Los conservadores del Poder Judicial fuerzan un pleno para pronunciarse sobre las críticas a los jueces en el Congreso
La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones ha solicitado al presidente de la institución que convoque un pleno extraordinario para pronunciarse sobre las críticas a los jueces vertidas este martes en el Congreso por portavoces de varios grupos parlamentarios durante el debate sobre la amnistía. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge que esas manifestaciones se realizaron ante la “aquiescencia” y “mutismo” de la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol.
Los vocales que suscriben esta petición son Gerardo Martínez Tristán, José María Macías, José Antonio Ballestero, Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Carmen Llombart, María Ángeles Carmona y Wenceslao Olea. Todos fueron elegidos en su día a propuesta del PP. El reglamento del CGPJ establece que basta con que el presidente lo decida o cinco vocales lo pidan para que haya que convocar un pleno en los tres días siguientes a la solicitud.
El órgano de gobierno de los jueces tiene su mandato caducado desde diciembre de 2018 por el bloqueo de la formación que ahora dirige Alberto Núñez Feijóo y funciona desde entonces con una correlación de fuerzas de mayoría conservadora que nada tiene que ver con la actual mayoría parlamentaria.
En diferentes términos y con diferentes intensidades, portavoces de Sumar, Junts, Esquerra Republicana y Podemos aseguraron este martes desde la tribuna que hay jueces que están cometiendo “prevaricación” para evitar que la futura ley de amnistía tenga validez. La mayor parte de las críticas se dirigieron contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que atribuyó un posible delito de terrorismo al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont el pasado noviembre, en plena negociación por la ley de olvido penal del procés, pese a que abrió la causa cuatro años antes y los hechos a los que se refiere datan de 2019, tras la publicación de la sentencia del procés.
Guilarte: “Que nos dejen en paz”
Las críticas con nombre y apellidos vertidas en el Congreso también han sido objeto de reproche por parte del presidente interino del órgano, el conservador Vicente Guilarte. “Hago de nuevo un baldío pero insistente llamamiento institucional a que nos dejen en paz, a que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del poder judicial”, ha afirmado Guilarte, que ha calificado de “inaceptables” esas declaraciones, ha denunciado las “constantes injerencias” de los políticos y ha defendido que “lo que no guste deberá combatirse a través del sistema de recursos y de instancias superiores”.
“No deben olvidar que también ellos, quienes nos insultan, son parte del poder legislativo de un Estado que los acoge y les brinda su tribuna”, ha añadido. El presidente interino ha hecho estas consideraciones en el acto de inauguración del curso 2024-2025 en la Escuela Judicial, donde también ha celebrado que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, mostrara este martes su “rechazo más absoluto” ante esas críticas.
La respuesta a Teresa Ribera
El pasado 19 de enero, la Comisión Permanente del órgano emitió por unanimidad un comunicado en el que salía en defensa del juez García Castellón ante las críticas de la ministra Teresa Ribera. En declaraciones a TVE, la titular de la cartera de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera había afirmado que el magistrado de la Audiencia Nacional tiene “cierta querencia” a pronunciarse en “momentos políticos sensibles” sobre asuntos de relevancia pública.
El órgano de gobierno de los jueces emitió entonces un comunicado en el que afirmaba tener el “más absoluto respeto” a la libertad de expresión de la vicepresidenta tercera del Gobierno, pero añadía que esas declaraciones “son contrarias al principio de lealtad institucional” y “al deber general de respeto a la independencia judicial”.