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Citan otra vez al exembajador en Venezuela ante nuevos indicios de blanqueo

Madrid —

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Madrid, 20 jul (EFE).- El magistrado que está ahora al frente del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, ha citado de nuevo para septiembre al embajador español en Venezuela entre 2004 y 2007, Raúl Morodo, a su hijo Alejo y a su mujer Cristina Cañeque.

Los tres, a los que se investiga por presunto blanqueo de fondos de la petrolera venezolana PDVSA, ya prestaron declaración en su día ante el anterior instructor, Santiago Pedraz, y ahora Abascal les vuelve a llamar a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Lo hace tras detectarse que Morodo y su familia realizaron transferencias desde cuentas bancarias en Suiza a René Arreaza, que fue coordinador general de Vicepresidencia en el Gobierno de Hugo Chávez.

Según la providencia a la que ha tenido acceso Efe, el 20 de septiembre están citados Morodo, su hijo y la esposa del exembajador, y entre ese día y el 21 comparecerán ante el juez otros cuatro investigados: Ana Catarina Varandas, Carlos Adolfo Prada Gómez, Marisol Varela Ledo y Ana Korina Ulloa.

Después y hasta el 24 septiembre han sido citados 16 testigos, entre los que destaca Guillermo Morodo, hermano del diplomático, y Nervis Villalobos, viceministro de Energía en el Gobierno de Chávez y que tras su detención en España en 2017 figura como investigado en la causa sobre el presunto desfalco de la petrolera estatal venezolana PDVSA que instruye la juez de la Audiencia Nacional María Tardón.

La Fiscalía Anticorrupción investiga el cobro de 4,5 millones de euros de PDVSA por parte de Alejo Morodo mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera entre 2012 y 2015, cuando su padre ya no era embajador en Venezuela.

El dinero supuestamente se blanqueó después mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la mujer de Morodo, que es ama de casa, y dos socios venezolanos.

Uno de ellos, Juan Carlos Márquez, se suicidó en 2019 tras declarar ante el juez, y el otro, Carlos Prada, ha sido llamado también a declarar en septiembre.

Tanto el exembajador como su familia lo han negado todo y sostienen que el patrimonio a nombre de su mujer procede de una herencia.