El Supremo tendrá la última palabra si los tribunales autonómicos tumban las restricciones cuando decaiga el estado de alarma

El Gobierno ha decidido que el estado de alarma decaiga el próximo 9 de mayo, pero las comunidades contarán con un mecanismo legal para intentar eludir la disparidad de decisiones de la justicia en lo que respecta a las restricciones que tomarán a partir de ahora. El Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto en el que extenderá varias medidas del llamado escudo social, pero también incorpora una novedad en el ámbito del orden contencioso-administrativo: permitirá a las autonomías recurrir en casación ante el Tribunal Supremo los autos de los tribunales superiores de justicia que tumben sus medidas, como el toque de queda o los cierres perimetrales. Algo que hasta ahora no podían hacer. De esta forma, el Alto Tribunal tendrá la última palabra y podrá dictar jurisprudencia.

A partir del próximo día 9, las comunidades necesitarán aval judicial para imponer determinadas restricciones, y en ocasiones los criterios que tienen los tribunales son dispares, de manera que puede darse la situación de que autoricen una medida en un territorio, pero no en otro. Así pasó ya en verano en varios casos. Por eso, algunos ejecutivos autonómicos han presionado en las últimas semanas al Gobierno para que extienda el estado de alarma, entre ellas Euskadi, Galicia o Castilla y León. El Ejecutivo, sin embargo, se ha mantenido en su decisión y ha insistido en que existen “herramientas suficientes” para hacer frente al virus sin necesidad de la declaración excepcional, decía ayer mismo la ministra de Sanidad, Carolina Darias.