Ciudadanos ha registrado hoy en el Congreso las cinco proposiciones de ley que anunció a principios de esta semana y en las que incluye un plan de “emergencia” social y contra la desigualdad, un plan nacional de educación, medidas de regeneración contra la corrupción y de conciliación laboral.
Esas son las prioridades que se marca el partido, según ha explicado a los medios el diputado Antonio Roldan, quien ha abogado por “empezar a trabajar” ya en el Parlamento y dejar al margen discusiones internas de los partidos.
Así, en sus iniciativas plantean un plan de emergencia contra la desigualdad a largo plazo, un plan nacional de educación en el que todos los partidos participen en una reforma del sector para “una generación”, medidas de conciliación laboral y de regeneración democrática.
Las medidas de conciliación contemplan una ampliación del permiso de maternidad y paternidad a 26 semanas, en las que el padre podría disfrutar de ocho semanas, la madre de otras ocho, y 10 compartidas.
Dicho permiso de paternidad sería exclusivo y no transferible, según la diputada Marta Martí, que ha avanzado también que proponen una adaptación del calendario escolar a los horarios laborales y medidas de conciliación en las empresas.
En este último punto, el secretario segundo de la Mesa del Congreso, Nacho Prendes, ha explicado que proponen la creación de una Comisión no permanente especial en la Cámara baja en la que estén representados todos los partidos y que empiece a tramitar una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que es una “demanda esencial” que hay que abordar ya.
Dentro del plan de choque contra la corrupción incluye una reforma de la ley de partidos para fomentar la democracia interna y una revisión de la ley del indulto para que se prohíba en casos de corrupción política, en delitos contra la administración pública o cometidos por cargos públicos y autoridades.
Y, además, solicita la supresión de los aforamientos en determinados casos que consideran un privilegio que provoca una “enorme desigualdad” y medidas de protección para funcionarios públicos que participan en la lucha contra la corrupción.
Sobre los aforamientos, Prendes ha explicado que hay algunos casos para los que se contempla este supuesto que están recogidos en la Constitución y, por tanto, habría que plantear su revisión en el momento de reformar la Carta Magna; pero que hay otros que podrían suprimirse ya mismo.
Así, ha señalado que ha habido una “extensión” de los aforamientos en determinadas leyes de carácter ordinario que podrían suprimirse con una reforma de la legislación en cuanto el Parlamento comience a funcionar.