Un periodista pregunta si el Gobierno se ha planteado en algún momento la “insumisión” frente a la sentencia. Gallardón viene a decir que no al recordar que el Tribunal Constitucional ya ha establecido que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos deben ser tomadas en consideración por los tribunales españoles.
El diputado de IU Alberto Garzón ha recibido amenazas en Twitter, en especial una especialmente grave de un joven que se presentaba como miembro de Nuevas Generaciones y que le dedicó una serie de insultos personales y le acusó de “ponerse del lado de los terroristas”. “Pensándolo bien, matarte a ti o a todos los de tu calaña nos va a salir igual de caro! Igual no va a ser tan malo...”, le dice en uno de los mensajes. La dirección nacional de Nuevas Generaciones intervino para dejar claro que no comparte “de ninguna manera” los comentarios de su afiliado de Madrid. El propio militante acabó pidiendo disculpas “a quien se haya ofendido” y remarcando que se trataba de sus opiniones personales, no de la organización juvenil del PP.
Óscar López, secretario de organización del PSOE, afirma que su partido acata las sentencias judiciales “pero lamentamos el dolor que este fallo puede producir en víctimas y familiares”. López ha apelado a la unidad de los demócratas.
Gallardón insiste en que la sentencia trata de un caso concreto. Los demás casos que puedan ser similares quedan a expensas de los tribunales sentenciadores. “No se trata de una decisión política”. Por eso, ambos ministros no han querido dar una cifra que en el fondo conocen: cuantos presos, de ETA o delincuentes comunes, se verán beneficiados por la sentencia del TEDH. Intentan impedir un titular con una cifra que probablemente terminará apareciendo.
Un periodista pregunta si el Gobierno se ha planteado en algún momento la “insumisión” frente a la sentencia. Gallardón viene a decir que no al recordar que el Tribunal Constitucional ya ha establecido que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos deben ser tomadas en consideración por los tribunales españoles.
Fernández Díaz se deshace en elogios y reconocimiento a las víctimas de terrorismo, con las que se reunirá esta tarde. La mayor parte de sus mensajes y los de Gallardón están dirigidos a ese colectivo para intentar que no dirijan su furia contra el Gobierno.
El ministro de Interior anuncia que no habrá cambios en la política penitenciaria del Gobierno, que seguirá trabajando por “la total disolución de la banda”. “El Gobierno ni ha negociado ni negociará con ETA”.
Jorge Fernández Díaz recuerda que el Gobierno ha trabajado para mantener “una doctrina justa con las víctimas y extraordinariamente útil en la lucha contra el terrorismo”, como dijo Rajoy en el Congreso. La sentencia no cambia el estado fundamental de la cuestión, dice el ministro de Interior. Comenta que hace dos años ETA anunció el cese de la violencia, y lo hizo porque “fue derrotada por el Estado de derecho”: “La ETA que hemos conocido ha sido derrotada y no volverá”.
Rueda de prensa de los ministros de Justicia e Interior. Comienza Alberto Ruiz Gallardón, que explica que la posición del Gobierno se basaba en que no podía tener “el mismo reproche penal” haber matado a 20 personas que haber cometido un asesinato. El ministro destaca que el Gobierno ya había hecho lo posible para que eso no vuelva a ocurrir, y destaca la última reforma que hará posible la cadena perpetua revisable.
Gallardón comenta que se trata de un recurso individual presentado por un recluso. A los efectos de aplicación de la sentencia, a quien le corresponde tomar decisiones es a la Justicia española, en concreto en este caso a la Audiencia Nacional. “A ese tribunal le corresponde aplicar las consecuencias prácticas del fallo”.
El fiscal general de Estado ha informado al ministro que hará un estudio específico de cada caso, lo que en la práctica hará que la salida de presos de prisión no será inmediata.
La portavoz del PSOE vasco, Idoia Mendia, ha afirmado que “lo que corresponde es que el Gobierno acate” y que tome las disposiciones necesarias para aplicar la sentencia “sin dilaciones ni subterfugios legales”.
Mendia ha reconocido que la excarcelación de Del Río y de otros presos puede generar “alarma social” y “causar dolor” en las víctimas y sus familiares, pero ha añadido que “son las reglas del juego que nos dimos y tenemos en la democracia”.