“El Gobierno respeta pero no comparte” la decisión del Tribunal Supremo de condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración del correo sobre el fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. En el Ejecutivo están convencidos de que en el juicio no quedó acreditado que eso fuera así, pero acatan la sentencia y activarán “en los próximos días” el relevo. “El Gobierno desea reconocer la labor de Álvaro García Ortiz en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado”, expresan fuentes gubernamentales tras el fallo, que supone un duro golpe para el Ejecutivo, que defendió siempre la inocencia del fiscal general.
El propio Pedro Sánchez, durante el juicio, aseguró que no se había acreditado que García Ortiz hubiera filtrado el correo con la información sobre el novio de Ayuso. “El Gobierno continúa creyendo en su inocencia, y más aún tras todo lo visto. Insisto, creemos en su inocencia y, tras lo escuchado y visto esta semana, más aún”, dijo el pasado 9 de noviembre en una entrevista para El País en plenas sesiones en el Supremo. Sus palabras soliviantaron a la derecha, que acusó al presidente de tratar de influir en la justicia.
En Moncloa lo mantienen. “No se han aportado pruebas”, aseguraban las fuentes consultadas nada más acabar el jucio, que adelantaban, además, que el Gobierno seguiría, por tanto, confiando en su inocencia fuera cual fuera la decisión del Supremo. “A la espera de conocer la sentencia completa, el Gobierno respeta el fallo, pero no lo comparte”, señalan en Moncloa, donde acatan la decisión y pondrán en marcha la sucesión de García Ortiz ante la inhabilitación dictada por el Tribunal Supremo.
“En los próximos días, se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva Fiscal General del Estado , que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho”, agregan esas fuentes. Durante este tiempo, los socialistas se debatían entre dos escenarios: la absolución de García Ortiz por la falta de pruebas y la posibilidad de que fuera condenado dado que el proceso había ido “demasiado lejos”. A la falta de conocer la letra pequeña, ha ocurrido lo segundo.
El apoyo a la prensa
Horas después, el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, comparecía para insistir en que “el Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo comparte”. “El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado. Sin embargo, hoy el Poder Judicial ha hablado y ha resuelto esta causa. Por ello, les anuncio que en los próximos días pondremos en marcha el mecanismo legal para nombrar a un nuevo o a una nueva fiscal general del Estado. Será una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función”, ha dicho.
“La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia. España es un Estado de Derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial. Por último, quiero mandar también un mensaje a quienes velan por la aplicación de la ley y por garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, tanto a quienes lo hacen desde la sociedad civil, especialmente los periodistas, como quienes lo hacen desde el servicio público, particularmente inspectores de Hacienda y fiscales. A lo largo de este proceso ha habido quienes han intentado poner en duda su labor y quiero decirles que este gobierno va a defender siempre su trabajo y su derecho a ejercerlo con garantías. Estaremos siempre a su lado”, ha concluido.