Manuel Cobo acusa a Ignacio González de urdir una “operación política” contra Gallardón a cuenta de la compra de una empresa de aguas
Manuel Cobo, quien fuera vicealcalde madrileño y que también fue consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid en época de Alberto Ruiz-Gallardón, ha denunciado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que la pieza separada del caso Lezo que se juzga, la adquisición por parte del Canal de Isabel II en 2001 de la empresa colombiana de aguas Inassa, nació de una “operación política” orquestada por fuego amigo. Ha señalado, en concreto, a quien fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y al exministro 'popular' Eduardo Zaplana.
“Creo que es la causa de que estemos hoy aquí”, ha señalado a preguntas de una de las defensas. En concreto, se ha referido a una conversacion mantenida entre ambos exdirigentes del PP “en la que sabiendo que estaban siendo grabados por la UCO” hicieron referencia a un “pelotazo que dio Gallardón”.
El expolítico ha añadido a esto que después de cuatro años de que se aprobara esa operación de compra de la empresa de aguas que operaba en Barranquilla (Colombia), Ignacio González -siendo ya presidenta Esperanza Aguirre- encargó informes a la consultora Cuatre Casas en los que se “empeoraba la valoración” de esa adquisición.
Al hilo, ha recordado que se encontró una copia de uno de esos informes en el que se incluían aspectos a corregir del mismo para que la operación pareciera “muy negativa”. “Hay una operación política de alguien que actúa difamando y presuntamente delinquiendo contra un compañero de su partido que era Alberto Ruiz-Gallardón”, ha lamentado, para apuntar acto seguido tanto a González como a Ildefonso de Miguel, el que entonces era gerente del Canal de Isabel II.
Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción acusa por malversación a todos los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron en su día la operación. Entre ellos estaban dos consejeros del Gobierno regional presidido por Ruiz-Gallardón -Juan Bravo y Pedro Calvo-, pero también había sindicalistas, representantes de la oposición y de los municipios madrileños.
El Canal de Isabel II, propiedad de la Comunidad de Madrid, adquirió en 2001 por 73 millones de dólares el 75% de las acciones de Inassa, una empresa colombiana de aguas que atesoraba una concesión importante en el municipio de Barranquilla. La Fiscalía detectó que en la compra se interpuso una sociedad panameña -paraíso fiscal- y que hubo un “sobreprecio injustificado” de entre 19 y 29 millones de euros que fue en menoscabo de la protección de los intereses públicos en beneficio exclusivo de terceros.
Gallardón: “Fue aprobado por el mercado”
Sobre la operación también ha declarado este martes Ruiz-Gallardón, quien al igual que Cobo, constó como imputado en este asunto al inicio de la instrucción del juez Manuel García Castellón. A preguntas de la Fiscalía y del resto de partes ha explicado que él tuvo conocimiento de esa adquisición cuando la aprobación llegó al Consejo de Gobierno en 2001, y que fue uno más, sin especial relevancia, de los 96 puntos que llevaban en el orden del día. Además, ha resaltado que no era cometido de su Ejecutivo fiscalizar las operaciones de las empresas públicas, ya que eso correspondía tanto a la Camara de Cuentas como al Tribunal de Cuentas , y que a él nada le hizo dudar de que esa operación tuviera alguna tacha.
De hecho, ha recordado que en el órgano decisorio del Canal de Isabel II había consejeros, representantes del ayuntamiento, sindicatos, la Confederación Hidrográfica del Tajo y hasta un expresidente del Canal que había sido consejero con el socialista Joaquín Leguina: “Con ese elenco de pluralidad y profesionalidad no tuve ninguna duda, no había tacha previa de ilegalidad o de ineficiencia”.
Por otro lado, sobre el hecho de que la compra incluyera un activo (la mercantil Watco) del que no se había informado o que no estaba incluido en la documentación elevada al Consejo de Gobierno, Gallardón ha señalado que tuvo conocimiento de ese extremo a raíz del sumario judicial, pero ha matizado que también pudo saber que no supuso un sobreprecio a la operación. Además, ha explicado que en el tráfico mercantil la adquisición de activos a través de vehículos es algo “habitual” y carece de trascendencia “porque en ningún momento hubo ocultación”.
Tras esto, y a preguntas de la letrada del PSOE, quien también fuera alcalde de Madrid ha lanzado un capote a quienes fueron sus exconsejeros Bravo y Calvo al señalar que los informes elevados al Ejecutivo no eran elaborados por ellos personalmente, sino por técnicos por lo que ellos simplemente trasladaban los mismos.
Gallardón ha recordado, por otro lado, que la operación “fue aprobada por el mercado” porque fue “rentable” y ha resaltado que no supuso ningún perjuicio patrimonial para la Comunidad de Madrid ni para el Canal de Isabel II que “siguió prestando un servicio modélico”. Al hilo, ha recordado que todas las extensiones -de ese ente- “jamás han perjudicado al servicio público en la Comunidad de Madrid”. Y ha recordado que ya en el siglo XIX el Canal prestó ayuda al Servicio de Agua de Santiago de Cuba cuando era provincia de España.
Por su parte, Luis Peral Guerra, quien fuera consejero de Trabajo de la Comunidad de Madrid y que ha declarado como testigo, ha indicado a preguntas de la fiscal del caso que esa compra del Canal llegó como una operación cerrada y que él particularmente no revisaba todos los puntos del orden del día de lo que llegaba al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid: “Me pareció que estaba todo en orden”.
Por otro lado, ha explicado que él se enteró 17 años después de la compra, cuando fue citado como investigado en el caso, que lo que se adquiría era una sociedad interpuesta que tenía el 75% de esa empresa colombiana. A preguntas de la letrada del PSOE ha afirmado que no considera que a él particularmente se le ocultara información sobre esa compra y ha enfatizado que habría apoyado esa adquisición siempre que hubiera contado con informes favorables, si bien ha resaltado que a él nadie le informó “de que se compraba una sociedad panameña”.