se le expulsa ni se le repatría, se le agrupa con su familia o con los servicios de protección”, en referencia al procedimiento que debe aplicarse. “Un menor antes que migrante o solicitante de asilo es un menor y como tal tiene que ser tratado”, sostiene.
Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save The Children coincide en que “la reagrupación familiar o el retorno al país de origen es una de las soluciones posibles, pero se tiene que hacer una valoración individualizada de las circunstancias de cada caso”. Perazzo insiste en que el convenio con Marruecos “no es el paraguas para tomar una decisión colectiva”.
El procedimiento previsto en el acuerdo requiere precisamente una valoración individual. Las autoridades españolas deben facilitar a Marruecos información sobre cada menor, mientras que las autoridades marroquíes deben colaborar en su identificación y en la localización de sus familias.
“No se puede interpretar el acuerdo como una autorización a la devolución a Marruecos de los niños y las niñas que están en Ceuta”, advierte Violeta Assiego, abogada especializada en Derechos Humanos y ex directora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. La jurista recuerda que “tienen que respetarse, tanto el derecho internacional como la Convención de los Derechos del Niño” y que, en todo caso, “prima el interés superior de la infancia”.
El reglamento español establece además garantías específicas para los procedimientos de retorno. Según Assiego, “la normativa en España es bastante rigurosa respecto al tema de los retornos de menores al país de origen” y señala que, en este sentido, el acuerdo “es bastante complejo de materializar”. “Existen una serie de instrumentos normativos garantistas de los derechos de la infancia que prevalecen por encima de este acuerdo”, indica.
El proceso implica, entre otras cuestiones, conocer las condiciones en las que se produciría el retorno. Esta valoración resulta especialmente relevante en aquellos casos en los que pueda existir riesgo para el menor. Catalina Perazzo insiste en que “las consecuencias pueden ser muchas” si se les devuelve a un sitio que no sea seguro. “Pueden acabar en una situación de calle en su país, que les estén devolviendo a una familia en la que a una niña la están forzando a casarse o que estén en una situación de violencia constante”, advierte la experta.
En este contexto, Assiego señala que parte del debate público parte de una premisa que no siempre tiene en cuenta la realidad de estos menores. “Estamos partiendo de un imaginario en el que estos niños y niñas provienen de familias convencionales”, cuando muchos, añade, “provienen de entornos familiares completamente desestructurados en los que la pobreza y la vulnerabilidad están atravesando sus vidas”.
Lo más urgente es llevar a cabo una acogida en condiciones de dignidad porque la situación no se va a poder resolver de la noche a la mañana
La jurista también advierte de que “no se puede utilizar el acuerdo de 2007 como puerta trasera para incumplir lo que la legislación dice en materia de protección de la infancia” e insiste en que, antes de realizar los retornos, hay que tener en cuenta que las condiciones familiares y sociales de los menores pueden ser “muy diferentes” entre sí. “Hay un contexto en Marruecos que hace que esa cooperación exija toda una serie de garantías que tenemos que tener muy presentes a la hora de retornar a un menor”, señala.
Ceuta ante un nuevo desafío
Ceuta afronta la llegada de miles de menores a su sistema de protección con una capacidad limitada. La capacidad de acogida ordinaria de los servicios ceutíes es de 29 niños y adolescentes, frente a los más de 2.000 ya filiados y los que todavía no están identificados.
En este contexto, se ha declarado la situación de contingencia migratoria extraordinaria, que se establece cuando el sistema de protección de menores excede tres veces su capacidad de ocupación. Desde Save The Children, Perazzo asegura que “la respuesta a lo que está ocurriendo tendría que estar a la altura de la respuesta a una crisis humanitaria”.
Mauricio Valiente cree que lo que es más urgente ahora mismo es “llevar a cabo una acogida en condiciones de dignidad”, ya que la situación “no se va a poder resolver de la noche a la mañana”. Considera, además, que la respuesta institucional debería haberse activado antes y que “eso habría evitado que la ciudad de Ceuta sufra una situación de incertidumbre como la que está viviendo”.
Ante esta situación, Ceuta puede acogerse ahora a la denominada “fórmula de solidaridad equitativa”, un mecanismo que establece la distribución de menores entre las comunidades si un territorio sobrepasa su capacidad. Un reparto que se enfrenta al rechazo de las comunidades gobernadas por PP y Vox, que insisten en que se deben devolver a “todos” los migrantes a su país de origen, pero que están obligadas por ley a participar en el mecanismo.
Assiego considera que “hay una batalla política que dificulta cualquier comprensión de la magnitud de la crisis que estamos enfrentando y de las respuestas que hay que ofrecer”. La experta señala que el acuerdo ofrece un marco de cooperación entre ambos países, pero “su existencia no resuelve por sí sola el problema”.
Por su parte, Valiente apunta a una “ola de fobia” que recorre Europa en materia de migración y advierte de las posibles consecuencias de actuar al margen de las garantías previstas. “Una actuación ilegal a sabiendas o una resolución injusta sería un delito”, señala e insiste en que “hay que identificar a aquellas personas que realmente tendrían riesgos en caso de ser devueltas”.