El Gobierno mantendrá el despliegue policial en Ceuta hasta que pueda zanjar la crisis

Que la vida de Ceuta está muy lejos de volver a la normalidad no solo lo atestigua la presencia de miles de personas migrantes que esperan una respuesta de las administraciones a su condición de demandantes de asilo o de acogida. El nuevo día a día que afronta la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio está marcado también por la presencia masiva en sus calles de agentes de Policía, Guardia Civil y soldados del Ejército de Tierra que forman parte de un operativo de seguridad inédito en suelo ceutí. Un despliegue que el Gobierno prevé mantener, al menos, hasta zanjar la crisis migratoria derivada del paso a suelo español por la frontera de Marruecos de al menos 80.000 personas. Y se prevé que sea para largo.

El refuerzo de la presencia policial, que contó incluso con el envío extraordinario de unidades de élite, se adoptó al inicio de la crisis como medida de seguridad fronteriza tras un episodio que el presidente del Gobierno llegó a calificar como una “violación” y un “ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es Ceuta”. De hecho, las medidas operativas se centraron en un primer momento en la frontera del Tarajal, no solo con la idea de custodiar la devolución a Marruecos de decenas de miles de las personas que entraron en suelo español, sino como medida disuasoria ante la posibilidad de que algo similar pueda replicarse en los días sucesivos.

Esa hipótesis, la de que escenas como las del 30 y 31 de julio puedan repetirse, ni siquiera se contempla ya en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Cree el Gobierno que el riesgo cierto de que los llamamientos por redes sociales para cruzar a España pudieran provocar réplicas en la frontera ha disminuido drásticamente, sobre todo después de que las fuerzas de seguridad marroquíes fueran capaces de contener el pasado fin de semana nuevos intentos de paso.

El mantenimiento ahora del dispositivo extraordinario en Ceuta tiene más que ver, por tanto, con la necesidad de proteger la seguridad pública de una ciudad autónoma en la que preocupan los problemas de convivencia entre unos vecinos hastiados y una población inmigrante que subsiste al límite de sus posibilidades tras pasar días sin comida, ni agua, ni aseo, ni lugar en el que dormir. Un caldo de cultivo perfecto para los mensajes xenófobos y de odio que promueven sectores políticos cada vez más amplios, no solo ya de ultraderecha, y que insisten en estigmatizar a toda la población migrante como foco de contagio de enfermedades, de violencia o de aumento de la criminalidad.

En esas tareas de seguridad pública se centran ahora la Policía, la Guardia Civil y el Ejército, cuyos soldados se encargan también de levantar y asistir los cuatro nuevos emplazamientos para dar cobijo a 1.500 personas. “El Gobierno está volcado en solucionar esta crisis y en garantizar, mientras tanto, la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos de Ceuta, que están teniendo en su inmensa mayoría un comportamiento ejemplar. Y el despliegue se mantendrá todo el tiempo que sea necesario”, apuntan fuentes del Ejecutivo.

Lo que sí asume el Gobierno es que el proceso que queda por delante no será corto y que, en cualquier caso, las demandas del PP y de Juan Jesús Vivas de que las miles de personas que permanecen en Ceuta salgan de la ciudad de la noche a la mañana, simplemente no sucederá. “Quieren que esas personas desaparezcan de Ceuta, y eso no es posible. Estamos volcados en dar salida cuanto antes a los trámites administrativos para devolver a quien se pueda devolver y para atender a quienes tengamos que atender. Pero es un proceso que, ante todo, tiene que ser garantista. Estamos trabajando con Marruecos con la idea de que los niños que tengan familia puedan volver con ellas, pero no es un procedimiento nada fácil”, explican desde el Gobierno.

Tal y como publicó elDiario.es, el presidente de Ceuta admitió este martes las trabas que su gobierno ha puesto en las últimas semanas al Ejecutivo central por la implementación de nuevos espacios de acogida que saquen de las calles a las personas migrantes. Según reveló el propio Vivas, se opuso durante la reunión con la ministra Elma Saiz al considerar que la implantación de los recursos incorporaba “un elemento más de tensión a la sociedad tensionada de Ceuta, que ha sufrido una invasión”. Durante ese encuentro, el Gobierno se comprometió a pedir consejo al ejecutivo de la ciudad autónoma para elegir los emplazamientos, según el relato de Vivas.

“Nos negamos al de la Fábrica de Harinas y al de la zona del puerto. Esta nueva que se ha puesto ha sido sin conocimiento y consentimiento del gobierno de la ciudad. Pero no son nuestras competencias”, dijo en una comparecencia ante los medios después de reunirse con Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional de su partido. El dirigente del PP se quejó de que “ese esfuerzo en poner carpas” no se hace “en tramitar los expedientes de devolución”.

Más medios judiciales

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial pidió refuerzos este martes para la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta para hacer frente a la saturación por la entrada de más de 80.000 personas en la ciudad autónoma. En concreto, el CGPJ considera que hacen falta dos magistrados, un letrado de la Administración de Justicia y cuatro funcionarios.

Se trata de una respuesta al informe solicitado el pasado día 5 al Servicio de Inspección sobre la situación actual de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, que advierte de que lo sucedido ha afectado de manera “extraordinaria” al desarrollo del servicio público de justicia.

Horas después de que trascendiera ese acuerdo del CGPJ, fuentes del Ministerio de Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes aseguraron que esos refuerzos llegarán en cuanto se reciba la petición formal y que el departamento ya trasladó hace semanas al órgano de gobierno de los jueces y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía su compromiso de “aprobar los refuerzos que fuesen necesarios”.

Justicia afirma que estas nuevas medidas se sumarían a las actuaciones de refuerzo aprobadas hace dos semanas tanto en el ámbito judicial como en los servicios forenses. Así, las citadas fuentes explican que se ha reformado el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuyo equipo de trabajo ha permitido incrementar su capacidad operativa en más de un 271%. Y que en el Tribunal de Instancia de Ceuta se ha autorizado el refuerzo temporal de dos plazas de tramitación procesal durante dos meses y de una plaza de médico forense durante seis meses. También ha habido incremento de medios en la Fiscalía, donde se han incorporado tres fiscales sustitutos y tres funcionarios.