Un trabajo de investigación de elDiario.es desveló el 3 de noviembre pasado que la Fiscalía Anticorrupción investigaba a Juan Carlos I por gastos realizados con tarjetas opacas al fisco. Cinco semanas después se ha producido un acontecimiento inédito en la historia de España: el monarca emérito, jefe del Estado durante 39 años, ha reconocido el fraude cometido al erario público a través del pago de 678.393,72 euros. El abono a la Hacienda pública es una maniobra amparada por el Código Penal para evitar que la investigación del Ministerio Público derive en una querella ante el Tribunal Supremo y la previsible imputación del monarca emérito.
La exclusiva de elDiario.es, que firmaban su director, Ignacio Escolar, y el redactor de la información de Tribunales e Interior Pedro Águeda, acaparó la agenda política y mediática y obligó a la Fiscalía General del Estado a emitir esa misma mañana una nota en la que confirmaba los hechos destapados por este medio. La Fiscalía General decretaba asimismo que la investigación pasara de Anticorrupción a la Fiscalía del Tribunal Supremo y puso en marcha una investigación interna para determinar el origen de la información periodística.
Desde el mes de marzo anterior, cuando se conoció que Arabia Saudí había entregado 60 millones de euros a Juan Carlos I en 2008, las actividades presuntamente delictivas del rey emérito habían constituido el único foco de actualidad que lograba abrirse paso en medio de la peor crisis sanitaria vivida en España en épocas recientes.
La investigación de la Fiscalía suiza sobre la presunta comisión del AVE a La Meca fue revelada por el periódico suizo La Tribuna de Ginebra a principios de marzo. El hecho de que el actual jefe del Estado, Felipe VI, era el segundo beneficiario de la fundación que sirvió de vehículo para el cobro de los 60 millones fue una exclusiva del rotativo británico The Telegraph. Con el paso de los meses, la posibilidad de que las presuntas irregularidades recogidas en esas informaciones se transformaran en una investigación judicial en España a Juan Carlos I se fue diluyendo, al igual que había ocurrido con la pieza Corinna del caso Villarejo, debido la inviolabilidad que protegía al emérito cuando fueron cometidos, esto es, mientras era jefe del Estado.
Eso cambió con los hechos que exponía la exclusiva de las tarjetas opacas. Tal y como detallaba la información de elDiario.es, la investigación de Anticorrupción afectaba a los ejercicios 2016, 2017 y 2018. Juan Carlos I había abdicado en favor de su hijo en 2014 y desde entonces sus hechos pueden ser investigados a diferencia de lo ocurrido con la presunta comisión del AVE a La Meca. En alguno de esos ejercicios, como ha confirmado este miércoles el abono de casi 700.000 euros, se habría producido un fraude al erario público superior a los 120.000 euros, por lo que el rey traspasó la frontera del delito fiscal. A continuación trascendió que Anticorrupción llevaba alrededor de un año investigando y que ya había interrogado a dos personas muy próximas al rey: el millonario Allen Sanginés-Krause y el teniente coronel Nicolás Murga. El primero es el amigo del monarca que habría inyectado los fondos para gastar con las tarjetas; el segundo, un antiguo edecán de Juan Carlos I que habría actuado como testaferro y vehículo para esos gastos.
La exclusiva de elDiario.es provocó un torrente de reacciones desde todos los ámbitos, también del político. El Gobierno, así como los partidos PSOE, PP y Ciudadanos ponían el acento en que las pesquisas no afectaban al actual jefe del Estado. Podemos, otras formaciones republicanas y los nacionalistas denunciaban, por su parte, cómo afectaba el escándalo a la institución monárquica en sí misma, a cuya propia naturaleza atribuían el hecho de que se hubieran podido producir irregularidades de tal calibre en su seno. En la información de elDiario.es se adelantaba que los fondos de las tarjetas opacas habían sido disfrutados por otros miembros de la familia real además de Juan Carlos I, entre ellos la reina Sofía y algunos de sus nietos.
Tres días después de la información de elDiario.es, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, comparecían ante la prensa para anunciar que éste último se incorporaba, junto a un equipo de fiscales, a la investigación en el Tribunal Supremo de las tarjetas opacas de Juan Carlos I y, en medio de la expectación despertada por la noticia, desvelaban una nueva investigación al monarca emérito por unos fondos no declarados y escondidos en un paraíso fiscal.
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