El juez deja fuera la hipótesis de la jueza Biedma sobre el hostigamiento de un clan de narcos: “No es posible investigar cada anotación de Leire”
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado tener como perjudicada en el caso Leire Díez a la jueza instructora de Badajoz que llevó a juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. Acepta su personación como acusación particular pero por el momento sólo como víctima de un posible delito de calumnias y la cita a declarar como testigo el próximo 8 de octubre.
El magistrado sigue así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción que en su informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, entendía que el resto de delitos que decía la jueza Biedma haber sufrido debían quedar fuera de la investigación. En concreto, las dos fiscales se referían a la anotación que aparecería en una de las agendas de Leire Díez y en la que se decía literalmente: 'Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano'. Explicaban que ese posible encargo a un clan de narcotraficantes para que hostigara a Biedma no está recogido en ninguno de los informes policiales previos y que “no es posible abrir una línea de investigación por cada una de las anotaciones que aparecen en las múltiples agendas” de la exmilitante.
La jueza quería que se investigara “el significado y alcance de la anotación”, que data del 25 de marzo de 2025, de la que tuvo conocimiento gracias a un medio de comunicación -Artículo 14- y que, por el nombre de 'La Celsa', estaría relacionada con investigaciones que la magistrada dirigía “sobre clanes dedicados al narcotráfico”.
Diezma explicaba así en su escrito que había tenido conocimiento de la existencia de contactos promovidos por el supuesto grupo criminal investigado en el caso Leire Díez con personas vinculadas a un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz “con la finalidad de actuar contra la magistrada”. Añadía que podía haber sido víctima de una operación que buscaba “la generación de hostilidad” frente a ella “o cualquier otra actuación tendente a presionarla, desacreditarla o comprometer su seguridad personal”.
El juez Pedraz, en cambio, le recuerda que la UCO de la Guardia Civil no puede comprobar la trascendencia de esa anotación “sin otros datos que le doten de relevancia” y añade que la jueza solo dice conocer de esa anotación referente al clan a través de informaciones que, en cambio, no se recogen en su escrito. “Tampoco se recoge en su denuncia que ella fuera directa conocedora u objeto de tales amenazas o coacciones en esos términos en el curso de la instrucción” en la que investigó al hermano de Sánchez.
Pedraz atempera con su decisión el discurso político que ha florecido alrededor de esa anotación: el PP y Vox en el Congreso acusaron el pasado miércoles al PSOE de querer “amedrentar” a la jueza Beatriz Biedma. De hecho, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, aludió a que las “cloacas del PSOE” habrían contactado con un clan de delincuentes -Los Rochos-: “No me diga que son bulos porque el clan ha confirmado que las cloacas de su partido le entregaron itinerarios, horarios y fotos de la juez y de sus hijos. ¿Pero sabe qué es lo más sorprendente? Que el clan de Badajoz, que es uno de los más peligrosos, que tiene en su haber delitos de todo tipo de violencia, de homicidio, le dijo a su partido que no, que no quería delinquir para el partido del presidente Sánchez”.
A juicio de Muñoz, ya se habían visto mafias intentando corromper a gobiernos, “lo que no se había visto hasta ahora son partidos de gobierno intentando corromper a mafias”. Y preguntó al ministro Félix Bolaños hasta dónde pensaba llegar el Ejecutivo para “no asumir responsabilidades por la corrupción”. El ministro reclamó dejar actuar a la Justicia: “Quien tenga que pagar por cualquier responsabilidad, que lo pague”.
Este asunto también generó un nuevo incendio entre asociaciones de jueces. Las secciones territoriales de Extremadura de la Asociación Profesional de la Magistratura, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y de Foro Judicial Independiente suscribieron un comunicado en el que se hacían eco de las informaciones de diversos medios “sobre la existencia de presiones externas, situaciones de hostigamiento personal y familiar que tuvieron lugar con la pretensión de deslegitimar” la labor de la magistrada. De ese comunicado se desmarcó la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, que consideró que se trataba de informaciones “procedentes de una filtración, presuntamente ilícita” y “cuya verosimilitud habrá de ser contrastada y valorada en el procedimiento judicial correspondiente”.
Pedraz , siguiendo el criterio de las fiscales también deja fuera la pretensión de Biedma de que se investigara un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos en relación a las actuaciones dirigidas por la trama para obtener información sobre la jueza. Indica que “el hecho de que una persona busque información con el propósito de encontrar datos desfavorables, comprometedores o perjudiciales para otra puede ser relevante para determinar la finalidad de su actuación, a los efectos de tenerle por partícipe o colaborador en delito de organización criminal, (...) pero no convierte por sí misma la búsqueda de información en delito contra la intimidad”, añade.